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Caso documentado por Zamir Rojas, 2012

C

En Casanare, específicamente en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad, la población protesta y tapona una vía estratégica en marzo de 2012 a protestas para resolver algunos de los impactos de la explotación que afecta su calidad de vida. En este caso de trata de la empresas Pacific Rubiales, Parex, Parenco y Petrominerales. La población se amotinó estratégicamente en las diferentes vías de sus municipios solicitando exclusivamente a las empresas petroleras el mejoramiento de sus vías principales, secundarias y terciarias por la utilización y posterior deterioro de ellas. Las empresas para su labor han abierto nuevas vías carreteables con lo cual están dando la posibilidad de ampliación de la frontera agrícola principalmente en cultivos de arroz y la colonización de nuevas áreas antiguamente inaccesibles por vía terrestre; con el paso del tiempo, sin ningún mantenimiento correctivo ni preventivo, y sin inversión de recursos privados o estatales las vías empiezan a deteriorase volviéndose intransitables. Pero había otras quejas menos urgentes pero no menos importantes: contaminación de fuentes superficiales de agua, deterioro de pastos y de cultivos aledaños a las vías por las cuales transitan todos los vehículos de carga y livianos de las empresas petroleras. Así mismo, se incorporaron temas de contratación de mano de obra y compra de bienes y servicios que debían hacerse en la región, formaron parte de las demandas.

 

Desde 1996 las empresas petroleras han utilizado la estrategia de ofrecer a los alcaldes ayuda extra y directa para salud, saneamiento básico de las veredas o del casco urbano a cambio de su contribución en la mediación de algún problema comunitario o medio ambiental. Esta alianza se desdibuja cuando el alcalde ve esto como una oportunidad bien sea para beneficio propio nutriendo clientelismos políticos, y empieza a hacer demandas permanentes, lo cual lleva a que tanto las empresas como las comunidades eviten tramitar sus demandas por la alcaldía municipal.

 

En 2009, las licencias ambientales incluyen la obligación de las empresas exploradores de hacer mantenimiento a las vías por donde transitara el proyecto hecho que fue demandado por las empresas fallando finalmente la Corte Suprema fallaron a su favor  dado que el mantenimiento de la infraestructura vial es obligación directa del estado. En ese escenario, y ante la ausencia de respuesta por parte de las empresas petroleras las comunidades exigen que los planes de desarrollo municipales destinen recursos para el mejoramiento de vías, gasto para el cual no había recursos. Las administraciones municipales, líderes y representantes de los dos municipios se unieron y movilizaron cerca de 500 personas que se instalaron en los pasos de vía terrestre, impidiendo el paso del transporte como una estrategia para presionar respuestas directas de las empresas para arreglo de las vías. Es claro entonces, el papel de los alcaldes para jalonar la convocatoria, sin que aparecieran como sus organizadores, pues es a ellos a quienes más interesa mostrar el éxito de su gestión.

 

En medio de la inexperiencia de estos procesos de negociación, se van improvisando y ensayando liderazgos y asesores, se van definiendo alianzas, tensiones y formas de tomar decisiones, evitando que los disensos se expongan públicamente frente a las empresas. Aunque en principio la organización de la protesta se da mediante una estructura horizontal, con diversos grupos para cocina, transporte, compra de víveres, entre otros, con el pasar del tiempo y al disminuir los recursos y aumentar los cansancios, se debilita la protesta. Las mismas empresas petroleras contribuyeron de manera importante contactando por separado a los líderes para proponerles beneficios económicos a cambio de acelerar la negociación y flexibilizar las exigencias de la comunidad. El ejercicio de la protesta ha servido de escuela con lecciones políticas prácticas; hoy en día, se llevan a cabo las negociaciones con presencia masiva de la comunidad o en su defecto con grupo de personas de la misma comunidad, que sirven como garantes y veedores de que los arreglos sean transparentes y acordes de las exigencias planteadas desde el inicio.

 

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