El Cima surge en 1991, como producto de las movilizaciones y paros que se desarrollaron en la región del macizo durante los años 80, proceso que generó un fortalecimiento del tejido social que permitió a los campesinos de los nueve municipios que se asientan sobre el macizo colombiano unificar criterios y organizarse para construir “alternativas de Estado e institucionalidad propia bajo criterios de autonomía y de independencia para reivindicar los derechos que el Estado debe proveer a las comunidades” (Fundecima, 2006)[1],  un propósito interesante, teniendo en cuenta que implica la ruptura con las actitudes paternalistas que se limitan a buscar del Estado el cumplimiento de reivindicaciones económicas puntuales. Al plantearse ser “alternativa de Estado e institucionalidad propia”, se está proponiendo toda una discusión en términos de la relación con el Estado, al tiempo que se plantea la construcción de mecanismos de autorregulación y autogestión que no pasen por él, pero que tampoco lo liberen de sus responsabilidades sociales. Buena parte de su trabajo ha estado orientado hacia el fortalecimiento de la identidad macizeña, lo cual se concreta en la realización de encuentros de intercambio de semillas o de productos de la región, patrocinio de muestras culturales con artistas de la región y fomento de la elaboración de artesanías, entre otras estrategias. En donde mejor se evidencia la postura autonomista del CIMA es en sus proyectos de desarrollo alternativo, ya que se fundamentan en el cuestionamiento profundo sobre las implicaciones ambientales y sociales de la producción agrícola basada en insumos inorgánicos y la propuesta de fortalecimiento de los mercados locales, iniciativa sostenida con el trabajo ingente de líderes campesinos que caminan su territorio impulsando a otros a dar el salto hacia la producción limpia y ambientalmente sustentable.

 

Sin embargo, el CIMA también se ha planteado ser parte del Estado, especialmente luego de la exitosa movilización de noviembre de 1999 que llevó a más de cincuenta mil campesinos del macizo a protestar por el reiterado incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos a los que se había llegado en términos de infraestructura social y vial. Líderes campesinos que hicieron parte de este movimiento se lanzaron a diferentes cargos de elección popular del nivel local. El CIMA logró posicionar concejales en cinco de los nueve municipios del macizo, e incluso un alcalde. No obstante, hoy se hace un balance más negativo que positivo de la gestión adelantada por los líderes, en parte porque éstos han sido engullidos por el aparato y las lógicas que cuestionaban, también porque se ha cuestionado la honestidad y el compromiso por parte de algunos de ellos. Entonces, lo que en su momento fue un logro de la movilización se convirtió después en un factor de debilitamiento importante. Esta situación pareciera dar razón a los cuestionamientos que hace Holloway (2002)[2] a la toma del poder por parte de los movimientos de izquierda; hoy el CIMA se encuentra fortaleciendo el debilitado tejido social que sustentaba el movimiento, mediante sus proyectos de desarrollo alternativo y, aunque cuenta aún con algunos concejales, éstos no cumplen un papel determinante en el curso de la lucha.