La hidroeléctrica Urrá lleva ya quince años de funcionamiento y pone en evidencia que los temores de Ríos Vivos no son para nada infundados. Urra está ubicada sobre el río Sinú, en el departamento de Córdoba, en el sitio denominado Mano Vieja.  La presa está localizada 30 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Tierralta, en un área estimada de 74 kilómetros cuadrados.  La hidroeléctrica tiene una vida útil que se estima en 50 años, almacena un volumen de cerca de 1.740 millones de m3 de agua, una capacidad instalada de 340 megavatios y la cuenca que aporta agua a La Hidroeléctrica tiene una extensión de 4.600 km2. En noviembre de 1999 Urra I se puso en funcionamiento y ha originado profundos cambios en los niveles de agua del río Sinú. El caudal del río fluctúa entre 75 m3/s y 700 m3/s, dependiendo de la demanda de energía del sistema interconectado nacional, regulación artificial del río que ha generado profundos impactos ambientales y sociales en la zona Delta del río en su bahía de Cispatá que ponen en riesgo la existencia física y cultural de unas 2.500 familias de campesinos que habitan en esta frágil región. Pero además, se evidencia un Impacto sobre los ciclos de recuperación de las poblaciones de peces, disminución de los ingresos económicos familiares, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad, aumento de la presión hacia otros recursos naturales (manglares), desplazamiento de mano de obra productiva, presión por la tenencia de la tierra por parte de sectores productivos beneficiados por las nuevas condiciones (industria camaronera y turística. La comunidad de pescadores se queja también de la baja en la talla y peso en las capturas.

 

En repetidas oportunidades los pescadores y la comunidad indígena Embera Katío del alto Sinú aunaron esfuerzos para protestar contra la construcción de Urrá I. Estas dos comunidades no fueron consultadas para conocer si estaban o no de acuerdo con el desarrollo del proyecto. En diciembre de 1992 el gobierno colombiano declaró el área como de utilidad pública e interés social anteponiendo una vez más las prioridades de desarrollo nacional, sobre la cosmovisión, las costumbres y las culturas de estas dos comunidades. Todas las acciones jurídicas, legales y las protestas no rindieron los frutos esperados ya que en el año 1996 se procedió a iniciar el llenado y en el año 2000, la hidroeléctrica estaba ya en pleno funcionamiento. 

 

También la población de pescadores, con la certeza de que el proyecto hidroeléctrico implicaría la pérdida de su cultura y de su territorio, se movilizó y llamó la atención de la opinión nacional e internacional sobre la gravedad del asunto. Las comunidades de pescadores se encuentran organizadas en dos asociaciones, Asprocig, Red de Pescadores de Tierra Alta y recientemente constituyeron la llamada Red Regional de Pescadores a pequeña escala del Caribe colombiano, REDEPESCA.

 

ASPROCIG es una organización comunitaria de base de segundo nivel, conformada por grupos familiares de campesinos, pescadores e indígenas. Tiene su sede principal en el departamento de Córdoba en la ciudad de Lorica. Busca mejorar en forma integral la calidad de vida de las familias campesinas, de pescadores e indígenas asentadas en los alrededores de los humedales del bajo Sinú, que integran los grupos afiliados a ASPROCIG, así como restaurar y manejar integralmente los humedales de la cuenca baja del río Sinú con los que las comunidades afiliadas a ASPROCIG interactúan directa e indirectamente. Pretende también fortalecerse como un proyecto organizativo de base, que oriente y lidere en la subregión del bajo Sinú, procesos autónomos y alternativos de Desarrollo Humano Sostenible.

 

Para la época se llevaron a cabo varias acciones legales, combinadas con movilizaciones y denuncias que contaron con la solidaridad de algunos sectores de la sociedad colombiana e internacional. El tema de la represa generó un movimiento sin precedentes: 700 pescadores y más de 660 indígenas Embera Katío de todas las edades emprendieron la primera gran movilización por el río Sinú en 42 balsas, durante 12 días, en la jornada llamada “Do’wambura” o despedida del río como forma de protesta por la aprobación de la licencia para el llenado de la represa.

 

Quince años después de que se iniciara su llenado, este proyecto se constituye en un acontecimiento nefasto por el daño causado a la comunidad de pescadores. La acción colectiva de defensa del territorio, la cultura y la autonomía, desarrolló estrategias de resistencia pacífica para permanecer en el territorio. Además de dichas acciones, se realizaron intervenciones jurídicas ante distintas instancias nacionales e internacionales, apoyadas por la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras organizaciones. Las acciones han tenido el objetivo de promover y defender los derechos humanos y los derechos de las comunidades de pescadores, impedir daños mayores, y obtener la verdad, la justicia y la reparación integral de sus derechos.

 

La relación con el Estado no ha sido la mejor ya que los pescadores ven al Estado como un aliado de la Empresa, que los desconoce en sus demandas y reclamaciones. La situación es tal que en el Primer Encuentro Regional de Pescadores a Pequeña Escala del Caribe en diciembre de 2011, organizado por ASPROCIG y la Fundación Liceo Politécnico del Sinú, se le exigió al Estado “el desmantelamiento inmediato de la central hidroeléctrica URRA I por ser un proyecto generador de destrucción de nuestros territorios, de nuestra cultura, de la biodiversidad que nos sustenta y responsable de inundaciones catastróficas y prolongadas en la cuenca baja del río Sinú”.

 

 

El 15 de noviembre de 1994 se realizó el Do’ wambura o despedida del río. Un año después se hizo la ocupación pacífica de instalaciones del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá. Al año siguiente se hizo la ocupación pacífica de la Embajada de Suecia. En noviembre de 1997 se realizó una marcha desde Lorica a la sede de Urrá S.A. en Montería y otra marcha al siguiente año desde las cuencas Altas y Baja del Río Sinú hasta el Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá. En 1999 se hace la ocupación pacífica de la Embajada de España y al final del mismo año los Resguardos Indígenas del Alto Sinú marchan a Bogotá y 120 personas ocupan pacíficamente los jardines del Ministerio del Medio Ambiente por varios meses. Entre 1996 y 2000 se realizaron cinco Foros Nacionales de información y denuncia, organizados por el Comité Nacional de Apoyo a las comunidades de la Cuenca del Río Sinú y durante el mismo lapso se realizan 26 conferencias públicas en universidades y colegios. La continua actividad contestaría no ha generado, sin embargo, respuestas significativas del estado y la empresa. Sin embargo, este proceso se constituye sin duda en espejo de las consecuencias de este tipo de megaproyectos.