En el departamento de Córdoba, en el norte del país, municipio de Montelibano, la empresa Cerromatoso S.A. explota un yacimiento de ferroníquel, cuyo contrato de concesión de 1990 le reconoció títulos sobre 686 hectáreas, 545 en Montelíbano y 141 en Puerto Libertador. CSi bien inicialmente esta explotación era estatal, desde 2005 es propiedad de la anglo-australiana BHP Billiton con el 99.9% de las acciones.

 

Aprovechando un rico yacimiento de carbón en el municipio vecino de Puerto Libertador, la empresa Cerro Matoso S.A. ha construido su propia carbo-eléctrica que le permitirá generar la energía que requiere para las labores diarias del procesamiento del ferroníquel, ahorrando así altas sumas de dinero por consumo de energía eléctrica y permitiendo almacenar una buena existencia de carbón.    En subasta, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, le adjudicó a la Empresa Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A GECELCA, de nacionalidad colombiana, la construcción de la carbo–eléctrica, Gecelca 3 y esta a su vez le otorgó a CONALVIAS la ejecución del proyecto. Es en esta última donde se dan las situaciones irregulares que motivan el bloqueo de la única vía de acceso a la mina de Cerromatoso y a los municipios de San José de Uré y Puerto Libertador.

 

La presencia de la empresa ha redefinido las relaciones de poder político y económico en la región, cambiado el costo de vida y los patrones de consumo, así como la conformación poblacional pues ha propiciado una migración interna y también internacional, especialmente de población proveniente de China.   Dado que hay cerca de 140 chinos que participan en la construcción de la carbo – eléctrica, la población local exige que esos puestos de trabajo deben estar ocupados por nacionales y específicamente personal local. La contratación de mano de obra ha estado internamente en manos de antioqueños, cuestión que también ha incomodado a los locales pero que no se ha hecho muy explícita.

 

La protesta uso como repertorios el bloqueo de vías principales intermunicipales, algunas quemas de automotores de propiedad de empresas contratistas de Cerro Matoso SA y la ocupación del predio donde se lleva a cabo la construcción de la carbo- eléctrica y ‘retuvieron’ a 240 personas de diferentes nacionalidades según la prensa regional. Los voceros del colectivo de trabajadores dicen que no hubo retenciones, sino que al cerrar con cadenas el campamento la gente no pudo salir. Señalan que hay más de 500 trabajadores que ganan el salario mínimo, llevan laborando tres y cuatro meses sin haber descansado, y sin que les hayan pagado las horas extras. Piden mejor trato, nivelación salarial” (El Meridiano). Los trabajadores dialogaron los gobiernos nacional, departamental y municipal y también con la Iglesia católica y buscaron el apoyo con organizaciones sociales y políticas del municipio y la región.