El Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y afectados por represas- Movimiento Ríos Vivos  es una organización local ligada a un Movimiento internacional que recibe el mismo nombre de Ríos Vivos. El movimiento en Antioquia lo componen ONG y comunidades de los municipios del norte y occidente del Departamento localizados en la zona de influencia del Proyecto, representadas en organizaciones campesinas y de productores de los municipios de influencia del Proyecto, como la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango – AMII, Asociación de productores Agrícolas de Ituango – ASOPRAI, Asociación de Comerciantes de Ituango ASCOMI, Asociación de Mineros de Sabana Larga, Asociación de pequeños Ganaderos de Ituango- ASOGADI y Juntas de Acción Comunal de los municipios de Briceño, Toledo, San Andrés de Cuerquia e Ituango. Según un funcionario del Ministerio Público entrevistado, existe un limitado tejido social organizativo lo cual genera que las ONG y académicos asuman la personalidad política de los campesinos de la zona, situación que estos avalan y valoran pues se constituye en un mecanismo de protección pues las reclamaciones son lideradas bajo la figura de un movimiento nacional - internacional.  Sin duda hay complementariedades y diferencias entre estos dos grupos que con un propósito común tienen condiciones y experiencias diversas. Una de estas radica en que la principal preocupación de los primeros pareciera ser lograr la inclusión en el censo de afectados y discutir sobre los valores de las indemnizaciones; las ONG tienen unos marcos más orientados hacia la discusión del modelo minero energético en el país y la oposición a proyectos de este tipo.

 

Una de las ONG que participa del Movimiento cumple el rol de acompañante jurídico, ha representado a los integrantes del Movimiento que han sido judicializados y recientemente promovió la solicitud de una audiencia sobre la construcción de mega represas en Colombia y la política minero energética.  Un grupo de reclamantes que se destaca en el proceso son los pequeños mineros o “barequeros” como ellos prefieren ser nombrados; se ha buscado el reconocimiento de esta actividad en el Río Cauca, dentro de la zona de influencia del Proyecto, como patrimonio cultural inmaterial.

 

Ríos Vivos se opone a la construcción de las represas al considerar que son nocivas para el medio ambiente, para el territorio y para la comunidad en general; amenazan la cultura e identidad de los pueblos; tienen altos impactos en la vida laboral y planes de vida de las comunidades; no se construyen para beneficiar a las comunidades locales porque se basan en un modelo energético excluyente; los planes resarcimiento de daños o indemnizaciones desconocen la participación y afectaciones de las mujeres; y se vulnera la seguridad y soberanía alimentaria. Todas estas consecuencias ponen en riesgo al país por la envergadura de los proyectos que se proponen. Estos proyectos imponen una visión de progreso a las comunidades locales, al priorizar las represas frente a la producción de alimentos u otros usos del suelo.

 

El sector eléctrico ha sido considerado como motor de crecimiento y desarrollo de Antioquia; la disponibilidad de aguas, las alturas y las condiciones geológicas son atributos territoriales que se han utilizado para la construcción de complejos hidroeléctricos. Antioquia tiene la capacidad de generar el 25% de la energía del país. Desde la década de 1950 se empezaron a construir las primeras centrales y luego en los años 70 se construyeron proyectos mayores como los de Guatapé y San Carlos. Las comunidades de las zonas de influencia de estos primeros proyectos, manifestaron su inconformidad argumentando: i) No haber sido consultados;(ii) Inexistencia de un estudio sobre los impactos ambientales y socioeconómicos; iii) Falta de una estrategia comunicativa para dar a conocer los beneficios que el proceso traería al municipio y a la nación y; iv) Falta de concertación con los afectados sobre los criterios que trazarían la indemnización por la pérdida o daños al derecho de propiedad.

 

El conflicto armado, según el Movimiento, ha facilitado la construcción de este tipo de proyectos, debido a que la gente no puede organizarse para reclamar y el desplazamiento forzado ha servido para vaciar estos territorios. Consideran que el Estado no cumple con los mandatos de protección a las comunidades en la construcción de este tipo de proyectos, especialmente en lo referido al control sobre los impactos ambientales y socioeconómicos. Denuncia presiones para la venta de los predios que se pueden presentar en los procesos de adquisición de los mismos por las empresas constructoras de los proyectos hidroeléctricos.  El Movimiento se concentra bastante en los problemas que tienen los censos de afectados, una de las mayores demandas realizadas por el Movimiento Ríos Vivos frente al Proyecto Hidroituango.

 

Este proyecto había sido visto como una propuesta muy ambiciosa para las necesidades del sector, por ser un proyecto muy grande. Sin embargo, el Gobernador Ramos decidió presionar anunciando una subasta del proyecto para que compitieran empresas extrajeras, lo cual generó una reacción regional. La composición accionaria de Hidroituango es principalmente estatal (99,36%), los socios mayoritarios son la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín; en la representación privada (0,64%) está, entre otros, la Empresa de ingeniería Integral S.A. Empresas Públicas de Medellín es la constructora de la represa.

 

Las acciones del Movimiento se concentran en tres estrategias. Una de comunicación a partir de la emisión de comunicados a la opinión pública. Otra de movilización, que busca de un lado hacerse visible en la zona de influencia del Proyecto, oponiéndose a los desalojos y construcción de la obra y manifestarse en Medellín como principal centro urbano y político administrativo del Departamento. Y otra más de tipo jurídico que busca demostrar la vulneración de los derechos humanos de los habitantes del territorio, en escenarios de seguimiento a las obligaciones del Estado en la materia, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante quien hizo recientemente una solicitud de audiencia para exponer la situación de las personas, comunidades y territorios afectadas por las Mega-represas que actualmente se construyen en Colombia.

 

El Movimiento surgió en el año 2012 con una movilización que vinculó a cerca de tres mil personas quienes solicitaban garantías para el derecho a la participación social, el respeto del derecho al trabajo, a la alimentación y al debido proceso por los desalojos de las comunidades ribereñas con motivo del inicio de las obras de construcción de la represa. Las movilizaciones que duraron un par de meses se suspendieron porque los manifestantes consideraron que no había garantías por la violencia y conflicto armado.

 

El Movimiento propuso la creación de una Mesa de Diálogo en la que participaran la Gobernación de Antioquia y EPM, se realizó una sesión a la que no acudió la entidad constructora. Otra movilización se hizo en mayo de 2013 hacia Medellín con cerca de 500 personas que se alojaron en la Universidad de Antioquia, denunciando su condición de desplazados, estatus que les fue negado. Después de casi seis meses, la mayoría de las familias retornaron a sus municipios de origen, luego de un acuerdo con la Gobernación que garantizaba el acompañamiento para el regreso de las familias, se les ofrecía participar en las mesas municipales para la formulación del Plan Integral del Proyecto Hidoituango, pero aún no se discute el impacto que el proyecto está causando en la región.