La propuesta de Ley general de Tierras, Reforma Agraria y Desarrollo rural integral es la iniciativa popular legislativa que el movimiento campesino hoy presenta ante la sociedad colombiana. Ésta recoge sus reivindicaciones frente a la ordenación del campo, el desarrollo rural y el acceso a la tierra. Es, de hecho, el instrumento político bandera con el que el campesinado se propone confrontar, en el Congreso de la República, el proyecto de ley sobre desarrollo rural y tierras que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos presentará al legislativo nacional en el transcurso del presente año (Mendoza, 2013) [1].

 

La intención de la Mesa Nacional de Unidad Agraria (MNUA), instancia representativa del campesinado que lidera el proceso, es radicar ante el Congreso la “ley alterna”, como la denominan sus exponentes, simultáneamente a la radicación del proyecto gubernamental, con dos intenciones fundamentales: 1)lograr una revisión parlamentaria conjunta de ambos proyectos que arroje como resultado acumulado una Ley de desarrollo rural y tierras que incorpore las reivindicaciones esenciales del movimiento campesino; y 2) posicionar su visión del desarrollo en un debate político nacional sobre el campo y su aprovechamiento desde la mirada campesina (Fuentes, 2013) [2].

 

Muy a grandes rasgos, este proyecto es la versión enriquecida del Mandato Nacional Agrario: en el articulado propuesto, que ha contado con los aportes de colectivos de abogados, expertos técnicos y en políticas agrarias, parlamentarios que apoyan la iniciativa, entre otros; promueve un modelo de desarrollo que prioriza una redistribución más equitativa de los recursos productivos fundamentales del campo en Colombia –como la tierra- y la administración de los recursos naturales a la luz de los derechos fundamentales. Igualmente, éste busca fortalecer la capacidad productiva y de autosuficiencia nacional, por encima de los postulados extractivos, de privatización de los recursos naturales y de subordinación a las dinámicas del mercado y el capital internacionales que caracterizan el modelo económico neoliberal (MNUA, 2012)[3].

 

Esta “ley alterna” es el objeto de estudio como acción colectiva, al observarla a través del concepto de acción colectiva contestataria definido por García Villegas (2005)[4]. Basada en la protesta o resistencia social, ésta constituye “la movilización de un grupo de personas en torno a una identidad común, un interés y una situación de desigualdad, subordinación o carencia de condiciones –materiales o simbólicas- determinadas por el momento histórico y social en el cual tienen lugar.”

 

En primer lugar, es una acción afirmativa del sector campesino que busca reconfigurar las relaciones de poder que desconocen y excluyen la periferia rural frente al centro urbano en la toma de decisiones públicas. Segundo, propone reconfigurar la relación entre Colombia y el norte global, reduciendo la reprimarización que implica la hipótesis de las locomotoras del desarrollo (DNP, 2010), en especial las relacionadas con la minería y energía, la explotación agroindustrial y de monocultivo, al fortalecer la soberanía productiva y alimentaria.  En tercer lugar, aparece en momentos de negociación de la paz, cuando el Gobierno está abierto a reformular el ordenamiento jurídico del desarrollo rural en la negociación con las FARC y ha abierto diálogos ciudadanos sobre este y otros puntos de la agenda. Allí la MNUA ha sabido posicionar su propuesta, legitimarla y reivindicar la vigencia de la lucha campesina. A continuación, se describe el proceso de esta acción colectiva, haciendo énfasis en las categorías requeridas.

 

Hitos y conflictos propiciadores de la Acción Colectiva: Los líderes de la MNUA identifican los conflictos generadores de la ley alterna como un acumulado de situaciones históricas que definen la relación de subordinación y exclusión que vive el campesinado. Para ellos, el motivo generador de la reivindicación campesina que hoy recoge la ley alterna está en la violencia liberal conservadora. Para Julio Armando Fuentes, líder y vocero de la MNUA, esta violencia causó un proceso de despojo de la tierra en nombre de las diferencias bipartidistas que desencadenó la resistencia de una masa crítica campesina determinada a proteger su derecho a la tierra. Si bien relaciona esta reacción con el surgimiento de las guerrillas liberales y de las FARC (1964), también expone que este proceso de resistencia configuró el “espectro de la lucha por la tierra, que es donde también surge la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), en 1967, como mecanismo de articulación para tal fin.”

