En 2012 los indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, bajaron de distintas partes del monte hasta la carretera de la Troncal del Caribe – vía que comunica a Santa Marta y La Guajira-  dirigiéndose al sitio sagrado Jukulwa. La construcción de un complejo industrial portuario[1] de nombre Puerto Brisa impidió que esto sucediera. Los indígenas iban cargados de mambe, cámaras y grabadoras que les sirvió para tener aún más fuerza y estando allá, reclamaron y aseguraron que ese territorio no le pertenece a la compañía y que mucho menos estaba disponible para ser utilizado como un puerto minero. Si bien los empresarios de la compañía les negaron la entrada, ellos abrieron paso hasta hacerse escuchar. Reclamaron a la empresa el uso de su territorio sagrado, lo cual irrespeta sus principios. La empresa atenta no solo contra el territorio indígena sino contra los intereses de las asociaciones pesqueras de la zona.

 

Ningún conductor pudo movilizarse ese día; desde los comerciantes, los campesinos hasta los turistas se vieron frenados por la marcha. La comunidad indígena afirma que la marcha no tenía un sentido contestario y solo era un recorrido hacia los sitios sagrados; Jukulwa se ubica en el territorio de la Línea Negra que “delimita nuestro territorio tradicional y está formado por aquellos lugares sagrados hasta donde avanzó la oscuridad y donde se inició la luz en los comienzos de la vida”.[2] Esta fue la tercera vez que los indígenas de la Sierra bajaron hasta Jukulwa [3] con el fin de realizar pagamentos y que fueron frenados por los agentes de la empresa.

 

Los Kogui tienen una cosmovisión muy profunda, por lo que la apropiación del espacio está arraigada a un sentido de pertenecía y de hogar. “Si se trata de llevar la salud en el cuerpo, primero se debe pensar sobre todo lo espiritual. Yo he analizado que para vivir seguir viviendo de manera sana, se necesita vivir feliz, vivir por mucho tiempo, y sobre todo, vivir de acuerdo con lo que nos rodea. Siendo así, lo que hoy en día estamos viendo solo son palabras. Para decir que es la medicina debe haber, antes que todo, tranquilidad en el espíritu”. Su relación con el espacio va más allá de sus prácticas agrícolas y culturales pues está relacionada por los ciclos temporales que ordenan la naturaleza terrenal y celestial, a partir de los cuales se localizan espacios sagrados. Por ello, la construcción de Puerto Brisa es tan grave e inaudito como construir un bar o una cantina dentro de una iglesia católica.  El cerro de Jukulwa, donde parcialmente se localiza Puerto Brisa, es uno de los lugares sagrados de los Kogui; ahí se comunican con las madres y padres espirituales y al ser la base que sostiene los cerros de la Sierra, también es la base del agua y de todos los animales. Jukulwa es el principio del orden, por lo que su destrucción o alteración hace que se modifique lo que en un principio genera vida.      

El proyecto era una idea que existía desde 1996 por parte de la compañía Prodeco S.A, a la que le fue negada la licencia ambiental, como lo fue a Puerto Cerrejón S.A y Carbones del Cerrejón S.A. para la construcción de un puerto carbonífero. Sin embargo, en 2006 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgo licencia ambiental a la empresa Puerto Brisa S.A, sin hacer el debido proceso de consulta a las comunidades indígenas. En tres meses ya había un boquete de 20 metros de altura y 20 metros de ancho[4], que generó una profunda herida a los sitios sagrados. A mediados del 2010, la Corte Constitucional amparó los derechos vitales de las comunidades indígenas y se suspendieron las actividades de la empresa. Jukulwa difícilmente se puede divisar pues por la mitad del cerro se construyó un carreteable.  

Sin embargo, la propuesta carbonera finalmente logró imponerse con el argumento de que se trataba de una empresa colombiana y de su aporte al desarrollo económico de la región y del país. En 2012 movilizó aproximadamente 30 millones de toneladas de petróleo, carbón, coque y otros minerales con una inversión de 450 millones de dólares y se calcula que estimula alrededor de 1800 empleos directos y 16 mil indirectos en su etapa inicial. Su costo inmediato ha sido pisotear los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y provocar un daño ambiental irreversible.