Usme, la localidad quinta del distrito de Bogotá, está ubicada al sur oriente de la ciudad, en el sistema montañoso de los cerros orientales. Una parte de esta localidad está catalogada dentro del Plan De Ordenamiento Territorial (POT) como suelo de expansión urbana y por este motivo se constituyó en centro de interés de un mega proyecto de urbanización de 900 hectáreas que pretende satisfacer la creciente demanda por vivienda de interés social en el Distrito Capital.  Este proyecto afecta específicamente cuatro de las más de quince veredas que conforman esta localidad. La comunidad involucrada y las instituciones han tenido diferentes puntos de vista que no se han podido conciliar.

 

Estos territorios están inmersos en una doble dinámica de interfase urbano - rural, en las franjas entre la periferia urbana y las áreas definidas como suburbanas y rurales, en las que habitan comunidades eminentemente rurales, en cuyos espacios territoriales no hay una gran densificación y persiste un loteo creciente. Con el pasar del tiempo fueron aflorando ciertas diferencias e “incumplimientos por parte del distrito, que no tuvo nunca en cuenta las propuestas de la comunidad y ha obrado de manera totalmente arbitraria” y cada vez este proyecto se ha tornado en un conflicto entre la comunidad, la secretaría Distrital de Habitat y Metrovivienda. Esta última está adscrita a la secretaria y tiene como función principal promover la oferta masiva de suelo urbano para facilitar la ejecución de proyectos integrales de vivienda.

 

Aparte de los incumplimientos por parte de Metrovivienda y ya en un escenario muy tensionante, tiene lugar en el año 2007 el hallazgo arqueológico en la hacienda El Carmen, que confirman la presencia de asentamientos prehispánicos (siglo II A.C. hasta el siglo XVI D.C.) en Usme. Este hallazgo detuvo completamente los trabajos en el área de la hacienda El Carmen. Se presume que detrás del rechazo de los campesinos hay una presión oculta por parte de agentes de índole político y sindical agrario sobre estos pobladores y se ha evidenciado un incremento significativo de su accionar, coincidiendo con la época pre electoral.

 

La comunidad creo en 2003 un espacio llamado Mesa de concertación de expansión urbana, la cual está conformada por presidentes de las JAC, líderes locales y grupos juveniles, desde la cual se invita a las entidades distritales a negociar. La mesa surgió debido a una ruptura de los diálogos que se estaban llevando a cabo desde el año 2001 cuando Metrovivienda comunico a la comunidad la propuesta de una expansión urbana en esa zona. En 2007 la Mesa se reúne nuevamente y toma como nuevo eje y objetivo principal de trabajo el exigir que se designe una demarcación de un borde urbano rural y la conciliación o negociación del área a ser intervenida. La comunidad ofrecía aproximadamente 300 hectáreas y el Distrito planteaba intervenir más de 900 hectáreas. A partir de este año la mesa se empezó a reunir de manera permanente cada semana.

 

En febrero de 2011 este año la comunidad decide realizar una acción de hecho respondiendo a unos actos de provocación representados en la introducción de maquinaria y el inicio de obras sin informar a la comunidad. Se realizó un bloqueo pacífico con la presencia de más de 100 personas, se obligó la retirada de la maquinaria y de Metrovivienda, y se declaró en asamblea permanente; “hasta que no sea tenida en cuenta la propuesta hecha por la comunidad, no se va a permitir el ingreso de ni una sola máquina”. La Mesa ha puesto en evidencia que Metrovivienda quedo formalmente como la primera y única opción de venta para los predios incluidos en el proyecto de 900 hectáreas de urbanización, información que aparece en el certificado de libertad y tradición de sus predios. Ningún actor o representante de Metrovivienda es bien recibido en la zona y ningún poblador colabora, ni participa en ninguna actividad y no brindar información a personas o entidades que representen o sean contratadas por esta entidad.

 

En el fondo de este conflicto está el no reconocimiento por parte del mundo urbano, de las raíces comunitarias, económicas, culturales y sociales propias de las comunidades rurales, en las que su sobrevivencia ha entrado a depender de las formas de regulación gubernamental sobre los suelos de uso rural y las áreas de protección, que hasta ahora privilegian la consolidación del proceso de urbanización en el Distrito Capital.