 

También destaca el conflicto de escisión de las líneas de Sincelejo y Armenia de la ANUC, hoy conocidas como la ANUC – UR (Unidad y Reconstrucción) y la ANUC Oficial. Si bien fue clave configurando “el panorama agrario del país” y la lucha por la tierra, el fin del Frente Nacional trajo oportunidades electorales que permearon la línea de Armenia, la cual accedió a la negociación y se plegó a las políticas gubernamentales. Al distanciarse del empeño de resistencia de la línea de Sincelejo, se creó una tendencia fragmentaria en el movimiento campesino y, para Fuentes, la necesidad de abrir espacios amplios de unidad que recogieran las diferencias del sector y lo representasen ante otros actores. Así se creó la actual MNUA y sus antecesoras.

 

El silencio del Gobierno Uribe Vélez tras la radicación del Mandato Nacional Agrario (MNA) ante el Departamento Nacional de Planeación, en el año 2003, también fue determinante. El MNA fue el resultado del Congreso Nacional Agrario, compuesto por setenta y cinco (75) organizaciones campesinas, sindicales, indígenas y afrodescendientes, que fueron convocadas por el Consejo Nacional Campesino (CNC) con el fin de deliberar sobre la crítica situación que entonces enfrentaba el sector como consecuencia del modelo neoliberal y realizar una campaña “Por el derecho a la tierra”. El CNC redactó y radicó ante el Gobierno el documento con las reivindicaciones y propuestas campesinas pero nunca hubo respuesta.

 

El tercer conflicto motivador fue la caída del Estatuto de Desarrollo Rural del Gobierno Uribe Vélez. La MNUA, sustituta del CNC, presentó ante el Congreso la propuesta de articulado inspirada en el MNA y apoyada por una comisión jurídica. Dice Fuentes que una vez entregada al Secretario del Congreso, este “la tiró a la caneca de basura”. Así como las relaciones de poder vigentes, la estrategia utilizada por el sector gubernamental fue “generar presiones, miedos. La inactividad de la MNUA [antes de presentar el proyecto de ley] tenía que ver con temores hacia poder hacer cosas que se nos pudieran devolver. (…)  Sí, todo el tiempo había asesinatos. (…) en el mismo momento en que se estaba radicando, (…) empezaron a mandarles los perros a la comisión de la MNUA y a asustar a la gente. Obviamente, la vida está por encima de todo y se fueron de ahí. Había que proteger la vida.” En respuesta, la MNUA conformó una comisión jurídica con la asesoría de colectivos de abogados, parlamentarios e intelectuales con quienes se revisó el proyecto gubernamental y se formularon tres demandas de inconstitucionalidad que llevaron a su caída.[5]

 

Por último, los diálogos de paz con las FARC del Gobierno actual han propiciado un debate sobre el desarrollo rural y aprovechamiento de la tierra en Colombia que incluye la ley alterna como “lo que proponen los campesinos”. En los espacios deliberativos oficiales y no oficiales sobre la agenda de paz, la MNUA ha posicionado la idea de que la crisis que vive el sector agrícola es resultado del neoliberal modelo, ha reiterado sus reivindicaciones fundamentales, ha fortalecido sus alianzas con los indígenas y afro descendientes; y ha legitimado su propuesta.[6]

 

La Mesa Nacional de Unidad Agraria (MNUA), los aliados, los adversarios y los apoyos coyunturales: La MNUA, que ha liderado y coordinado el proyecto de “ley alterna”, se autodefine como “espacio integrado por Organizaciones Rurales de carácter nacional y regional que luchan por la defensa del sector; la reforma agraria y el desarrollo rural integrales; el rescate de la soberanía y autonomía alimentarias, al igual que la soberanía Nacional, buscando el reconocimiento del campesinado Colombiano como sujeto social y político y la lucha por la equidad de género.”[7]  Es analizada como protagonista puesto que ha logrado ejercer una vocería legítima del movimiento campesino en espacios gubernamentales, sociales e internacionales y, así mismo, forjar una eficaz red de alianzas estratégicas.  También consolidó un marco interpretativo de la realidad con el apoyo de intelectuales y académicos, así como un esquema organizativo que está logrando aglutinar la sociedad civil no recogida por la propuesta legislativa gubernamental. 

