El Comité Cívico de Veeduría Ambiental de San Gil, CCVA se crea en 2003 teniendo como escenario principal los municipios de Curití y San Gil, frente a las pretensiones de la empresa Incubadora de Santander de instalar un proyecto avícola y ganadero de gran impacto, en la finca la Alejandría, vereda La Cantera en Curiti. La finca la Alejandría de cerca de 2.000 hectáreas, está asociada a un ecosistema de subpáramo y según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Curití, aprobado por la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, es una zona de protección ambiental, por su condición de zona de recarga hídrica, altamente susceptible a fenómenos de remoción en masa, de terraceo y de reptación, que da origen a las microcuencas de las quebradas Cuchicute y Curití. Es un área vital para el abastecimiento de agua de más de 100.000 personas que habitan en siete municipios de la región: Curití, Aratoca, Barichara, Villanueva, San Gil, Cabrera y Pinchote.

 

El CCVA es una organización de base social reconocida y registrada ante la Personería Municipal de San Gil, que ejerce sus acciones como ente veedor, utilizando para ello los mecanismos de representación y participación otorgados por el estado desde las instancias constitucionales sobre los procesos ambientales de interés local, provincial y regional. Parte de sus integrantes son profesionales en diversas áreas del conocimiento: académicos, líderes sociales, campesinos, sacerdotes, estudiantes universitarios y empresarios, interesados por los temas de significancia social y ambiental. Son personas cuyas memorias están asociadas a un contexto regional de los años setenta y ochenta con influencia de izquierda y el modelo cooperativo liderado por el Secretariado Diocesano de Pastoral Social de la Iglesia Católica que dinamizó y fortaleció los diferentes sectores productivos de la región.

 

En septiembre de 2003 la empresa Incubadora de Santander, luego de adquirir el predio La Alejandría, solicitó concesión de aguas ante la CAS con el objetivo de suplir sus necesidades para un proyecto agroindustrial tipo avícola y ganadero. A medida que los hechos avanzaron en el tiempo, entraron en acción la CAS y la gobernación de Santander, que enfrentaron sus poderes, queriendo la primera conceder permiso a la empresa particular para explotar un área natural definida por la misma CAS y reconocida por la población como un área de conservación y preservación especial, y la segunda queriendo inicialmente evitar el daño a este vital y estratégico espacio natural.

 

La Sociedad Geográfica de Colombia como ente consultor para la reelaboración del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Curití concluye que la zona en litigio debe ser protegida y que no se debe implementar ninguna actividad empresarial. Este documento es presentado por el alcalde ante el concejo, siendo retirado por el mismo funcionario una semana después, para ser sometido a un nuevo ajuste por parte de la empresa de consultoría Siglo XXI, la cual modifica la reglamentación del uso del suelo, siendo este documento adoptado por el concejo municipal, lo que da pie a que la empresa pueda continuar con su intervención en la zona de protección.

 

Mientras la Diócesis de Socorro y San Gil se pronuncia a favor de las demandas del CCVA, la gobernación que en otro momento fue aliada del movimiento deja ver de manera abierta su respaldo a las acciones de la incubadora de Santander y descalificaba al Comité aduciendo que son “politiqueros”, disfrazados de defensores de los intereses de la comunidad. De igual forma en consejo comunal realizado en Socorro, el entonces presidente Uribe, quien había recibido cien millones de pesos para su primera campaña presidencial por parte de la empresa, expreso su total apoyo a la empresa, argumentando que se debía respaldar de manera decidida a los empresarios que generan trabajo para la gente en la región. Los medios de comunicación regional y nacional se ocupan del tema y difunden opiniones de detractores y defensores de esta causa.

 

El CCVA vincula a un grupo de abogados de la Universidad Externado de Colombia y de la fundación Minga quienes apoyan la causa, ayudando a interponer una acción popular ante el tribunal administrativo de Bucaramanga y una demanda ante la Procuraduría Provincial Agraria, querella que es atendida por la oficina de asuntos ambientales de la procuraduría departamental. Estas acciones realizadas por el colectivo generan una persecución personal y profesional y amenazas directas contra algunos miembros del CCVA, que cesan luego de que el Tribunal Administrativo de Bucaramanga fallara a favor de la Incubadora de Santander.

 

Entre 2002 y 2005, el CCVA realizó cerca de 15 foros ambientales en la mayoría de los municipios de la provincia de Guanentá, cuyo tema central era el agua y el ordenamiento territorial. También promovió manifestaciones públicas y marchas diseñadas para no causar disturbios y en donde se gritaban arengas como “No nos oponemos al desarrollo, pero no queremos tomar agua con mierda de pollo”. También se crearon alrededor de cinco veedurías en la zona y una red de veedurías generando una sinergia para optimizar recursos y capacidad para el estudio técnico y legal de los casos. Con ello el Comité mostro su capacidad para ser multiplicador consiguiendo una mayor participación e incidencia sobre las posibles soluciones a los conflictos generados por la problemática socio-ambiental.

 

Aunque no se pudo evitar la instalación del proyecto de la Incubadora Santander, si se logró el fortalecimiento de este colectivo ciudadano, que permitió en el año 2006 evitar el emplazamiento de dos proyectos avícolas de gran escala, que pretendía instalar la empresa Avifonce, en los municipios de Charalá y Pinchote, siempre recurriendo a argumentos técnicos y científicos que dejan ver las nefastas consecuencias que acarrean estos proyectos ubicados en áreas de protección, sobre el ambiente natural, es decir sobre los  seres humanos y los recursos naturales.

 

Este proceso fue algo novedoso para los habitantes de la región que recordó la fuerza y la importancia del movimiento social de hace tres décadas antes. El CCVA ha mantenido su accionar con cambios en sus integrantes y en su estructura de funcionamiento y aprendiendo de dificultades internas por posiciones encontradas entre los antiguos y nuevos miembros. En 2012 estaba comenzando a enfrentar las pretensiones de la construcción de una hidroeléctrica sobre el cauce del río Fonce.