Durante muchos años los diferentes municipios del pacifico caucano y nariñense vieron pasar diferentes alcaldes. Pero sus servicios públicos seguían deficientes o inexistentes. ¿Se podría hacer algo? Algunos se atrevieron a formular denuncias que nunca prosperaban por el descarado robo y despilfarro de recursos. Fiscalías, procuradurías y contralorías,  funcionan quizás con el que se roba la gallina pero jamás con el que se roba la granja. Después de un paro en Guapi en 2013 que dejó meros acuerdos que pasaron al olvido, y luego de que nada pasara, algo se movió.  Los pueblos costeros de Nariño se levantaron en paro de actividades el 10 de agosto de 2014, paralizando todas las actividades como la educación, el comercio, la entrada y salida de embarcaciones aéreas y terrestres hasta que una comisión del gobierno de alto rango, con capacidad de tomar decisiones, hiciera presencia en la región. El paro estaba motivado por el abandono del Estado, la falta de servicios públicos y, en especial, por la alta corrupción administrativa que se evidencia en que se gastan los presupuestos, pero no hay obras. Tampoco hay responsables de ese detrimento patrimonial; difícilmente un alcalde termina respondiendo judicialmente.

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Las demandas de ese paro eran por cuestiones básicas: mejoramiento del sector educativo, desarrollo rural, agua potable y saneamiento básico, energía y conectividad, se plantea una creación de una bolsa de recursos para resolver estos inconvenientes. En esta región del país, costa pacífica caucana y nariñense, el Estado hace muy poca presencia excepto la fuerza pública después de la llegada de la coca y en tiempos de elecciones. En las cabeceras municipales los servicios públicos brillan por su ausencia; el servicio de energía para zonas no interconectadas pasó de 6 horas a 12 y luego a 24 en los últimos 5 años. Ningún municipio tiene agua potable ni servicio adecuado de alcantarillado. La educación tiene unos niveles muy bajos en las pruebas Icfes y Saber, quizá son los más bajos del país. Los alcaldes pasan sin avanzar en ninguno de estos aspectos y las denuncias que muy valerosamente hace la comunidad no siguen su trámite porque fiscales y jueces son parte activa de los recursos públicos extraídos por los mandatarios de turno. De esa manera el abandono es total y la corrupción no tiene fin ya que los organismos destinados a controlarla son más corruptos que los alcaldes a quienes deben investigar. Ante esta realidad saltó una chispa que junto con otras dio nacimiento a esta acción colectiva en cuestión.

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Esta protesta se motiva por la poca presencia del estado, por la falta de servicios públicos y por la no inclusión de las comunidades en los planes de desarrollo y por la permisividad de los organismos de control con la corrupción, que generó un paro en 2013 en Guapi y quedaron unos acuerdos. Ninguno se cumplió.

La manifestación pacífica inició el 10 de agosto con la exigencia de cumplimiento de los acuerdos pactados en el anterior paro cívico del 2 de julio del 2013. En aquella ocasión planteaba temas relacionados con la ingobernabilidad municipal, la violación de los derechos humanos, la inoperancia de los organismos de control y la creciente crisis de todo orden (Cococcauca.org 2015/08/21).

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Esta acción colectiva fue dirigida contra el estado colombiano, específicamente contra el gobierno y sus organismos de control que no cumplen con sus funciones estatales y la gente los percibe como entes corruptos. Fue realizada por líderes y lideresas de los municipios de la costa caucana -Guapi, Timbiquí y López de Micay- y municipios de la costa nariñense -El Charco, Iscuandé, La Tola, Maguipayan, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payan y Francisco Pizarro-. En estos municipios se paralizó totalmente durante los 11 días que duró el paro. En cada uno de los municipios involucrados se realizaron marchas. Se cerraron todos los puntos de comercio, bancos, alcaldías y colegios durante 12 días. Hubo disturbios, gases, vidrios rotos de oficinas y vehículos. Señalamientos de guerrilleros a los dirigentes del paro, incluso privación de la libertad a Marino Grueso que, posteriormente, fue candidato a la alcaldía de Guapi y hoy sigue preso.

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A Iscuandé, municipio epicentro de las negociaciones, llegó una comisión sin mayor poder de toma de decisiones y no fue aceptada.

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En Timbiquí llego un vuelo comercial de la empresa TAC (Transporte Aéreo de Colombia) que vuela diariamente Cali- Timbiquí-Cali y Guapi-Cali-Guapi y otros destinos del Pacifico, que fue retenido por los manifestantes después de sacar a todos los pasajeros. Esto llamó la atención del gobierno departamental al cual se le exigió la presencia y que sirviera de puente para comunicarse con el gobierno nacional que, de inmediato, mandó grupos de antimotines a disolver la manifestación, pero la entrega de la comunidad a la protesta no permitió que sucediera.