 

Además de mantener los mecanismos decisorios del movimiento campesino, han estructurado estrategias de comunicación con el apoyo de OXFAM, expusieron al debate constructivo la propuesta de ley con la facilitación del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), gestionaron el apoyo técnico para la configuración del articulado entre colectivos de abogados como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Universidad del Cauca, entre otros; así como entre Congresistas del Polo Democrático Alternativo, el MIRA y el Partido Verde. También recibieron apoyo logístico y técnico de INDEPAZ, Planeta Paz, Red Adelco y PNUD para socializar el proyecto en el territorio.  La Corte Constitucional, a su vez marcó las posibilidades de éxito tras declarar como inexequible el Estatuto de desarrollo rural gubernamental, radicalmente adverso a la propuesta campesina. También lo hizo la Mesa nacional de concertación indígena, al recibir en consulta previa el proyecto campesino (Fuentes y Mendoza, 2013).[8] 

 

El actual Gobierno del Presidente Santos es clave tanto por la coyuntura de oportunidades fruto de los diálogos de paz, como por el diálogo constructivo que ha propiciado el Ministerio de Agricultura, en cabeza de Juan Camilo Restrepo, entre la MNUA, otros actores sociales y políticos del sector, así como importantes intelectuales de lo Rural (Mendoza, 2013).[9] 

 

Entre los negativos, se identifican aquellos actores cuyo desempeño ha pretendido minar la capacidad de la acción colectiva para cumplir su objetivo: el Gobierno del Presidente Uribe Vélez, representado en el Ministerio de Agricultura, decidió desconocer la propuesta que presentó la MNUA ante el Congreso, dándole prioridad al fallido Estatuto rural. También los parlamentarios del “uribismo” intentaron hundir el proyecto en su primera presentación, y los grupos paramilitares han buscado amedrentar y debilitar el liderazgo mediante amenazas y asesinatos de líderes campesinos (Fuentes, 2013).

 

Nacimiento de la MNUA y de la Ley Alterna: La MNUA nació en el año 2006 en respuesta a la pasiva espera de los dirigentes del CNC tras la radicación del Mandato Nacional Agrario en 2003. “Ésta nació en Villavicencio con un paseo que nos inventamos, en el que todo el mundo ponía hasta el pasaje. Pura autonomía y puras ganas de defender ese sector que llega a defender toda su autoridad. Fue gracias a SINTRAINCODER, que prestó su finca de descanso para que consolidáramos las jornadas de trabajo. Cada organización hizo su presentación”, narra Fuentes. Y el proyecto de Ley Alterna actual surgió ante la necesidad de traducir el Mandato Nacional Agrario, configurado en el año 2003, en un proyecto legislativo que confrontara el Estatuto Rural gubernamental del Gobierno Uribe Vélez en el año 2007.

 

Los objetivos de la Ley Alterna: Su objetivo general (MNUA, 2012) es crear un marco jurídico que garantice el derecho al agua, a la tierra, al trabajo rural, a la soberanía alimentaria y los derechos de los campesinos y las campesinas. De acuerdo al artículo 1 del Título I del proyecto de ley alterna, su objeto explícito es:

 

“establecer el marco normativo e institucional, para el efectivo cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, cuyo precepto impone como deber del Estado, garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de las comunidades rurales, la priorización del Estado hacia la producción de alimentos como única garantía del derecho de toda persona a una alimentación adecuada y un ejercicio pleno del poder soberano del pueblo; estableciendo las bases para un desarrollo rural, armónico, sustentable y sostenible entre la población y el medio rural, procurando de manera progresiva el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de los hombres y mujeres del sector, y la equidad social, en el marco de una justa redistribución de la tierra y una adecuada distribución por los recursos del territorio, basados en una planificación estratégica y democrática, participativa, con plena observancia y respeto por la dignidad humana, la conservación de la biodiversidad y protección ambiental(…)”. 

 

Para la MNUA, el objetivo a corto plazo de la Ley Alterna es abrir un espacio para “sentarnos con el Gobierno a revisar ambas propuestas y generar una discusión en torno al tema rural para lograr una normativa marco en la que quepamos todos, pequeños, medianos y grandes productores del campo con el fin de reconocer que el campo ha sido la columna vertebral de la economía del país y que el movimiento agrario no ha tenido nunca una respuesta positiva a lo que ellos consideran como justas reclamaciones de hace décadas.” También buscan generar alianzas que blinden la causa campesina y que la respalden como un mecanismo de incidencia en la agenda pública a todos los niveles. Para Fuentes es la posibilidad de “hablar del tema agrario, recuperarlo, sacarlo del cajón del olvido y reconstruir esa idea de que el campesino es un símbolo del atraso. El campesino produce los alimentos que consumimos en los centros urbanos, el agua, la energía, etc. Y hay que buscar un reconocimiento a esto. El paro cafetero está dentro de la intención.”

