Caso documentado por Deissy Martínez en 2013
En la región del Bajo Cauca se ha evidenciado que las fumigaciones que hace del gobierno para acabar con la coca, están afectando los cultivos de plátano, yuca, cacao, caucho, maíz y frijol en los que los agricultores de la región han invertido para sustituir el cultivo proscrito. El impacto negativo en los cultivos legales del glifosato es muy alto, puesto que no solo destruye las plantas en donde cae el herbicida sino que también al penetrar en el suelo destruye nutrientes esenciales que disminuyen la productividad del suelo además de los problemas que trae para la salud humana. Por esto, los agricultores de la región decidieron salir a protestar argumentando que el gobierno promueve la sustitución de cultivos, pero no busca la manera de que la erradicación por fumigación aérea sea únicamente en los sitios donde hay cultivos de coca. Algunos agricultores han realizado ante las autoridades locales la certificación de sus fincas demostrando que ya no hay cultivos ilegales para que, en teoría, se tengan en cuenta en el momento de trazar las rutas de fumigación, pero esto no ha servido de nada y siguen siendo afectados sus cultivos con las aspersiones aéreas del herbicida. Esta certificación se hace con apoyo de Naciones Unidas.
Los habitantes de la zona han puesto especial esfuerzo en dejar el cultivo de la coca con el fin de acogerse a diversas iniciativas del organismos internacionales e incluso del gobierno para salir de la ilegalidad. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca estableció en un comunicado que “desde mediados del 2008, los campesinos del Bajo Cauca antioqueño han venido sustituyendo los cultivos ilícitos, encontrándose muchas veredas de la zona certificadas como libres de ilícitos por la oficina de Naciones Unidas para tales efectos. Encontrándonos desarrollando un proyecto de cacao como sustitución y sembrando diversos productos de pancoger para nuestra subsistencia, los cuales fueron fumigados en noviembre-diciembre de 2009, contaminando nuestros suelos, aguas y cultivos¨[1].
Sin embargo, debido a que algunos cultivos de coca continúan viéndose en la zona las fumigaciones persisten; la erradicación manual no se ha podido realizar porque los actores armados que controlan los cultivos han instalado minas antipersona.
Los habitantes de la región en los últimos años han recibido ayuda por parte de organismos internacionales como Naciones Unidas para iniciar con la sustitución de los cultivos de coca por cultivos de plátano, yuca, cacao, caucho, maíz y frijol, práctica que inició en 2008 y ha venido aumentando progresivamente. Actualmente, los cultivos ilícitos se han reducido en aproximadamente 50% de acuerdo a los datos del Reporte de Naciones Unidas UNODC: Colombia Monitoreo de Cultivos de Coca 2011, por las acciones de fumigación y por la sustitución de cultivos.
La protesta la lideró la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) una organización que aglutina a los campesinos de la sub-región del Bajo Cauca y está apoyada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. Asocbac tiene líderes definidos que hacen seguimiento a las acciones llevadas a cabo por el Estado en la región. Los líderes están organizados en las diferentes zonas de la sub-región y se encargan de estar haciendo seguimiento no sólo con respecto a las fumigaciones sino también en otros temas y problemas que aquejan a la comunidad. Para manifestar su inconformismo los pobladores han marchado y hecho bloqueos en las carreteras. Sus demandas son: i) El cese inmediato de las fumigaciones aéreas en el bajo Cauca Antioqueño y nudo de Paramillo. ii) La reparación inmediata por perdidas de cultivos lícitos y proyectos productivos que el mismo Estado ha brindado a los campesinos para la sustitución, los cuales han sido afectados por estas fumigaciones. iii) Garantías en derechos humanos para los campesinos desplazados por las fumigaciones con glifosato y sus dirigentes. iv) Inversión y proyectos productivos para sustituir los cultivos de uso ilícito concertados con la comunidad, que garanticen su autonomía y soberanía alimentaria. v) establecimiento de una mesa de veeduría y seguimiento a los acuerdos a los que posiblemente se lleguen, compuesta por el Estado, la ASOCBAC, la procuraduría agraria y ambiental, defensoría del pueblo, procuraduría general de la nación, contraloría departamental, el INCODER, ACNUR, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cruz Roja Internacional, entre otros¨.
No es la primera vez que se movilizan por motivos similares. En el 2009 hubo una protesta que terminó con la firma de un acuerdo en el que el gobierno se comprometía a suspender las fumigaciones, lo cual se cumplió solo hasta el 2011. A principios de ese año, los habitantes de la región protestaron nuevamente, primero en Anorí y luego en Tarazá, porque las autoridades retomaron las fumigaciones aéreas e incumplieron los acuerdos a los que habían llegado las partes.