La protección de los bosques de roble es un imperativo en Colombia ya que se encuentra protegido por ser una especie vulnerable. Sin embargo, las empresas que realizan explotaciones mineras reciben la licencia por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, sin que se tenga en cuenta dicho imperativo. La explotación de calizas en Gachantivá hizo que muchas personas preocupadas por la entrada de la empresa Cemesntos Tequendama se levantaran para protestar y proteger el bosque de roble y otras áreas sensibles del entorno municipal. Para ello, acuden a la iniciativa de convertir muchas de estas áreas en reservas de la sociedad civil como mecanismo de protección.

 

La Fundación Natura y el Instituto Alexander von Humboldt presentes en la región ha facilitado la visibilidad de esta problemática, pues además los investigadores que viven en la zona sientan esta área como suya e influyen en procesos orientados a la conservación. En la región del alto Ricaurte de la cual hace parte Gachantiva, se ha comenzado a gestar una serie de movimientos y colectivos para la protección del patrimonio cultural y ambiental frente a diversas empresas que están interesadas en explotar los recursos de la zona. Gachantivá es vecina de Villa de Leyva y la mayoría de sus pobladores son minifundistas que se dedican a la agricultura y la ganadería. A pesar de que el 80% del suelo del municipio se encuentra intervenido por sus pobladores, “existe una gran preocupación por el bosque natural, manifiestan un gran aprecio por el árbol de roble. La fauna nativa es actualmente una preocupación de los habitantes ya que se quiere impulsar la economía del municipio por medio del Ecoturismo, gracias a la riqueza que se posee” (EOT Gachantivá 2009-2011). Uno de los atractivos son los bosques de roble.

 

Cementos Tequendama posee en el área de Gachantivá un contrato de concesión minera de mármol y caliza desde el 26 de enero del 2004, que se traslapa con el área de bosque de roble en las partes altas de las veredas Igua de Pardos, Igua de Pinzones e Igua de Páez además de otras áreas de las cuales están extrayendo caolín. En esta área se encuentra una laguna que se nutre de un rio del cual se surten dos acueductos veredales y según los pobladores, el área de la licencia aprobada a la cementera también cubre un humedal con cinco entradas de agua las cuales se convierten en aguas subterráneas que van a salir a la vereda del Hatillo. Esas aguas surten al acueducto de tres veredas que benefician a 1300 personas. Los acueductos tienen concesión de Corpoboyaca y su constitución está en regla.

 

Inicialmente se da una serie de reuniones comunitarias y posteriormente, en 2009, comienzan las marchas de protesta, estrategias que no pueden detener una licencia ya asignada. Por el contrario, para 2013, en la región del alto Ricaurte ya hay 59 títulos mineros y 62 solicitudes en región toda la región Patrimonial del Alto Ricaurte e Iguaque, por lo que la situación es altamente preocupante[1]. La misma empresa tiene una planta de caolín en Villa de Leyva en el sitio donde se encuentra la mayor cantidad de fósiles[2], y en Suesca, Cundinamarca, donde tiene una planta de cemento, sus pobladores han denunciado graves afectaciones en su salud.

 

La comunidad y sobre todo personas que poseen terrenos en el municipio sobre los bosques de roble, han decidido convertir algunos de ellos en reserva de la sociedad civil con el fin de cerrar el paso a la concesión minera dada a cementos Tequendama en el 2004. La propuesta concreta a largo plazo es crear una red de reservas de la sociedad civil que se formalice en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para asegurar la conservación no solo del robledal sino también de las fuentes hídricas adyacentes y frenas la potencial expansión de la empresa. A mediano plazo se necesita consolidar una conciencia colectiva para que los vecinos de los robledales no vendan sus terrenos a la cementera. A corto plazo se comienza a involucrar las áreas que se quieran constituir en reserva de la sociedad civil.