 

A más largo plazo, ésta busca el reconocimiento para el campesino como actor político y sujeto social. Esto incluye la posibilidad de que los campesinos se conviertan en sujeto de derechos colectivos tal como los pueblos indígenas y afro descendientes, con derecho a la consulta previa, y en coherencia con los avances internacionales promovidos por la vía campesina (Vía Campesina, 2009)[10].

 

Los voceros refieren que su objetivo consiste en defender y visibilizar el proyecto de ley y la causa del campesinado frente a las políticas adversas que promueven el desplazamiento del campo hacia la ciudad, con los derechos colectivos específicos en el horizonte (Fuentes y Mendoza, 2009).

 

Dinámica interna: organización de la MNUA y repertorios de la Acción Colectiva: Los recursos empleados por la MNUA para promover la ley alterna son cuatro, principalmente: 1) la organización mediante comisiones temáticas; 2) la gestión efectiva y oportuna de alianzas estratégicas; 3) aprovechamiento de las oportunidades políticas; y 4) la defensa de la autonomía de acuerdo a los marcos históricos, ideológicos y culturales del movimiento campesino.

 

La organización funciona a través de tres comisiones que son elegidas por veintitrés (23) organizaciones campesinas, que delegan sus representantes y eligen a los comisionados: 1) la comisión política se encarga de la vocería general de la MNUA y de posicionar los contenidos de la causa campesina que refleja la Ley Alterna tanto en espacios sociales, institucionales y políticos. También monitorea los debates y la producción legislativa para identificar oportunidades y riesgos estratégicos, lidera la ejecución de planes de acción, gestiona recursos de financiación y las alianzas estratégicas. 2) la comisión jurídica está compuesta por tres delegados de las organizaciones y abogados amigos(as) del movimiento, y se encarga formular el articulado, en coherencia con las reivindicaciones campesinas y las formas y procedimientos normativos. 3) la comisión de comunicaciones se encarga de la administración de los contenidos de la página web, así como de la divulgación de las acciones, decisiones y comunicados relacionados con la Ley alterna. La mesa tiene unas “Reglas de juego y criterios de participación” no escritas que definen los mecanismos de delegación y decisión.

 

La gestión de alianzas estratégicas ha sido efectiva porque la Mesa las trata como el medio indispensable para lograr los objetivos del movimiento, siempre y cuando estén basados sobre unos principios compartidos, como dice Edilia Mendoza: “Hemos aprendido que el sectarismo no llega a ninguna parte (...), ninguna organización en el país es capaz sola. El tema es cómo logramos entendernos en una metodología y en unos conceptos que tienen que estar atravesados por (…) 1) el compromiso, 2) la convicción y 3) la pasión por el sector.”

 

También son una protección para el proceso: la alianza firmada con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Proceso de las Comunidades Negras (PCN) en el Foro de Desarrollo Agrario Integral convocado por PNUD y la UNAL es para Fuentes “una manera de blindar el espacio interno de la MNUA y abrir otros espacios más amplios que también legitiman el proyecto. A ellos los invitamos a un espacio más amplio de unidad que, si en algún punto se rompe, que no afecte la Mesa.”

 

Han aprovechado las oportunidades políticas al posicionar el proyecto de ley alterna en la agenda pública a través de los espacios deliberativos del proceso de paz y de socialización regional del proyecto de ley ofrecido por el PNUD y la Red Adelco.[11] También lo hicieron contraponiendo la ley alterna al Estatuto de Desarrollo rural del Gobierno Uribe Vélez y la demanda de inconstitucionalidad, que acabó por derrocarlo, fortaleciendo así la iniciativa campesina. 

 

Por último, los líderes destacan de la siguiente manera la defensa de la autonomía y los marcos históricos, ideológicos y culturales: “A todas [las organizaciones y aliados] se les dijo eso. Ellas nos ayudaron, pero hasta ahí. Nuestra autonomía es la nuestra. Nosotros somos los que decidimos.” Igualmente, guardan en su memoria los procesos de lucha campesina con total respeto y aclaran que no es posible separar la Ley alterna de los procesos de reivindicación que desde hace décadas viene liderando el campesinado. Este profundo respeto por sus antecesores se debe a que éstos han entregado, en muchos casos, la vida por defender el sector. “A nosotros el tema de la autonomía nos costó sangre y vidas (…). No es gratuito que uno empiece a recuperar la historia de sus comunidades y uno encuentre 20 o 35 muertos en la historia. Por ejemplo, la Junta de Acción comunal del municipio del que vengo, en San Pablo, solamente habemos dos personas vivas. El resto fueron asesinadas. Me encuentro con documentos donde, de los que están firmando, la única viva soy yo. Esas son cosas que van impactando y van colocándolo a uno y en donde la autonomía es una autonomía del todo: autonomía económica, autonomía política y un trabajo colectivo.”

