En la ciudad de Leticia, Amazonas, también se da una experiencia de ocupación de predios urbanos por familias desplazadas en Leticia Amazonas. “En el marco de una triple frontera que une a Colombia, Brasil y Perú, esta ciudad tiene una relativamente buena presencia institucional estatal que es la que genera la mayor oferta laboral y no tiene problemas de orden público. A Leticia llegan familias desplazadas en diferentes condiciones. Los hay con algunos recursos propios que deciden empezar una nueva vida allí desarrollando sus propios negocios; otros encuentran trabajos no formales e inclusive ilícitos. En este proceso de crecimiento acelerado de la ciudad, se van configurando barrios a orillas del río, que se inundan con frecuencia y se va generando una demanda de vivienda de interés social que no logra resolverse. Aproximadamente un 70% son familias desplazadas por el conflicto armado, las cuales provienen de varios sitios del país, especialmente de Cauca, Huila, Tolima y especialmente de los llanos Orientales, Caquetá y Putumayo. En su mayoría son poblaciones rurales. La gran mayoría se desempeñan en servicios varios, comercio informal y como obreros urbanos. Se ubican a orillas del río dado que no existe un control sobre el asentamiento en esta zona, nadie reclama por ese espacio, el río es la puerta de entrada al puerto civil donde a diario llega alimento que adquieren a precios muy económicos.

 

En abril de 2008, cerca de 100 familias toman posesión de un área que iba a ser destinada por el gobierno local para adelantar un proceso urbanístico de viviendas de interés social o prioritario. La ocupación hecha por familias desplazadas por la violencia busca un lugar donde ubicarse y levantar sus casas. La toma que duró dos días, es respondida por la alcaldía con el desalojo utilizando la fuerza del ESMAD. Se llega al acuerdo de censar las familias y tenerlas en cuenta para los subsidios de vivienda de interés social. El gobierno local impulsa un plan de vivienda popular conocido bajo el nombre de Manguaré I, primer proyecto de vivienda de interés social en el departamento, para 218 familias entre las cuales se incluyen las personas censadas en la toma de abril y otras familias en condiciones de vulnerabilidad provenientes de ribera del río Amazonas. Luego se proyecta una segunda etapa, pero en 2013 se declara la caducidad del contrato al contratista por incumplimiento.

 

Mientras se realizaban las fiestas de la confraternidad amazónica entre los días 15 y 20 de julio del 2012, cerca de 60 familias desplazados por la violencia y población vulnerable, buena parte de ellas encabezadas por mujeres, tomaron posesión de un predio que está en extinción de dominio y reposa en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, perteneciente a Evaristo Porras. Este capo del narcotráfico vivió en la ciudad y la convirtió en un centro de acopio de coca; allí adquirió grandes propiedades entre las cuales se encuentra el lote ubicado en el barrio Iane, sitio de la ocupación. Según un poblador, “Evaristo ayudaba a muchas familias regalando los materiales para elaborar las viviendas. La gente lo quería por eso además de regalar plata”.

 

El propósito de la ocupación era llamar la atención del pueblo leticiano y sus gobernantes, teniendo como referencia la promesa hecha en 2008 cuando se tomaron los predios de Barrio Nuevo. El predio además de ser uno de los pocos espacios para construir en la ciudad, no había tenido un uso preciso, lo cual permitía inferir su disponiblidad.  El objetivo de las familias era obtener la titularidad del terreno para poder levantar sus casas bien fuera con recursos propios o del estado, pues ya estaban cansados de esperar los subsidios y la construcción de las obra de vivienda prometidas tiempo atrás. Otras familias, percatándose de lo que allí sucedía se unieron a la ocupación pero se mantuvieron en humedales cercanos.

 

Tres días después de la ocupación se dio la orden de  desalojo a la fuerza pública; como en este contexto se encontraban madres cabeza de familia, personas con discapacidad, niños y adultos mayores, se hicieron presentes diversas instituciones y la Defensoría del Pueblo medió para que se realizara un desalojo pacífico que se concretó luego de cinco días de ocupación y de varias discusiones internas pues algunas familias que habían cancelado un dinero por el predio no estaban dispuestas a abandonar el predio. Los acuerdos establecidos fueron: i) la alcaldía tramitaría la sustracción del predio y planificaría un modelo de vivienda de interés prioritario en esos predios o en otros; ii) realizar un censo de la población para evitar que otras familias se aprovecharan de la situación; iii) los ocupantes deberían asociarse, hecho que efectivamente sucedió, bajo la denominación Asociación 20 de Julio; iv) quienes ocuparon los humedales fueron también desalojados y constituyeron otra lista para ser atendidos con el proyecto Manguare II. “La toma fue pacífica y así fue su desalojo” comenta un vecino del barrio.

 

Las familias se volvieron a establecer en los barrios marginales que habitaban antes, los procesos de construcción siguen a paso lento y la amenaza de la sanción al municipio y a las familias de barrio nuevo sigue presente. El líder de la toma, Sr Quintero, es acusado de estafa al plantear un desenglobe ficticio del predio. “En el momento de la toma, este señor pierde poder al salir a flote que la escrituración que el prometía era falsa”, afirma una mujer líder del proceso. Posteriormente fue asesinado y aún se desconocen las causas. La Asociación 20 de julio sigue en pie, pero preocupados y temerosos luego de este hecho. Las familias esperan que se cumpla con lo que por sentencia de la Corte les pertenece, la reubicación y asignación de una vivienda digna.  El alcalde de Leticia se encuentra comprometido con los planes de vivienda y con la población involucrada, sin embargo el proceso no tiene celeridad”.