En 1996 las marchas cocaleras constituyen la primera manifestación de orden nacional que se da frente a las fumigaciones. “El detonante de estas marchas lo constituye la expedición del decreto 0717 del 18 de abril de 1996, en el gobierno de Samper, que entre otros aspectos restringía tanto el derecho de circulación y residencia en dichas zonas como el transporte de cemento, la gasolina y demás insumos básicos para el cultivo y procesamiento de la hoja de coca, labores de control asignada especialmente al ejército nacional. Esto genera fuerte inestabilidad de todas las condiciones sociales y económicas que se habían consolidado en el departamento del Caquetá a lo largo de la década de los ochenta y comienzo de los noventa. Simultáneamente se empieza a planear el proceso de fumigación de los cultivos de coca y de pancoger con fungicidas como Glifosato, Imazapir y Theburitiurom que afectan la biodiversidad amazónica. En respuesta el 30 de junio de 1996 empezaron las marchas campesinas, en la zona nororiental del departamento, principalmente desde el río Orteguaza, alcanzando el caserío de Santuario, Montañita, y para el primero de agosto se calculaban ya unos diez mil marchantes. “Como persona que viví personalmente este proceso, puedo decir que las movilizaciones realizadas en el municipio de Curillo fueron en su totalidad generadas y exigidas por la Guerrilla de las FARC, porque la orden era salir todo mundo a marchar, incluso las personas del casco urbano que no tenían ninguna relación con los campesino cultivadores de coca, además que muchas de las personas que salían de las fincas manifestaban que habían sido capacitadas por la Guerrilla para saber de qué se trataba todo, eran conscientes que las fumigaciones no era la salida al conflicto pero también sabían que habían otros intereses de por medio (Saldaña, 2013). Los resultaos de las marchas campesinas no fueron los más alentadores, la negociación se dio con líderes campesinos luego de más de dos meses de luchas caminatas, enfrentamientos con el ejército, lo cual no los ponía con las mejores condiciones, uno de los puntos en los que estaban de acuerdo tanto gobierno como guerrilla, era la sustitución de cultivos ilícitos, sin embargo la situación continuó igual y no se llegó a ningún acuerdo y las fumigaciones continuaron y con mayor intensidad.

 

Se presentó también el panorama desolador de encontrar fincas solas, abandonadas y con más pobreza que antes. La preocupación de la población era la inminente pérdida de su fuente de sobrevivencia. Eso quedó explícito en el proceso de negociación. Allí su meta fue negociar la erradicación concertada, de manera manual y acompañada de subsidios a los nuevos cultivos. Este objetivo se vio truncado al evadirse un planteamiento estratégico y estructural sobre los cultivos ilícitos que se redujo a acuerdos sobre pequeñas inversiones locales que, al final de cuentas, no fueron cumplidos por el Gobierno Samper, manteniendo la condición de marginamiento de la población”.