 

Perspectiva identitaria de la Ley Alterna: La Ley alterna está contribuyendo en el camino hacia una nueva identidad del campesinado ante el resto de la sociedad colombiana. Antes de haber entrado al debate legislativo, el proyecto de Ley resume la historia de todo un proceso de las luchas campesinas que, tras cinco décadas de historia, buscan apostarle a un nuevo marco legal que recoja sus reivindicaciones frente a la ordenación del campo, el desarrollo rural y el acceso a la tierra.  Como fue enunciado en la primera parte, la ley incluye traduce el Mandato Nacional Agrario (MNA), aprobado el 8 de abril del 2003, así como los aportes recogidos durante los ejercicios deliberativos que la MNUA realizó con sus aliados,  que ya se mencionaron arriba.[12]  De esta forma, la Ley es una memoria clave de la construcción identitaria, como dice Osorio (2010, citando a Debuyst)[13], pues define la temporalidad de la acción colectiva y la explica como un acontecimiento acumulativo. 

 

Por otra parte, la Ley recoge la historia territorial del movimiento campesino. El territorio está presente en el proyecto de la ley pues ésta fue construida por los representantes de las organizaciones campesinas de los territorios, quienes a su vez socializaban localmente todos los desarrollos de la misma. No está localizado en un territorio concreto su origen, pues fue redactada en Bogotá, pero a la vez, ésta recoge el conocimiento y las reivindicaciones de los territorios donde están ubicadas las organizaciones que constituyen la MNUA.

 

Con esta ley, la MNUA se propone poner a prueba en el Congreso su fuerza política al confrontar la fuerza política del centro urbano y tradicional, cuya comprensión de lo rural ha estado reiteradamente fundada sobre visiones paradigmáticas, a veces opuestas a la realidad (Salgado, 2002)[14]. Una muestra de esto es que los Planes de Desarrollo de los gobiernos de los expresidentes Pastrana, Samper, Gaviria, Barco y Betancur (mencionados por Salgado), asocian el campesinado con el atraso, la vulnerabilidad, la fragilidad organizativa e incapacidad para negociar, entre otros. Esto ha legitimado la idea que asocia el campesinado con el subdesarrollo y justifica su subordinación ante proyectos de sociedad, basados en paradigmas y utopías, que tradicionalmente han estado enfrentados política y militarmente. “El imaginario del campesinado pobre y atrasado se enfrenta al del agente rural moderno y de espíritu empresarial, de modo que se opone la cultura campesina a la cultura moderna, la identidad campesina a la identidad occidental globalizada, como si la primera no fuera fruto de los procesos de desarrollo y como si la segunda hubiese borrado todos los ámbitos de la vida. Un imaginario contra otro y pocos procesos de construcción.” (Salgado, 2002)

 

Otro aporte de la ley al proceso identitario es una nueva significación del concepto del “espacio” físico, simbólico e institucional. Por una parte, el campesinado destaca en la Ley su vínculo con el territorio al reivindicar la producción de alimentos como tarea que le es propia y la soberanía alimentaria, como clave vital para la viabilidad de nuestra sociedad. Adicionalmente, esta Ley se enmarca en la lucha por los derechos de los campesinos y campesinas. Hasta ahora, el campesinado ha aparecido relegado frente a otros grupos en materia de sus derechos colectivos y como pueblos. Los pueblos indígenas y afro descendientes, que también comparten elementos del modo de vida campesino, han volcado sus reivindicaciones hacia la etnicidad, obteniendo mejores resultados. Para Salgado (2002), la principal diferencia con estos sujetos sociales es que estos sí “han aprovechado las negociaciones políticas con la sociedad y el Estado para marcar diferencias culturales y de dinámica política, a partir de las cuales hay reconocimientos incluso legislativos que definen de manera precisa las ideas de comunidad, autoridad, poder, territorio y cultura.” Pero en el caso de los campesinos y las campesinas, este reconocimiento aún no se ha dado, pues su reivindicación ha estado tradicionalmente asociada con la lucha social o de clase, que los subordina a uno de los modelos paradigmáticos enfrentados política y socialmente, sin diferenciarlos simbólicamente. Por ende, la Ley les abre con esta reivindicación un espacio tanto en el imaginario cultural y ambienta un posible proceso de inclusión en el sistema político.  Así, la ley alterna se propone resignificar esta relación asociando el campesinado con la producción y la soberanía alimentaria, con la distribución y el uso equitativos de la tierra y los recursos naturales, con la participación política formal –a su imagen y semejanza, como diría Salgado-; y, en últimas, como un modo de vida digno, económica y culturalmente viable, y políticamente cada vez más autónomo.

