Luego de varias expresiones de inconformidad y de reivindicación, el Catatumbo vuelve a ser noticia el 10 de junio de 2013, por nuevas protestas en la región, que se dieron mediante el bloqueo de las vías Tibú-Cúcuta, frente a la pista del aeropuerto de Ocaña, en la zona conocida como la Y; frente al cementerio de La Esperanza, y otros sectores de carreteras primarias y secundarias que impedían el transporte de alimentos dentro de la región e imposibilitaban que la población no manifestante se movilizara. El paro que duró 54 días exigía que se suspendiera la erradicación de cultivos de uso ilícito, dado que, para una gran parte de la población, este trabajo representa su única opción y medio de subsistencia, sumado a los efectos dañinos del glifosato (herbicida usado para la erradicación), como contaminación de las fuentes de agua, envenenamiento del suelo, muerte o migración de animales y pérdida de los cultivos de pancoger; también, la implementación de la Zona de Reserva Campesina y el respeto de los derechos humanos. 

 

Distintos sectores manifestaron sus apreciaciones sobre la relación que podría existir entre los líderes del paro del Catatumbo y el proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con delegados de la Farc en Cuba. Las visiones, según diferentes posiciones ideológicas, hacen planteamientos tanto positivos como críticos. La posición institucional por parte del el entonces Ministro del Interior señalo que en “el Catatumbo, los actores armados ilegales apuestan por incidir en el proceso, y eso no lo vamos a permitir”. César Jerez, dirigente campesino, líder de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), una histórica organización agraria del Magdalena Medio y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) precisó que “En todas las Zonas de Reserva Campesina hay presencia de las Farc y en una gran parte de ellas, del Eln. Pero lo importante es que tenemos una oportunidad reconocida por el gobierno de sacar adelante un proceso del campesinado, que en esta coyuntura puede ser un aporte fundamental para una reforma agraria materializada (…) en la que se garanticen el acceso a la tierra, su formalización, los derechos civiles del campesinado y, finalmente, hacer en estos territorios lo que el campesino quiere, no las políticas impuestas desde los intereses del poder económico y político”. Jerez fue señalado por tener vínculos con las Farc (Semana, 2013)[1]

 

El tema de las ZRC sigue en el centro del debate dentro del proceso de paz que adelantan Gobierno y Farc en La Habana. Primero fue la guerrilla la que demandó que se garantice el derecho a la tierra a estos colectivos, así como su financiación, hablando de la necesidad de crear 59 zonas con independencia política en 9,5 millones de hectáreas. Para el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no se puede patrocinar la creación de “una constelación de republiquetas independientes” (El Espectador, 2013). Esta acusaciones respondida por Jerez: “No somos ‘republiquetas’. Las Zonas de Reserva Campesina son el acumulado de una lucha del campesinado por la tierra de muchas décadas y lo que buscamos es el reconocimiento político, social, económico y territorial” (El Espectador, 2013)[2].

 

Durante el paro se registraron violentos disturbios. La protesta La oficina de la ONU en Colombia afirmó que pudo constatar que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública. El campesinado, por su parte, respondió con piedras, machetes y, según la policía, ataques con ácido sulfúrico y bombas artesanales.

 

En el acta, resultado de las conversaciones entre los líderes campesinos y la delegación del Gobierno, que se firmó el 2 de agosto de 2013, quedaron planteados los siguientes temas  para ser dialogados y definidos entre gobierno y campesinos: reparación a las familias afectadas con las erradicaciones de cultivos de hoja de coca; garantías para los manifestantes, especialmente para los detenidos por participar en las movilizaciones; asignación de partidas presupuestales para financiar los proyectos de confianza, nombre que los campesinos le han dado a las obras de infraestructura y el hospital de tercer nivel que solicitaron para Tibú; adecuación de vías para el Catatumbo, un anillo vial y un hospital; programa de erradicación progresiva de cultivos de uso ilícito y resiembra de otros productos agrícolas; y construcción de plantas de tratamiento de aguas, energía para los caseríos, proyectos agrícolas alternativos viables.