AVIFONCE, empresa santandereana productora de aves, compra 600 hectáreas de tierra en la microcuenca de las quebradas Sanguina y Potreras del municipio de Charalá en 2003.  El hecho es importante, porque estas dos quebradas abastecen el acueducto municipal del casco urbano y a cuatro veredas más: la Herrerita, la Laguna, la Grima baja y la Grima alta.  Esta compra tenía la finalidad de instalar 100 galpones para la producción de gallinas y huevos fértiles. Comienzan con las obras de ingeniería, como la apertura de trochas y caminos y, a la par solicitan licencia ambiental a la Corporación Ambiental de Santander, CAS. La deforestación, el daño al colchón hídrico, la disminución de caudales y brotes de sequía fueron constatados con rapidez por los pobladores. Mirado en detalle se evidencia la violación del Esquema de Ordenamiento Territorial de Charalá, que establecía esa zona como de protección, así como la violación de normas hídricas sobre rondas de ríos y quebradas

 

Un grupo de veinte personas se reúnen para tratar el tema y se constituyen en Comité de veeduría ambiental, levantan un acta y se registra ante la personería. “Había adormecimiento en general de la población…con base en un movimiento que se había dado en San Gil, se motivó un foro (…) la mayoría no sabía qué pasaba”[1]. Los fundadores son representantes de la comunidad, viven en Charalá. Una de ellas, de formación abogada, formó parte del equipo técnico que formuló en su momento el EOT hecho que contribuyó a clarificar la violación de normas expresas de protección ambiental. Otros son profesores o capacitadores en agricultura orgánica; todos tienen en común la experiencia de trabajo comunitario y una motivación abierta en procura de un ambiente sano, que los ha llevado a impulsar una reserva forestal en territorios que otros podrían considerar como muy adecuados para actividades productivas.  Están articulados además con otros grupos y procesos sociales como las Comunidades Campesinas Cristianas (CCC) y dinámicas regionales. Precisamente, la VACHA se inspira en la veeduría de San Gil, en un proceso ampliado para hacer frente a la presión sobre el territorio ejercida por las empresas avícolas que buscan trasladarse de la Mesa de los Santos a Curití, en busca de nuevos espacios para sus galpones de pollos y gallinas.

 

Después del Foro de 2003 se sumaron líderes campesinos al movimiento. Su presencia ha sido intermitente pero quedó un grupo permanente de 20 personas, que se reúnen con periodicidad a analizar las circunstancias y trazar orientaciones y programas de acción. Los estudiantes de la UIS y de la Escuela Normal Superior de Charalá fueron también claves, si bien hoy están un poco alejados. Han recibido también apoyo y se han hecho alianzas con organizaciones nacionales como CENSAT AGUA VIVA, Planeta Paz, RESNATUR, Podion, Agrosolidaria, con quienes hay identificación de propósitos.

 

También han tenido varios actores contradictores del movimiento; además de las empresas avícolas en Charalá, la empresa AVIFONCE y en Curití, la Incubadora de Santander, está la CAS y la administración municipal y en general con la institucionalidad pública cuya respuesta a sus demandas ha sido de indiferencia y defensa de los intereses de las empresas.

 

La VACHA ha realizado diversos mítines y movilizaciones callejeras para hacer visible el problema entre 2006 y 2008; cobra relevancia una marcha promovida hacia el sitio de afectación, en donde, de manera ritual, se dispusieron a “pedir perdón a las aguas” y “restaurar la relación con ellas”. Articulada con la “Veeduría Ambiental de San Gil”, promovieron en 2007 una marcha grande entre Curití y San Gil, en la que participaron cerca de 1000 personas, en rechazo a la compra de 3.000 hectáreas de tierra por parte de la Incubadora de Santander, otra empresa que viene afectando las fuentes de agua que surten a 7 municipios y a 300.000 personas. El símbolo del cacique Guanentá atravesado con una cabeza de pollo, pintura de Faustino, artista local, ha impactado mucho. La apatía inicial para participar se fue venciendo logrando numerosos aliados.

 

También se han realizado experiencias de formación como la Escuela de Formación Ambiental en cuyo marco se analizaron todos los ecosistemas de la región, identificando las amenazas que representa la entrada de empresas avícolas, las cuáles se expresan en contaminación y deforestación, principalmente.  Con aportes propios recogidos en rifa y otras actividades contrataron a un biólogo de la Universidad Nacional, para que les apoyara con estudios y argumentos técnicos para la defensa de su causa.

 

En 2005 se instaura una Acción Popular ante el Juzgado administrativo de San Gil, para proteger los derechos colectivos, en contra de la CAS, el municipio y AVIFONCE, lo cual da una idea de la envergadura de la acción. En 2007 la CAS emite una resolución que reconoce que AVIFONCE viola el EOT y ha causado daños ambientales en los suelos, aguas y bosques,   por lo que niega la licencia ambiental a la empresa. También emite medidas cautelares exigiendo suspender las obras que está adelantando. En 2008 se da una primera conciliación entre comunidad y empresa en presencia de funcionarios de diferentes entidades, en la que se acuerda que AVIFONCE suspende las obras, acata y respeta el EOT de Charalá y restaura el predio afectado. El municipio se comprometió a declarar las 600 hectáreas afectadas como zona de interés público, hecho que cumple incluyendo 200 ha adicionales, y la CAS a colaborar en la restauración del predio; posteriormente se realiza un conversatorio en el cual se firma un pacto de compromiso para resolver los conflictos de manera pacífica.

  

Son seis años de lucha y una acción persistente de la VACHA en la que se propusieron convocar la participación amplia de la comunidad, con visitas veredales y comprometiendo a cuarenta líderes, presidentes de Juntas de Acción Comunal, JAC, que hicieron presión al Concejo y que con ello contribuyeron a la declaración del territorio afectado como zona de utilidad e interés público. Desde 2004 la Veeduría Ambiental de Charalá, VACHA, asesora a organizaciones de la comunidad en relación con las afectaciones al territorio producidas por las empresas avícolas de Santander. Este es un aspecto importante de destacar, ya que muestra el grado de aceptación y reconocimiento que la VACHA ha ganado entre las comunidades.