 

Análisis comparativo del acumulado que representa la Ley alterna con el movimiento indígena y sus logros constitucionales. El movimiento indígena caucano es un hito de las luchas sociales en Colombia. Su historia rural comparte muchos rasgos con el movimiento campesino, especialmente en lo transcurrido durante la segunda mitad del siglo XX, en medio del conflicto.  Su desarrollo organizativo, basado en un proceso identitario y territorial, configuró un sujeto político que logró unas conquistas históricas constitucionales en materia de derechos colectivos y autonomía territorial que son, en últimas, un similar horizonte al que apunta la Ley Alterna.

 

Transformación de la identidad hacia afuera: Uno de los logros destacables del movimiento indígena caucano, comparable al proceso de reivindicación campesina, es la transformación de la imagen “sumisa y pasiva” tradicionalmente asignada a los pueblos indígenas del país en otra en la que fungen como actores de su propia historia. Ahora bien, este proceso no ha sido fácil, pues como actor en medio de la guerra, pasivo y activo en algún momento de su historia, se ha tratado de una lucha por la autonomía y el territorio tanto frente al Estado como ante las organizaciones políticas y militares de izquierda (Archila, 2009).[15] Esta lucha hoy la comparten los campesinos y campesinas, quienes buscan diferenciar sus propuestas de las que están sentadas en la Mesa de Negociación de Paz.

 

Archila (2009) ubica a Manuel Quintín Lame como el inspirador del movimiento indígena Caucano que, más allá de los hitos organizativos de la Gaitana y Juan Tama en el período colonial, sembró la idea originaria y vertebradora: la autonomía (cacicazgos sin blancos y como “gobiernos chiquitos) y territorialidad (territorios sin blancos y reconfiguración de resguardos indígenas). El origen organizativo del movimiento indígena, que incluye los antecedentes de Quintín Lame en los primeros cuarenta años del S. XX, para Archila se encuentra en los años 60, cuando se conformaron las cooperativas de Las Delicias, el Sindicato del Oriente Caucano y la compra de tierras y haciendas con el apoyo del INCORA. Este proceso de exploración y capitalización organizativa, fue contemporáneo y estuvo influido por la creación de la ANUC (1967), a la cual el movimiento indígena estuvo suscrito. La MNUA recoge esta fecha como el origen de su proceso.

 

Hubo disensos frente a la orientación de clase o campesina del movimiento indígena. Esto generó divisiones internas y se inclinó hacia a la necesidad de ceñirse a una identidad más indígena, sin desconocer lo campesino en lo indígena. En respuesta, se creó el CRIC, en 1971 y fue esta su vía de posicionamiento público. Hay que destacar que el movimiento indígena se vio influenciado de forma importante por el catolicismo desde las modalidades organizativas solidarias en sus orígenes, durante la creación de las cooperativas.

 

Igualmente, la influencia del Partido Comunista y las Ligas campesinas, entre los años 30s y 40s, incidirían en la motivación de la lucha a partir de una visión de clase, que permitió guardar el vínculo con el movimiento campesino y que nunca perdería su particularidad étnica. Éstas se verían “prácticamente desaparecidas” durante la época de la Violencia, pues en esta época se destacó la influencia de los sectores liberales y comunistas en un sentido más de resistencia que de organización y crecimiento político. El sindicalismo también fue determinante en la configuración del CRIC, pues este adoptó formas como los congresos, la junta directiva, el comité ejecutivo y la distribución de cargos.

 

La influencia de la ANUC-UR generó momentos críticos al interior del movimiento. “El CRIC se debilitó a finales de los setenta por la relación de sus líderes con expresiones armadas de la izquierda, lo que les trajo una dura represión del gobierno de Julio César Turbay Ayala. Por esa época incluso surgió un grupo armado indígena con la intención de defenderse de los sicarios contratados por los terratenientes, pero también de las guerrillas que hacían presencia en sus territorios: el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). Sin embargo, pronto comprendió los costos de la lucha armada y lo lejana que ella está de la ancestral resistencia indígena.” (Archila, 2009) 

 

Escalas: En relación con las escalas regional y nacional del movimiento indígena, éste “intentó proyectarse nacionalmente hasta gestar en 1982 la ONIC (…), con la que estableció una “división del trabajo” entre la organización regional y la nacional.” (Archila, 2009)  De la misma manera, las organizaciones campesinas que componen la MNUA asumen la responsabilidad temática y/o territorial y esperan recoger en la Mesa, mediante sus voceros delegados, un espacio nacional de construcción de consensos y direccionamiento político del movimiento campesino.

