Varias jornadas nacionales de “protesta y paros indefinidos”[1], que reunieron en un principio tres sectores agropecuario, salud y transporte, pasó a ser denominado paro agrario y popular dados los pliegos de peticiones y el gran número de población campesina participante consolidando el sector rural como eje de las actividades[2]. Así se consolidó el paro nacional, al que nuevos grupos sociales, agremiaciones y sectores se vincularon y que configuró la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA. Una expresión de tal magnitud es comparable, según algunos analistas, al paro cívico de 1977 en el gobierno de Alfonso López[3].

 

El 19 de agosto de 2013 comenzó en el país un paro nacional agrario y popular como una reacción ante los bajos ingresos del campesinado, la desigualdad en la competencia de mercados, los altos costos de producción, los costos excesivos de los agroquímicos y en si la carencia estructural en el campo colombiano. Esta situación que no es nueva, se profundizó al entrar en vigencia y desarrollo activo los tratados de libre comercio (TLC) que ha venido firmando el gobierno con diferentes países. Aunque estos tratados han favorecido ampliamente a algunos sectores agroindustriales, ha generado efectos negativos de medianos y pequeños productores, que tenían un nicho comercial en el mercado interno, el cual se ha visto inundado de productos foráneos como es el caso de los lactosueros, el maíz y la papa, que entran a precios más bajos que los nacionales, usualmente porque quienes los producen en otros países tienen su producción subsidiada de varias maneras por el Estado. Pero además, los agroquímicos, abonos, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, han mantenido un aumentos progresivo, todo lo cual pone a los productores nacionales a competir en condiciones adversas y perversas.

 

Desde 2010 Colombia ha vivido un número inusual de demandas por parte del sector agrario. Productores de café, cacao y leche encontraron en los paros una vía para visibilizar ante la sociedad y el estado sus problemas, pero también arroceros, maiceros y guayaberos, entre otros hicieron sentir su voz de protesta, que fueron tramitadas a través de mesas y acuerdos en las cuales el gobierno se comprometía a resolver algunos problemas si se disolvían dichas manifestaciones. Pero las soluciones no llegaron, los acuerdos no se cumplieron y las condiciones del campo no cambiaron. La situación del campo colombiano se agravó, los subsidios que buscaban mejorar los precios de algunos productos no fueron suficientes o en algunos casos no llegaron a los campesinos[4], los beneficios técnicos y tecnológicos no llegaron al pequeño productor[5], las infraestructuras necesarias para poder desarrollar las actividades agrarias no se realizaron, plantas de procesamiento, cuartos fríos y otras promesas, no se construyeron. Con un crecimiento del 4% [6] en 2012 y 2013 era evidente que los beneficios del crecimiento económico no se estaban redistribuyendo entre los pobladores rurales.

 

Tras meses de reuniones previas, los diversos sectores ya mencionados concretaron unir fuerzas para reclamar en unidad demandas y peticiones que respondieran a problemas estructurales de desarrollo, estrategia que el gobierno nacional intentó desmontar a través de negociaciones cerradas con grupos pequeños y sectores específicos, buscando debilitar la jornada cuya hora cero fue el 19 de agosto de 2013. Mirando el proceso se identifican cuatro momentos.

 

El primero, de consolidación y fortalecimiento, ocupa los primeros diez días. Los diferentes sectores sociales campesinos, transportadores de carga y trabajadores de la salud, entran en cese de actividades y desarrollan marchas, bloqueos de carreteras y foros informativos para que la sociedad en general esté informada de sus motivos y se solidarice con el paro. Las primeras marchas no tuvieron el impacto que se esperaba; el 20 de agosto se había convocado a una gran movilización en las principales ciudades del país cuya asistencia fue mínima. Sin embargo, bloqueos de carreteras de Colombia mostraron su efecto muy rápido con el desabastecimiento de alimentos en las ciudades. La adhesión de los estudiantes universitarios a este proceso contestatario, con actos culturales, pupitrazos y marchas fue fundamental, si bien con frecuencia se terminaba usando vías de hecho. Así, por ejemplo, durante cuatro días hubo enfrentamientos entre el ESMAD y los estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia sedes Bogotá y Medellín, la Universidad Pedagógica, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Nariño, y la Universidad Distrital.

 

Mientras estos enfrentamientos se daban en las ciudades, en los campos del país se daban a conocer denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública para desbloquear las vías. Los medios alternativos de comunicación jugaron un papel trascendental para informar desde todos los rincones del país, generando un interés masivo en las redes sociales lo cual amplió el número de simpatizantes del paro.

 

El sábado 25 de agosto el presidente Santos señala que “ese tal paro nacional agrario no existe. Hay algunos sectores de algunos departamentos que tienen legítimas reclamaciones que están pidiendo ayuda del Estado de forma legítima… Decían que van a aislar a Bogotá, no hay tal, son 10 o 15 personas, la situación está bajo control", señaló[7]. Este menosprecio al proceso reforzó un sentimiento colectivo de apoyo al paro nacional. En Tunja, Bogotá y Medellín se realizaron cacerolazos en apoyo al paro agrario y popular. Los bloqueos en Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Cauca, Santander y Bolívar profundizaron el desabastecimiento de alimentos y la respuesta represiva se intensificó, mientras el gobierno perdía legitimidad. Las marcha de la ruana, como símbolo campesino, y los lemas “Todos somos agrodescendientes” fueron parte de la manera como se tejieron solidaridades de las poblaciones urbanas con los campesinos.