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Estos hechos y otros en los demás municipios hicieron que el gobierno desplazara después de varios días de paro una comisión con mayor poder de discusión. Los representantes del gobierno fueron el Secretario de infraestructura, hoy gobernador del Cauca, el Gerente de la empresa ENKA servicios del Cauca, el Secretario de Educación departamental, el Secretario de Desarrollo Rural, el Secretario de Gobierno y otras secretarías. Estos señores gestionaron la presencia de altos mandos del gobierno nacional para la mesa de concertación en Iscuandé como el Viceministro de Agricultura, Viceministro del interior, delegado de la Contraloría, Oficina de transparencia de la república, Gobernadores de Nariño y Cauca, Gerente del programa gerencia del Pacifico, Defensoría del pueblo.

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Se estableció una mesa de concertación entre el gobierno en cabeza del Ministerio del Interior y 13 voceros de los municipios.

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Un documento de las comunidades señalaba las siguientes decisiones y propuestas:

1. Revocamos los mandatos de los actuales gobiernos municipales y su régimen municipal, caracterizados por la corrupción e ilegitimidad; como también las personas que hayan ejercido en las alcaldías o cualquier cargo administrativo y tengan cuestionamiento por corrupción, no podrán volver a aspirar a ningún cargo administrativo.

2. Todo esquema de Ordenamiento, Plan Básico, Contratos, Plan de Desarrollo o actividad que tenga que ver con recursos públicos tienen que ser creados, aprobados y vigilados por las Asambleas Populares en cada municipio; en conjunto con el Concejo Municipal o Alcalde Municipal según el caso. La Asamblea tiene la función de vigilar, suspender, revisar, revocar y exigir toda información, con el objetivo de hacer cumplir con el mandato establecido.

3. Prohibimos el ingreso de las transnacionales a nuestros territorios, declarando que nuestras comunidades tienen autonomía propia para hacer uso del suelo y del subsuelo del país.

4. Declaramos que la Paz tiene que ser con Justicia Social, donde todos los colombianos y colombianas accedemos de forma equitativa y digna
   frente a los derechos fundamentales de salud, educación, empleo, participación política, etc. Apoyamos los diálogos de La Habana y demandamos del gobierno nacional que se firme un acuerdo de cese bilateral al fuego mientras se logra un acuerdo de Paz. Los muertos y víctimas en el conflicto, todos y todas son de nuestra clase y son hijos e hijas del pueblo.

5. La definición del presupuesto municipal contará con la participación de las comunidades, quienes definen la política tributaria a aplicar sobre los bienes esenciales de la canasta familiar y el sobrecosto de gas y combustible en nuestros municipios.

6. El pueblo en su autonomía de elegir a sus mandatarios, evaluará los resultados administrativos de los mismos por medio de asambleas comunitarias, respetando la soberanía declarada constitucionalmente para todos los colombianos y colombianas.

7. La fuerza pública retomará las funciones para las cuales fue creada: “Salvaguardar la soberanía del pueblo colombiano con respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y saldrán de los cascos urbanos y rurales cercanos a la población civil. Basta ya de la utilización de la fuerza pública y violaciones de Derechos Humanos, para respaldar la debilidad o impotencia administrativa de los gobernantes de turno, frente a la libre expresión del descontento del pueblo con las administraciones corruptas.
    

El Viceministro de Agricultura se comprometió a poner todos los programas del ministerio en la zona; el Viceministro del Interior a llevar el mensaje a presidencia, velar por la seguridad de los dirigentes del paro, darles un teléfono y un salario mensual; el delegado de la Contraloría pidió disculpas por la inoperancia de la institución y llevar y revisar todas las investigaciones en curso, ya que uno de los pilares del paro era la corrupción administrativa y el silencio de los organismos de control.  Se creó la Comisión de la Verdad y la transparencia que fue uno de los logros del paro en el papel, cuyo objeto es reunirse cada mes en diferentes municipios de sede del paro para revisar los diferentes casos y denuncias de corrupción. La comisión alcanzó a reunirse dos veces después del paro.

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El paro cívico logró la suspensión del Alcalde del Municipio de Guapi, Yarley Ocoro. El gobernador del Cauca informó de la suspensión indefinida del alcalde de Guapi y el júbilo del pueblo fue total considerando el problema de ingobernabilidad y por ende todos los factores de parálisis municipal. La oficina de Transparencia de la Presidencia de la República ha podido verificar corrupción administrativa en Iscuandé (Nariño), pero allí no sucedió nada.

