Dado el abandono secular que ha vivido el Chocó, las protestas y paros han sido un mecanismo que cada cierto tiempo permite la atención del estado central. Así sucedió con la protesta de 1967 denominada “Luz y Agua” por ser esas sus exigencias centrales. Veinte años más tarde un nuevo paro general motivado por la carencia y deficiencia de servicios como agua, energía eléctrica, telefonía, malla vial e infraestructura.

 

Desde el año de 1983 en el departamento del Chocó se crearon algunos comité cívicos, como la Corporación Cívica del Chocó, CIVICHOCO, y el Movimiento de Unidad Chocoanista, en 1986, el cual se convertiría más tarde en el Comité pro-paro cívico departamental, integrado inicialmente por 16 personas (Perea, 2006)[1]. La problemática que enfrentaba el departamento hizo pensar en la realización de una protesta ciudadana en Quibdó, razón por la cual fue presentada la propuesta ante el Consejo Municipal de Quibdó la cual no fue aceptada. Sin embargo, dado que en todo el país se iniciaron una serie de paros y marchas promovidas por concejales de algunos municipios, se volvió a presentar la propuesta logrando su aprobación luego de agitados debates. Así inicio a lo que para muchos ha sido el movimiento más grande en la historia del Chocó.

 

A diferencia de otras protestas, la organización creada en 1987 contaba con el respaldo de todos los estamentos chocoanos: el sector comercial, el magisterio, los gremios campesinos, los movimientos estudiantiles, la organización indígena Embera Waunana (OREWA), el respaldo del obispo de Quibdó Jorge Iván Castaño, la gobernación departamental, la aprobación del Concejo Municipal y el apoyo de los parlamentarios chocoanos. Para que la población se sumara a la jornada se realizaron llamados a la población a través de la emisora Ecos del Atrato. En marzo se realizó un marcha anticipatoria del Paro Cívico que buscaba medir el grado de aceptación y respaldo popular que estaba obteniendo el movimiento. La marcha se convirtió en una gran manifestación y contó con nutrida asistencia de los habitantes de Quibdó que se volcaron a las calles. Este hecho volvió a repetirse el primero de mayo con la celebración del día del Trabajo; un hecho que potenció la manifestación fue el hundimiento del ferry que comunicaba a Quibdó con el San Juan y el resto del país. La fecha del paro se acordó para el 26 de mayo de 1987; con ese horizonte fue más notorio el respaldo popular de la iniciativa.

 

El Paro Cívico duró cinco días. El primer día de iniciación, el pueblo se fue reuniendo desde las 6 de la mañana en el parque Centenario de Quibdó alcanzando las cincuenta mil personas. La jornada tuvo presencia en los 19 municipios de departamento del Chocó que se sumaron en forma práctica y pacífica para apoyar las peticiones del pliego y adicionar sus propias demandas locales como construcción de carreteras, puentes, centros de salud. Los telegramas de la convocatoria precisaban: “medio presente recuérdalo martes veintiséis de mayo efectuarse para cívico departamental reclamar gobierno nacional carreteras servicios públicos aeropuertos telecomunicaciones punto tal motivo despachos públicos ese municipio deben permanecer cerrados tiempo dure punto” (Moreno, 1997)[2]. Todos los municipios y establecimientos acudieron al llamado, el transporte aéreo y terrestre fue paralizado, no salieron ni llegaron buses de y hacia Quibdó y mucho menos aviones. El sector financiero también realizo cese de actividades, al igual que las entidades oficiales de todos los órdenes, quedando así el departamento literalmente paralizado. “No sabemos cómo va a ser el final de paro, pero estoy seguro de que se inició un viaje sin retorno hacia un Chocó mejor” (Cuesta, 1997)

 

Los manifestantes exigían la presencia del gobierno central, mientras que la gobernadora insistía en negociar misma ella y la muchedumbre exigía su renuncia; con los ánimos enardecidos, la jornada culminó con pedradas y enfrentamientos con la policía. A medida que pasaban los días las protestas eran más intensas, día a día la jornada tomaba más fuerza debido a la negativa del gobierno central para enviar una comisión negociadora. Durante todo el día el pueblo protestaba en el parque Manuel Mosquera Garcés, denigrando de la clase política tradicional y haciéndolos responsables del atraso del departamento. Intervenían poetas, cantantes, trovadores y por supuesto, los dirigentes del paro cívico.

 

La respuesta del gobierno central fue la represión militar y la declaración del toque de queda en todo el departamento a partir de las siete de la noche. La muchedumbre se dividía en varios grupos y cada grupo era seguido por camiones repletos de militares y policías, los cuales no permitían el acceso a la plaza. Solamente pudo tener entrar Pablo Lincoln Mosquera, quien protestó con una huelga de hambre. La muerte de un joven por parte de militares hizo que todo el pueblo se volcara a las calles. “Fue tan violento que la policía tuvo que retroceder impotentemente ante las arremetidas del pueblo y la gobernadora escapó escoltada por un grupo de militares enviados por el gobierno central desde Medellín” (Cuesta, 1997)

 

La noticia cobró importancia a nivel nacional y los medios enviaron sus corresponsales al departamento. En ciudades como Bogotá, se creó un comité de apoyo al Chocó y este se encargó de organizar el 26 de mayo una marcha. En Medellín, Cali, Santa Marta, Cartagena, Buenaventura y Villavicencio, se organizaron grupos de respaldo. El 29 de mayo llego el consejero presidencial Carlos Ossa y se inició la discusión y negociación del pliego de peticiones que duro día y medio y culmino con la firma del llamado Pacto Social entre Colombia y Chocó. La mayoría de obras acordadas en el pacto se cumplieron; luego de diez años la población chocoana pudo utilizar el puente de Yuto, la Ciudadela Universitaria, y el edificio del SENA.