 

Formas organizativas: Otra similitud esencial entre ambos movimientos es, sin duda, el carácter adaptativo de sus formas organizativas. En los inicios del movimiento indígena contemporáneo se desatacan los liderazgos particulares de personajes inspiradores, como Manuel Quintín Lame o José Gonzalo Sánchez, quienes reivindicaron cambios concretos frente al contexto de la primera mitad del siglo XX como el terraje y la interferencia estatal con los procesos decisorios indígenas. Posteriormente, se identificaron formas organizativas solidarias y cooperativas, influidas por el catolicismo social y el pensamiento marxista y leninista. Posteriormente, se configuró el CRIC como plataforma aglutinadora de las diferentes familias y formas de pensamiento indígenas. En el dilema sobre si debía caracterizarse por la defensa de la etnicidad o por la lucha social como parte del campesinado, el movimiento indígena encontró formas organizativas que no suprimieron las preexistentes, pero que cumplieron con su función específica en los contextos que así lo exigieron.

 

Es el caso de la ONIC, la cual proyectó el movimiento a nivel nacional y fue, entre otros, una respuesta a la minimización de la problemática indígena que caracterizó al gobierno de Turbay Ayala (Archila, 2009). Así mismo, fue también una reacción deliberada, de los pueblos indígenas ante el “Estatuto Indígena” que el gobierno Turbayista promovió de forma inconsulta con ellos. Este hecho contrasta con la conformación de las plataformas nacionales que antecedieron a la MNUA y, la preparación de la Ley Alterna como respuesta al Estatuto de Desarrollo Rural del Gobierno Uribe Vélez en el año 2005, tal como fue enunciado en la primera parte del texto.

 

De igual forma, el proceso de Autoridades Indígenas del Sur Occidente y su forma nacional, Autoridades Indígenas de Colombia, representó una apuesta indigenista más distanciada de la reivindicación campesina con la cual, en el proceso constituyente de 1991, logró transmitir y capitalizar constitucionalmente las reivindicaciones colectivas y diferenciales de los pueblos indígenas.

               

El caso de la MNUA, como espacio de representación depositario del movimiento campesino que tuvo su origen en la ANUC, no es erróneo deducir que es la mejor respuesta posible que el campesinado ha encontrado para agremiar sus vertientes diversas respetando la diferencia entre las organizaciones, pero respondiendo a la vez a los desafíos que el contexto político nacional y regional plantea. En este sentido, se recuerda el proceso organizativo histórico que hoy tiene la forma de la MNUA pero que en un principio fue la ANUC, antes de que ésta se escindiera en sus líneas de Sincelejo y Armenia. Posteriormente a este hecho, la representación campesina tomó formas como el Consejo Nacional Campesino (CNC) y la Convergencia Campesina, Negra e Indígena de Colombia (CONAI) que, a su vez, respondieron a las necesidades de su contexto histórico y reflejaron las diferencias que existieron –y continúan haciéndolo- en el seno del movimiento campesino.

 

Si bien las transformaciones representan cambios importantes, para Archila, el movimiento indígena se ha transformado de acuerdo a unas coyunturas específicas que no transforman la esencia de las reivindicaciones que vertebran el movimiento. Argumenta él que “en su historia se puede percibir una modificación de la identidad campesina/indígena a una que pondera inversamente los dos polos identitarios: indígena/campesino. Pero las diferencias entre ellas no son esenciales sino resultado de la lucha, y no puede decirse que alguna defienda a secas una sola identidad.”

 

Protestas indígenas: La principal similitud entre las protestas indígenas y campesinas es la dualidad de la protesta en relación con los ámbitos gubernamentales o institucionales y aquellos que son de orden privado o no gubernamental. Para Archila (2009), las segundas predominaron durante los primeros momentos del CRIC, pero a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, éstas han sido cada vez más dirigidas hacia la política institucional.

 

La más importante de las diferencias es el componente étnico del movimiento indígena, entendiendo por etnicidad lo que se refiere “a las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una determinada comunidad de personas.” En este sentido, el movimiento indígena ha trascendido la reivindicación de igualdad, propia de las ideas socialistas que lo permearon en sus orígenes, y se ha ido concentrando, progresivamente, en la reivindicación de la diferencia, la defensa de su historia, lengua y costumbres propias; la recuperación de tierras de los resguardos, el fortalecimiento de los cabildos, la formación de profesores indígenas, el fortalecimiento de las organizaciones económicas, la protección de los recursos naturales y la promoción de una red asociativa en los ámbitos productivo, educativo, cultural y espiritual (Archila, 2009).

