Hace más de 30 años en San Alberto, Cesar, una comunidad de campesinos se dedicó explotar productivamente unos terrenos baldíos y destinar su producción para el sostenimiento familiar y abastecimiento de alimentos al centro urbano del municipio. Con el paso de los años se consolida un Corregimiento denominado Puerto Carreño, con dinámicas sociales, culturales y económicas que les brindan autonomía de acción. Sin embargo, de manera progresiva se encontró rodeado por cultivos de palma africana de la empresa Indupalma Ltda.

 

La empresa Indupalma bajo sus políticas de expansión de la frontera agrícola ocupó y compró mejoras de terrenos durante los años 60, incluyendo en esta operación comercial los terrenos sobre los cuales los campesinos desarrollan su actividad productiva[1] y por ello alega propiedad sobre ellos. Ante esta amenaza, los campesinos formalizan y consolidan la Asociación de Productores Agropecuarios de Puerto Carreño, ASOPRODAGROPC, e inician un proceso de titulación de predios baldíos con la oposición directa de la empresa palmera. Esa oposición se ha manifestado usando los medios de comunicación para desprestigiar a la comunidad a la cual ha señalado como parceleros invasores, facinerosos, grupos armados, invasores de tierra y ha elevado denuncias ante las fiscalías de los municipios de San Alberto en el Cesar y en la Esperanza en Norte de Santander, municipios hasta donde se despliega la cobertura de las áreas en mención. Bajo el argumento de supuestas pérdidas millonarias por el pastoreo de los animales en los predios de la empresa y la afectación a las áreas productivas en proceso de renovación, estableció en la Alcaldía el pago de una multa pecuniaria por cada animal que sea aprehendido en pastoreo sobre las áreas de Indupalma.[2] Esta situación ha generado tensiones sociales entre los campesinos y los miembros del grupo de seguridad de la empresa, el cual ha derribado en ocasiones las cercas de los potreros y dañado los cultivos de pan coger de los campesinos.

 

Dadas estas agresiones, las familias campesinas inician un proceso de exigibilidad de sus derechos dentro de los espacios formales institucionales, hacia el reconocimiento de sus derechos históricos y productivos, con el acompañamiento del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el apoyo de la administración Municipal de San Alberto, Cesar. A través de la asesoría legal se estableció que en efecto la empresa Indupalma adquirió de terceros las mejoras existentes en predios baldíos cercanos a su radio de influencia. No obstante, durante la transacción comercial, los derechos de propiedad no estaban definidos claramente razón por la cual se requiere que el Estado avale tales títulos, pues además son terrenos baldíos de la nación.

                                                                                      

Las acciones de reconocimiento de la propiedad a los campesinos que durante años han trabajado la tierra, les han brindado identidad, capacidad de trabajo colectivo, arraigo al territorio y posibilidades de desarrollo a largo plazo.  Sin embargo, se debe reconocer que el proceso ante el Incoder ha sido lento y mediado por presiones políticas de los grandes capitales. La Alcaldía Municipal ha propendido por la defensa de los derechos de los parceleros, modificando el decreto municipal que castigaba el pastoreo en predios privados y con la cofinanciación de una pequeña planta de pasteurización de leche, la cual estará a cargo de la organización Asoprodagropc. Cuando se han presentado conflictos y tensiones sociales entre las partes la Policía Nacional ha evitado desmanes de la empresa y la Defensoría del Pueblo ha asesorado a los campesinos y ha participado en comisiones de verificación. El PDPMM ha financiado proyectos productivos y acompañado la defensa legal de los derechos de propiedad para lo cual ha hecho alianza con la Universidad Javeriana. Este proceso en una correlación de fuerzas tan desigual, avanza dando muestras de la capacidad de resistencia campesina.