El primer día de agosto de 2012, los pequeños mineros y barequeros legales del Chocó representados por la Federación de Mineros del Chocó, Fidemichoco realizaron un paro regional en protesta por los persistentes operativos de cierre de sus minas, el fracaso de las promesas de formalización de este sector parte del Gobierno Nacional y el total desacuerdo con la política de la locomotora minero-energética. 

                                                      

La minería ha sido la base primordial de la economía chocoana; sus primeros poblados como Istmina, Novita y Condoto fueron creados como asentamientos mineros que extraían el oro por mazamorreo o barequeo que aún persiste.  Actualmente el 55% de la población en el Chocó se dedica directa o indirectamente a esta actividad (Fedemichoco, 2011)[1].  Por ello, la historia, la economía, la cultura y el territorio, ha estado y está unida profundamente a la extracción de metales preciosos. La actividad minera fue expandiéndose al departamento no con la actividad del mazamorreo, sino con la utilización de maquinarias como dragas y retroexcavadoras, con las cuales los “paisas”, como son llamados los foráneos por las comunidades, practican la minería aluvial o a cielo abierto, que ha originado grandes efectos negativos de tipo social, cultural y ambiental.

 

Desde 1992 reposan en las oficinas de Ingeominas múltiples solicitudes de títulos por parte de pequeños mineros y de los consejo comunitarios del Chocó, sin respuesta positiva. “A nosotros no nos dan el título a pesar de que llevamos 10 años haciendo minería de hecho. Y a las multinacionales les dan el título al año, o a los dos años. Nosotros queremos formalizarnos, asociarnos con el Estado para hacer una minería moderna. No vamos a decir que somos unos santos, sabemos que la minería tiene un alto impacto. Por eso necesitamos que el Estado nos ayude” (Entrevista a Ariel Quinto en lasillavacía.com 2012). 

 

El plan minero ha eliminado las barreras para las concesiones mineras sobre predios protegidos o zonas de reserva que se encuentran estrechamente relacionados con los territorios colectivos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, por ende, con su supervivencia. Se eliminaron los requisitos ambientales en la fase sísmica y exploratoria, y se ha burlado de distintas formas la exigencia de consulta y consentimiento previo de los grupos étnicos.  El gobierno ha excluido de sus expectativas en la industria minero-energética, la extracción artesanal sin diferenciarla de la minería ilegal a gran escala. De esta manera, las comunidades que extraen artesanalmente sus recursos, ante la incapacidad económica de conseguir títulos mineros debidamente inscritos, se convierten automáticamente en delincuentes (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ¿Prosperidad para quién?, 2012).  Además, determinó un plazo de dos años no prorrogables a partir de la expedición de la ley para la legalización de títulos mineros, es decir, hasta febrero de 2012 (Idarraga, 2012).  El  gobierno insiste en calificar la pequeña minería   como en  una  de  las  principales  fuentes  de  financiación   de  la  guerrilla  y  de  las  bandas  criminales, hecho que no se puede generalizar.

 

El 16 de mayo de 2012, convocados por la CUT, USO, SINTRACARBÓN y RECLAME, se dio una reunión en Bogotá con más de 70 dirigentes de todos los procesos sociales del país que están enfrentados a los grandes proyectos mineros, petroleros y energéticos, con el propósito de acordar un plan de acción conjunto para defender la vida y frenar la “locomotora minero-energética” del actual gobierno nacional (Fedemichoco, 2012). Allí se acordó realizar la Primera Jornada Nacional de Movilización: Defendamos la Vida, Frenemos la Locomotora Minero-Energética, realizada el 1 de agosto de 2012.  Previo al paro se dieron muchas especulaciones; se decía que el paro estaba financiado por grupos al margen de la ley y aparecieron unos panfletos tratando de intimidar a la gente para que no lo apoyara y se rumoraba que iba a haber disturbios. Sin embargo, “miles  y miles de chocoanos que laboran de sol a sol en las quebradas y ríos de las cuencas del Atrato y el San Juan dejaron de lado sus entables mineros y en canoas y buses se trasladaron a Quibdó; coreando consignas como: Somos mineros; no somos bandoleros. Viva la pequeña minería del Chocó. El Chocó sin economía. No más entrega del Chocó a las multinacionales (Semanario local Chocó 7 días, 2012).  

 

El llamado fue atendido por el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería cuyos funcionarios llegaron al mediodía a Quibdó a concertar con los pequeños mineros.  La necesidad de formalizar a los mineros fue la conclusión principal, debido a que hoy buena parte de la extracción de oro y de platino de la que vive el grueso de la población, se está haciendo sin títulos y sin licencia ambiental, lo que termina favoreciendo a las empresas y en algunos casos desplazando a los pequeños mineros, reconoció Luis Gilberto Murillo, gobernador de Chocó (Equipo de Prensa Gobernación del Chocó y Alcaldía de Quibdó, 2012)[2]. 

 

El primer paso acordado fue la expedición de un decreto que reducirá los trámites que tienen que seguir los mineros a la hora de conseguir un título para la extracción; con esta nueva decisión, Chocó entra al proyecto piloto de formalización del que hasta ahora forman parte Cundinamarca y Boyacá, Bajo Cauca y el sur de Bolívar. Paralelo a la culminación de la reunión de concertación, quedó levantado el paro minero después de casi cinco horas de negociación.