En el Meta, municipio de Barranca de Upía, un paro muestra la inconformidad por las promesas incumplidas por las petroleras. En el departamento, el crecimiento económico entre 2002-2009 es del 10% anual en promedio y se debe en un 30% por la actividad de minera y en un 15% por las actividades agropecuarias.  De la misma forma en que los ingresos por la explotación del petróleo superaron los ingresos por actividades agropecuarias, en el imaginario de la población cambia su horizonte laboral hacia la búsqueda de empleo en actividades vinculadas con las empresas petroleras. Esto genera una presión social por el aumento en la demanda del empleo en este sector económico, tanto por habitantes locales como por personas que llegan de otras regiones por el espejismo del oro negro. Tales expectativas no son suplidas por las empresas petroleras lo cual lleva a que estalle finalmente un conjunto de protestas en los municipios de influencia de las actividades petroleras en el Meta que son la mayoría. Estas acciones se orientan a reivindicar el derecho al trabajo y la contratación de mano de obra de la región por las empresas petroleras. 

 

Así se dio en Barranca de Upía el 9 de julio del 2011[1], bloqueando por primera vez la vía que los comunica con Villavicencio, donde quemaron dos camionetas[2], en protesta por la contaminación, la falta de oportunidades e inestabilidad laboral[3] que, según los pobladores, no les proporciona la firma multinacional Petrominerales. Debido a la dilatación de las negociaciones y el incumplimiento de la multinacional Petrominerales en crear una mesa de concertación, los habitantes de Barranca de Upia se tomaron en el mes de Septiembre nuevamente la vía que comunica Villavicencio con Yopal, haciendo un llamado al gobierno nacional y los representantes para no seguir dilatando las exigencias y dar una solución efectiva a los problemas de los trabajadores y de la comunidad y, sobre todo, a respetar las leyes laborales y constitucionales del país. El 8 de septiembre de 2011 y tras varias horas de negociación entre los representantes de la comunidad, la Unión Sindical Obrera (USO) y el General de la Policía de Tránsito, se concretó la visita del Viceministro de Asuntos Laborales de la Protección Social para el día 9 del mismo mes para acompañar la mesa de concertación.

 

Sin embargo, la Comunidad de Barranca de Upia siguió concentrada frente a Petrominerales porque no aguanta más atropellos de la fuerza pública ni de la empresa. Esta no da oportunidades laborales a los habitantes de la comunidad, contaminan desaforadamente las fuentes hídricas, destrozan el medio ambiente, no hacen reparación de las vías y no realizan la prometida inversión social en la región. Luego de varios días de persistencia se llegó a un preacuerdo que permitió levantar el paro a través de la instalación de cinco mesas de negociación: laboral, derechos humanos, ambiental, bienes y servicios e inversión social[4]. La comunidad y los trabajadores se comprometieron a presentar los documentos objeto de las reclamaciones a la empresa y al gobierno. Por su parte la empresa se comprometió a participar en cada una de las mesas con personas de alto nivel con poder de decisión. El gobierno nacional hizo presencia con funcionarios del Ministerio de la Protección Social, del Ministerio del Medio ambiente y del Ministerio de Interior. También hizo presencia el gobernador y la administración municipal, así como el Defensor del Pueblo del departamento y una representante a la cámara.

 

De acuerdo con algunos líderes que participaron en las mesas de concertación y después de casi un año de la primera protesta, la comunidad ahora es tenida en cuenta para los procesos de contratación, de mano de obra; algunos miembros de familias desplazadas han sido contratados por la empresa Petrominerales en labores temporales. Dado que son más los desempleados que los puestos, la asociación de desplazados se turnan las oportunidades laborales de acuerdo con los perfiles de cada uno de sus miembros: si hay 20 obreros rasos y necesitan contratar dos en la empresa, se turnan por tiempos cortos para rotar esa oportunidad laboral. Aunque los asociados deban esperar un año o más por su turno esperan con ilusión ese momento pues allí pueden ganar en dos meses lo que recibirían en un año en actividades agropecuarias, estrategia que reafirma el cambio de vocación laboral de los pobladores.

 

Un efecto perverso es el clientelismo que se ha dado por parte de los líderes comunales quienes ganaron gran poder porque son ellos quienes recomiendan a las compañías petroleras personas a contratar pues la empresa debe consultar con los líderes si en la comunidad hay personas para las plazas vacantes. Este logro colectivo, es aprovechado con frecuencia por líderes inescrupulosos que cobran porcentajes por recomendar personas (dialogo con habitante de Puerto Gaitán). Las empresas petroleras se han dado cuenta que es estratégico tener de su lado a las comunidades: así lo hizo Pacific Rubiales Energy con su anuncio de vincularse a la construcción de viviendas gratis, emprendida por el gobierno nacional a mediados de 2012. Su presidente manifestó que “en el tema de la vivienda quiero informales que ya tenemos listo para entregar y efectuar la compra de un lote de 30 hectáreas en el municipio de Puerto Gaitán, el cual lo colocaremos al servicio del Gobierno Nacional, con el fin de desarrollar el proyecto de mil viviendas gratis”[5]. El predio puede tener un costo del orden de los 400 millones de pesos, que es poco comparado con las excelentes utilidades[6] de la empresa que alcanzó una utilidad neta consolidada de US$258 millones en el primer trimestre de 2012. Ganarse la buena voluntad de los pobladores resolviendo necesidades básicas que el gobierno no atiende, resulta políticamente muy favorable y muy económico frente a las millonarias ganancias que obtienen con sus actividades.