 

Este hecho, que fue motivo de distanciamiento entre los movimientos indígenas y campesino durante la década de los 70 y 80, en la actualidad reaparece como uno de los vectores de unidad más representativos. Esta etnicidad, sobre la cual se soporta el concepto de pueblo y la fuerza cultural y política del movimiento indígena, ha motivado logros importantes como la participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, de la que se desprendieron otras conquistas como la Consulta Previa, la autonomía territorial y la participación electoral específica, mediante una curul en la Cámara de Representantes que está reservada para los pueblos indígenas (Ley 469, 2001). Tanto la autonomía territorial como la consulta previa han sido posibles gracias al reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto colectivo de derechos.

 

El movimiento campesino hoy se propone lograr este mismo reconocimiento de etnicidad constitucional, al reclamar unos derechos específicos de campesinos y campesinas. Con ello abrirían acceso a la consulta previa, libre e informada del campesinado y, también, a la autonomía territorial.  Por esta razón, la recuperación de la historia del movimiento indígena se configura como un argumento facilitador del acercamiento de ambos movimientos.

 

Conclusiones: La Ley alterna es una herramienta de subjetivación política del movimiento campesino en Colombia. No sólo le permite configurar una identidad que recopila sus reivindicaciones históricas, sino que le ofrece un espacio en el imaginario de esta coyuntura en la que, en torno a los diálogos de paz, se redefine el concepto de nación o, por lo menos, de los actores políticos, sociales, económicos y culturales que lo continuarán construyendo.

 

En segundo lugar, la puja política que se generará durante la revisión conjunta de los proyectos legislativos es, en las palabras de Rancière[16], la pugna entre la política como expresión vertical de autoridad y gobierno, en materia de desarrollo rural y el ordenamiento de la tierra; enfrentada a la emancipación, o tendencia a la igualdad, como contestación campesina frente esa forma de poder que delimita desde arriba las normas que lo rigen, los nombres y lugares que le son asignados. Este proceso de subjetivación constituye la puerta de entrada a una posible organización política autónoma, respetuosa de los marcos históricos, ideológicos y culturales del movimiento campesino. Esta oportunidad es aún mayor en el contexto de negociaciones de paz que desarrolla el Gobierno con las FARC en La Habana, Cuba.

 

En tercer lugar, el movimiento indígena caucano, en su apuesta por la etnicidad y a pesar de las divisiones que se generaron en su interior entorno al dilema de lo campesino y lo indígena, apostó por su consideración como pueblo y ya cuenta hoy con unos derechos colectivos reconocidos constitucionalmente. Poseen unos territorios inalienables, inexpropiables e inembargables que, en la forma de resguardos indígenas, son la base de la autonomía territorial que desde hace siglos han reivindicado. Ahora bien, la MNUA es parte de la Vía Campesina, que es el camino internacional que conjuntamente siguen las organizaciones defensoras del campesinado y, como bandera, cuentan con la Declaración de los derechos de los campesinos y campesinas. En el contexto colombiano actual, la autonomía territorial campesina está sobre la mesa de negociación y se cuenta con un marco jurídico que sentó las bases estructurales de lo que podría ser dicha autonomía. Estas son las Zonas de Reserva Campesina, las cuales están contenidas en la propuesta legislativa de la MNUA. Adicionalmente, el espacio amplio de unidad, conformado por el PCN, la ONIC y la MNUA se ha logrado posicionar en los Foros deliberativos facilitados por el PNUD y la Universidad Nacional con unos pliegos de propuestas conjuntas que, entre otras cosas, unifican sus voces en torno a su consideración como pueblos sujetos de derechos colectivos, autónomos en sus territorios y con el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.

 

Esta es una oportunidad sin precedentes para que el movimiento campesino materialice sus reivindicaciones de forma estructural. Cuenta con los espacios políticos para posicionar su agenda, cuenta con el instrumento político idóneo para llevar al país a un debate estructural sobre la ruralidad y el uso de los recursos naturales, tiene como aliados a los dos pueblos reconocidos en sus derechos colectivos a la tierra y la autonomía. Aún a pesar de la adversidad del uribismo y los sectores radicales de la contrarreforma agraria, el gobierno se ha mostrado interesado en facilitar su participación y receptivo frente a su propuesta. ¿Sabrán aprovechar el momentum?