 

Hacia finales de agosto se genera un segundo momento marcado por la crisis y deslegitimación del paro. Al cierre de una multitudinaria marcha en la Plaza de Bolívar de Bogotá se generan disturbios masivos que luego desencadenan asonadas en localidades como Suba y Usme y en el municipio de Soacha, donde los transportadores desde el día 28 de agosto se habían unido al paro. Esto modifico la visión positiva del paro agrario que quedó reducido a las imágenes de vandalismo y saqueo y que intensifico la militarización en algunas ciudades, ordenando el desalojo por la fuerza de las vías del país. La mesa de delegados se levanta. En el transcurso de estos enfrentamientos se hizo claro que los manifestantes que provocaron estos desmanes no eran los campesinos; a diferencia de los primeros días de paro donde la fuerza pública arremetía contra los manifestantes y estos actuaban en legítima defensa, en este día grupos en su mayoría jóvenes se tomaron las calles para destruir casas, robar tiendas y saquear.

 

“La respuesta oficial a la movilización de las comunidades ha sido particularmente violenta: de acuerdo con la comisión de derechos humanos de la organización del movimiento, el 10 de septiembre se contabilizaban 12 personas asesinadas, 506 heridos, 4 desaparecidos y 262 detenidos de manera arbitraria” (Fajardo, 2013)[8].

 

A pesar del sentimiento de desconcierto generado por los enfrentamientos del día anterior, una ciudad militarizada y una mesa levantada, el paro continuó; en las ciudades las actividades de apoyo disminuyeron tanto en número como en poder de convocatoria; en las vías que permanecían bloqueadas los campesinos se preparaban para afrontar los desalojos por medio de la fuerza; los delegados y voceros de los sectores en paro reaccionaron a las palabras del presidente Santos, señalando que los actos vandálicos confirmaban la hipótesis de una infiltración al paro no por la guerrilla como lo afirmaba el gobierno, sino por la misma fuerza pública que generaba y alentaba a los actos vandálicos cuyos desmanes beneficiaban al gobierno colombiano.

 

De esta situación adversa se pasa a un tercer momento de acercamiento y consolidación de rutas de trabajo entre el gobierno y la MIA. Paulatinamente los bloqueos cesaron en algunas regiones, las marchas se reanudaron y el gobierno intentaba llegar a acuerdos. Tras 20 días de paro, las acciones de hecho se levantaron, el gobierno y los voceros nacionales consolidaron una ruta de diálogo, mientras el paro continuaba.

 

Un cuarto momento lo marcan las negociaciones y rezagados. A partir del 10 de septiembre de 2013 la MIA se sienta a negociar con el gobierno. Los camioneros levantaron el paro ya que logaron la reducción del costo del combustible y una promesa de congelar los precios por un tiempo, las peticiones y demandas entraron a discusión. Las discusiones siguieron con algunos puntos de inflexión donde sectores han propuesto reactivar el paro.

 

El jueves 12 de septiembre se celebraron dos encuentros diferentes sobre las políticas que necesita el campo colombiano. Uno fue convocado por el gobierno nacional para firmar un "Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural", mecanismo “a través del cual un conjunto de actores públicos y privados se unen para acordar los lineamientos fundamentales de la política de estado que requiere el país para lograr el desarrollo rural y agropecuario”. El otro fue convocada por el movimiento campesino, indígena y afro, en especial por el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA), quienes propusieron la iniciativa  "Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular" y rechazaron el Pacto porque consideran “que es la reedición del nefasto Pacto del Chicoral que agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma agraria. La gran diferencia radica en que hoy los grandes propietarios e inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños productores para apropiarse de su trabajo y de su sudor”[9]

 

Las protestas estuvieron lideradas por tres tipos de agrupaciones con identidades ideológicas e intereses políticos diversos que recogen luchas de campesinos distintos en términos económicos (Salcedo y otros, 2013):[10] i) La Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo –MIA- reúne a campesinos de agricultura de subsistencia y es liderado por Fensuagro y los sectores agrarios del movimiento Marcha Patriótica, quienes enfatizan en la necesidad de un ordenamiento social y productivo del territorio colombiano a favor de los pequeños campesinos o campesinos sin tierra, como las Zonas de Reserva Campesina, ZRC. ii) El Coordinador Nacional Agrario, CNA, está compuesto por organizaciones locales y regionales de campesinos que se identifican con la agricultura familiar en transición. El CNA nace de los Foros Nacionales Agrarios que se dieron entre 1997 y 1998, y hace parte del Congreso de los Pueblos, plataforma que surge de la Minga de Resistencia Social del 2008. Su propuesta se orienta a proponer “mandatos” para transformar la inequidad e injusticia del país y busca el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos a nivel constitucional. iii) Dignidad Agraria y las Dignidades gremiales son una tercera agrupación que asocia campesinos con una agricultura familiar consolidada, están articulados al proceso de Salvación Agropecuaria que desde la década de los 90 ha venido liderando a los medianos productores nacionales en la lucha por condiciones justas de comercio y mercado y rechazan los procesos de apertura económica y libre comercio; históricamente estaba representados por el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, y más recientemente tienen espacio en el Polo Democrático, en cabeza de Senador Robledo. Su estrategia en la negociación fue la de crear mesas locales y gremiales con el Gobierno, con pliegos diferenciados.

 

En el paro fueron claras las influencias que manejaron grupos políticos de izquierda y derecha, quienes señalaron la debilidad del gobierno, su falta de políticas públicas que atiendan a las problemáticas del campo y buscaron su oportunidad para abrir alianzas con miras a las próximas elecciones.

 

Mirado en su expresión regional el paro tuvo particularidades en virtud de sus condiciones geográficas, sociales y políticas. Contamos en nuestra base empírica con la documentación de Caquetá, Putumayo y Tolima. Siguiendo el análisis que hace el CEI, las dos primeras estarían más situados en la influencia de agricultura de subsistencia y el Tolima comparte quizá los tres tipos de agricultores.