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Hubo señalamientos por parte del batallón de infantería # 42 contra líderes del paro cívico en Guapi. Algunos líderes destacados del paro cívico 2013 y en la costa pacífica y nariñense 2014, los han incriminado de guerrilleros desde la emisora Marina estéreo, del batallón de infantería marina No 42 con sede en Guapi. Por ello se exige el respeto a la dignidad como parte de los acuerdos pactados con el gobierno en el proceso de concertación de agosto a octubre de 2014 y que fue una de las consignas que se hizo desde el movimiento del paro cívico donde se expresaba no estigmatizar a los promotores del movimiento.

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Posteriormente al paro, detienen a Marino Grueso Obregón candidato de la UP a la alcaldía de Guapi, en la costa Pacífica Caucana. El día 20 agosto 2015 cuando Marino Grueso lideraba la intención de voto para la alcaldía Municipal, a las 4:00 pm hombres de la fuerza pública allanaron la casa donde reside el candidato y se llevaron a su padre y a su cuñada a quienes la incriminaron porte ilegal de armas y concierto para delinquir. El candidato fue a esta audiencia a Popayán y agentes de la policía lo retuvieron privándolo de la libertad hasta hoy sin haber podido ser condenado por falta de pruebas y estando detenido desde esta fecha. Aun así sacó la segunda votación para la alcaldía, como lo señala Paula Grueso.

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Dos jóvenes del municipio de Magüi Payán (Nariño) que lideraban el paro cívico fueron asesinados en extrañas circunstancias entre los días 28 de septiembre y 8 de octubre/14. Este paro por estar dirigido contra la corrupción despertó mucho malestar que en las elites de la región y muchos enemigos de los líderes o personas representativas de la acción colectiva. Marchar o protestar era estar en contra de alguien.

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Después de 11 días de parálisis, el 23 agosto de 2014, una comisión del alto gobierno encabezada por el Viceministro del interior, se firmó un acuerdo para un proceso de concertación orientado a la gestión de políticas sociales para las comunidades del pacifico sur e impulsar acciones especiales para atacar el flagelo de la corrupción. El acuerdo quedó expresado en tres componentes.

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1. Formalización de una mesa regional del pacifico sur reconocida por el gobierno como espacio de interlocución y concertación entre comunidades y el gobierno colombiano, en esta mesa se concertarán y dinamizarán políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo social.

2. Se establece una mesa denominada comisión de la verdad y la transparencia integrada por la contraloría, la procuraduría y la fiscalía con la dirección de la oficina de la transparencia de la presidencia de la república.

3. Garantías de protección a los líderes y otras personas dinamizadoras y participantes del paro que puedan ser objeto de señalamientos, agresiones y amenazas por parte de empresarios, políticos o fuerza pública.

 

Con la firma de este acuerdo entre las partes se levantó el paro cívico pacifico de las comunidades del Pacifico sur.

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Sin embargo, Harrison Palomino participante del paro por Timbiquí, no ve con muchas esperanzas la acción colectiva porque a la fecha no ha pasado nada; dice que se realizaron dos reuniones de la Comisión de la verdad en Guapi después de los acuerdos y no se han vuelto a reunir. El dejó de ir a las reuniones porque eso le representaba más gastos y en las mesas no se avanzaba en nada. Los teléfonos y salarios con que se comprometió el Viceministro del interior nunca llegaron. El alcalde de Timbiquí, Jose Victor Amu, tomó el paro como personal, tildó a los líderes del paro de guerrilleros y no reconoció la actividad; abrió su tienda como desafío a la comunidad y allí tuvo que intervenir la fuerza pública para proteger la seguridad y los bienes del negocio.

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La gente volvió a sus quehaceres cotidianos porque su vida y sus ingresos están en el trabajo que realiza y los compromisos no dan espera; quizás esa sea la ventaja del gobierno y juega con eso.

El paro fue convocado por diversas instancias. Un ejemplo de la red que allí se tejió  se evidencia cuando se identifican los grupos participantes en Guapi: el Movimiento étnico popular del Pacífico, COCOCAUCA, SUTEC, ASOINCA, JUNPRO, COOPMUJERES, Fundación Chiyangua, Consejo Comunitario San Francisco, Consejo Comunitario Río Guajuí, Consejo Comunitario Bajo Guapi, Mototaxistas Unidos, Coteros Unidos, Grupo de Pulperas, ASODESPASUR, Iglesia Católica, Pastoral Social y comunidad organizada.