La reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) Villa Paz ubicada a 35 km de la ciudad de Bogotá, fue la primera en constituirse en el país como Reserva en 2001; seis años después de su creación tuvo que afrontar una dura pelea, debido a la intervención que hizo Ecopetrol a través de su contratista Consorcio Etsa Concol S.A. para realizar el pre-trazado del Naftaducto Tocancipa-Villanueva que atravesaría la reserva.

 

Jack Zelig Rotlewicz líder de la reserva se constituyó como usuario tercero interviniente en el proceso de licenciamiento del proyecto Naftaducto. Para ello lleva el caso a la Universidad del Rosario, para luego ampliar las alianzas y convocar a la Procuraduría, el Ministerio de Medioambiente, los municipios afectados, algunas ONG ambientales y la comunidad en general, quienes atienden a su llamado.  El movimiento alcanzo un alto impacto que en Facebook convoca alrededor de 2.000 personas en contra del proyecto, bajo el lema “Nadie sabe el agua que tiene, hasta que la pierde”. 

 

La ley 99 de 1993 da vía libre a la creación de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) en Colombia y el decreto 1.996 de 1999 lo reglamenta. Villa Paz, predio del señor Rotlewicz inicia el trámite en ese año para la obtención del registro ante la Unidad Administrativa Especial de Parques Naturales (Finca Villapaz, s.f.). Al año siguiente Villa Paz fue seleccionada por el Ministerio de Medio Ambiente como "Reserva Piloto" para adelantar tesis de grado de estudiantes de la Universidad La Salle sobre "Lineamientos básicos para el establecimiento y manejo de las reservas naturales de la sociedad civil en Colombia”. El 2 de abril de 2001, con la resolución No. 060 del Ministerio del Medio Ambiente, se registra formalmente el predio Villa Paz como la primera Reserva Natural de la Sociedad Civil en el país.  

 

La RNSC Villa Paz está ubicada en Cundinamarca, municipio de Choachi, Vereda Herreras y cuenta con una extensión de 36.7754 Ha y se caracteriza por sus bosques de especies nativas y gran abundancia de agua.  Diez y nueve hectáreas son destinadas a de producción orgánica que recientemente obtuvo la Certificación de Productos Ecológicos otorgado por la Corporación Colombia Internacional.

 

El pre-trazado del Naftaducto Tocancipa-Villanueva comienza a mediados de 2007 tiempo en el cual se da inicio al trámite administrativo de Licencia Ambiental solicitada por Ecopetrol. No obstante, sin autorización alguna trabajadores ingresaron con machete en mano a abrir trocha en la reserva, hecho que genero una primera investigación de su propietario que permitió verificar que aunque el oleoducto estaba planeado para el transporte de nafta (residuo del procesamiento de la gasolina utilizado para disolver petróleos pesados) éste se iba a utilizar con otros derivados peligrosos para las comunidades y el medio ambiente. Nueve municipios de Cundinamarca y dos del Meta resultarían afectados por la intervención en quebradas, nacederos, paramos y ecosistemas estratégicos en la producción y regulación del agua y pasaría muy cerca de la tubería de agua que surte a la ciudad de Bogotá. La obra afectaría especialmente minifundios que verían reducida su extensión notablemente al expropiar 25 metros de ancho. El proyecto podría traer graves consecuencias en el orden público de la región debido a que los grupos subversivos atacan directamente este tipo de infraestructuras (Villa Paz Ltda & Natural Films, 2009)[1], pero además no contaba con las licencias ambientales necesarias para su construcción (Comunicación personal con Rotlewicz, 2013).  Una reunión convocada para aclarar la situación desde la reserva, solo entrega información ilustrativa y da cuenta del desconocimiento del funcionario sobre la protección que tiene una reserva. Comienza un proceso de Ecopetrol con la autoridad ambiental con miras a evitar la concertación del proyecto con las comunidades afectadas como requisito para la ejecución del mismo, lo cual logran a finales de 2007.

 

Rotlewicz inicia un periplo por los municipios afectados para divulgar la grave situación y solicita participar como Tercero Interviniente (persona a la que deben notificarle de todos los movimientos y ajustes de la mega-obra) en el proceso de licenciamiento, asesorado por el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario que asume la defensa de la RN Villa Paz.  Luego de una reunión con el Concejo municipal de La Calera la defensa del GAP se amplió pues la comunidad decidió proteger la totalidad de los ecosistemas afectados. Otras entidades públicas y privadas se vincularon apoyando el proceso y también la Administración Municipal y el Concejo de Choachi.

 

El GAP se propuso tres objetivos ante este caso: Concientizar a la población afectada de su real papel como sujetos de derecho, proteger los derechos colectivos involucrados y lograr que Ecopetrol cambiara el trazado planteado, usando como estrategias multidisciplinarias independientes[2], pero no autónomas del fin principal tales como una estrategia legal, una estrategia social, una estrategia política y una estrategia comunicacional (GCIHCP, 2010)[3]. Con 500 firmas recolectadas de la comunidad afectada se logró una Audiencia Pública Ambiental, en la que se evaluó el estudio de impacto ambiental presentado por Ecopetrol S.A. Se creó un grupo virtual “Nadie sabe el agua que tiene, hasta que la pierde”, mediante el cual se generó conciencia ambiental, así como los grupos “No al Naftaducto” y “Naftaducto Ecopetrol”. La iniciativa superó los 11.000 miembros y generó un artículo en El Espectador titulado: El Ministerio de Ambiente tiene la última palabra: Facebook versus Ecopetrol, como parte del ejercicio de divulgación en los medios de comunicación que incluyo también el diario El Tiempo. Luego de dos años de pleito, el Ministerio de Ambiente mediante el Auto 166 de enero 27 de 2010 concluye el proceso con fallo a favor de la RNSC.