Los JIW, Gente del Pueblo, también exigieron respeto a su territorio y a su vida al Batallón de fuerzas especiales del ejército nacional, asentado en el sector del Barrancón, Municipio de San José del Guaviare. El pueblo JIW, una de las comunidades indígena semi-nómadas de Colombia, originaria  del piedemonte de la cordillera Oriental del Meta, vivía en malocas ubicadas en las riberas del río Guaviare donde subsistía gracias a la pesca, la caza y la recolección. Allí han vivido desde hace más de 200 años y hace cerca de un siglo migraron por el río Ariari y posteriormente al río Guaviare, siendo víctimas de la violencia bipartidista de mitad del siglo XX, debiendo desplazarse nuevamente. Hace unos 20 años se ubicaron en siete resguardos de los municipios de Mapiripan, Puerto Concordia y San José del Guaviare conocidos como La María, Ceiba, Barranco Colorado, Mocuare, La Sal, La Fuga y Barrancón. Con llegada de los paramilitares y la guerrilla a la región, se inició una guerra por el dominio del rio Guaviare, punto estratégico para el tráfico de drogas. La masacre de Mapiripan en 1997 realizada por el bloque Centauros hizo que el miedo se apoderara de los JIW encerrándolos en sus propios resguardos. Desde entonces los combates entre paramilitares, Farc y Fuerza Pública se intensificaron y generaron un aumento del desplazamiento de familias indígenas que preferían huir. Los JIW son un grupo pequeño con una población total de 2260 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo. Entre 1997 y 2011 esta comunidad ha sufrido 17 desplazamientos que forzaron al 60% de sus integrantes a salir de sus resguardos; al menos 10 indígenas han sido asesinados y 17 más han sido víctimas de minas antipersonas y otros artefactos. Para 2012 cerca de 1200 JIW viven en fincas arrendadas por las gobernaciones de Guaviare y Meta.

 

Dado que los diferentes grupos armados prohibieron el libre movimiento por su territorio una porción de los JIW pasan de ser seminómadas a sedentarios y se asientan definitivamente en Barrancón, a un lado del río Guaviare, en un área de 250 hectáreas entre selva, montaña, rastrojo que provee muy poco alimento y muy cerca del casco urbano de San José en donde la fuerza pública hace presencia. Durante un tiempo, las instituciones les proveen de mercado pero posteriormente los abandona sin dejar ningún tipo de programa que permitiera su auto sostenimiento que propicia un comportamiento mendicante de los JIW allí asentados. En 1989, un año después de estar los JIW constituidos como resguardo indígena en dicho lugar, con una población de 580 habitantes, el ejército establece un puesto de control cerca al resguardo y les ofrece mercados. El incremento de la violencia en la zona con enfrentamientos entre paras y guerrilla y la lucha contra los cultivos ilícitos hacen que el puesto de control se convierta en una Base Naval. El Ministro de Defensa de la época el General Landazábal Reyes hace presencia en el resguardo, entrega mercados y construye una escuela con la condición de que el resguardo ceda seis hectáreas para la ampliación de la base. La comunidad accede y comienza un conflicto pues la ampliación de la base trae consigo campos de tiro que son paso obligado para los JIW. En 2003 las instituciones y la base ya no dan más remesas (mercados) y la comunidad indígena se ve obligada a buscar en los basureros de la base naval la comida. Además de estos hechos, se han dado diversos daños y atropellos como el ingreso de soldados al resguardo a enamorar a las mujeres JIW embarazando a varias de ellas, sin responder por los hijos. Un día un niño perdió la vida porque encontró un cohete abandonado que le explotó perdiendo la vida; la comunidad es acallada por una avalancha de mercados de parte de la base y un ataúd para el cuerpo del niño. En 2005, en circunstancias similares, dos mujeres JIW quedan mutiladas al encontrarse un artefacto explosivo. Estas pérdidas de vidas y amenaza permanente sin encontrar respuesta a sus reclamaciones, llevó a que la comunidad con arcos y flechas se enfrentara con los militares de la base. La Defensoría del Pueblo hace presencia y pone en conocimiento los hechos ante la Corte Constitucional, la cual determina mediante el Auto 173 de 2012 que la Base debe reintegrar las seis hectáreas cedidas por la comunidad del resguardo Barrancón en 1987.

 

La Corte afirma que no existe un programa nacional serio para manejar la situación, no hay cronogramas, ni presupuestos concretos, pero sí una profunda descoordinación entre las entidades gubernamentales. Desde 2009, cuando la Corte hizo el diagnóstico anterior (el auto 04), se han hecho apenas dos de los 34 planes de protección que ordenó para los pueblos más afectados por la violencia. La Corte en visita al resguardo a los territorios Jiw y Nukak encontró que el 60% de los Jiw han sido desplazados. Los nómadas Nukak están tan debilitados por su confinamiento forzado en San José del Guaviare que no hay ni siquiera una autoridad del pueblo con quién concertar, mientras los indígenas se están muriendo de hambre como indigentes. La Corte señaló que las Fuerzas Armadas deben cumplir los requisitos del derecho internacional humanitario y el Convenio 169 de la OIT, que exigen que la ubicación de instalaciones militares en territorios indígenas debe ser consultada previamente con los afectados, precaver daños y ser estrictamente necesaria.

 

En la actualidad existen conflictos al interior del resguardo debido a que los Capitanes, máxima autoridad del Resguardo, han hecho manejo inadecuado de los recursos de las transferencias y al ser cuestionados han optado por abandonar el resguardo. Los JIW poco se relacionan con el exterior puesto que solo hablan en su lengua materna y es difícil su interpretación por agentes externos. Sin embargo, esta situación les ha dado visibilidad ante las instituciones, lo cual les ha permitido hacer otras demandas como el respeto a su autonomía, la consulta con la comunidad todo proyecto que tenga relación con el resguardo y la asignación de profesores. Darío Paiva, profesor del resguardo, señala: “hoy nosotros como pueblo JIW quiere volver a su vida habitual indígena, a un lugar libre para trabajar, continuar y desarrollar su cultura, recuperar su territorio libre de minas antipersonales y de la presencia de grupos armados irregulares, volver a tener libre movilidadsin sentirse confinados y aislados, recuperar su capacidad de organización y de interlocución que fue desintegrada por los grupos armado y el narcotráfico, conseguir su comida típica, la caza, la pesca y utilizar sus plantas medicinales para curarse”.