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Caso documentado por Yecenia Vargas, 2013;
Edgar Bohada, 2010

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Los productores de leche en el país congregan unas 400.000 familias, que produjeron aproximadamente para el año 2010, 939.410 litros de leche. Su condición de productores de un alimento fundamental en la dieta, especialmente para los niños, que es además tiene poco tiempo de vida útil en fresco, constituyen circunstancias que les confiere una importante vulnerabilidad frente a los tiempos y condiciones de comercialización. En este sentido encontramos cinco caso de protesta de este sector: contra la firma del TLC con Europa, contra la venta de leche sin pasteurizar o jarreo, contra Fedegan y sus exigencias como gremio y de una asociación contra una planta industrial.  Cerramos con un caso de ganaderos por el uso de la chapeta sanitaria.

 

El sector lácteo posee representantes gremiales a nivel nacional, regional y local, que buscan defender los intereses de los pequeños, medianos y grandes productores, así como también posee cooperativas de productores y de procesadores industriales. El anuncio del entonces Presidente Álvaro Uribe, de la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, generó que el 19 de mayo de 2010, pequeños y medianos productores de leche en distintas partes del país protagonizaran una protesta pacífica por el tratado. Los lecheros reclamaron un tratado con equidad para no ver afectada su economía.

 

La producción de leche fresca en Colombia es de 5,7 millones de toneladas, mientras que en leche entera, descremada y quesos llega a 129,700 toneladas al año. De ellas se exportan 2,500 toneladas e internamente se consumen 128,900. Esto implica que la producción colombiana es apenas el 1,5% de la que tiene la UE; las exportaciones nacionales apenas representan el 0,2% de las europeas y el consumo nacional apenas llega al 1,8% del europeo. Basados en estas cifras se presenta el enfrentamiento en la manera de ver el tratado de libre comercio con la Unión Europea por parte del estado y por parte de los productores, en resumen la posición del estado es “este acuerdo lo único que hizo fue poner en evidencia los problemas y deficiencias de una industria caracterizada por un alto nivel de informalidad, alta atomización, elevados costos de producción, baja innovación y escasa asociatividad “.[1]La posición del gremio productor en la que se plantea que “Colombia no cuenta con la capacidad para exportar lácteos a Europa, debido a las barreras sanitarias y a la imposibilidad de ser competitivos (subsidios), pues el país no está libre de aftosa como lo exigen países de la Unión Europea”.[2]

 

Los productores consideran que el TLC llevará a la quiebra del sector, debido a que los lecheros europeos cuentan con subsidios, no puede competir con la leche en polvo que entre al país procedente de Europa porque es más barata, hay un pobre desarrollo de las cadenas láctea y cárnica. La Unión Europea controla el 30% de la producción mundial y en apenas 15 días produce 6.500 millones de litros, cantidad equivalente a la producción anual colombiana.

 

Surge entonces un movimiento que se opone a la firma del tratado con la Unión Europea sin ser un grupo organizado. Allí hay diferentes posiciones, capacidades e intereses para enfrentar el no al TLC europeo, pues los grandes acopiadores pueden aceptar unos términos distintos a los pequeños. El volumen acopiado por las cinco principales industrias equivale al 65% del total reportado por la industria. Por el contrario, la oferta de leche fresca proviene principalmente de pequeños ganaderos dispersos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional; el 80% posee menos de 50 cabezas. Las asimetrías de poder resultantes atentan generalmente en contra de los intereses del más pequeño de los actores de la cadena.

 

El 19 de mayo de 2010 se hizo una protesta nacional que se concentró en los departamentos de Antioquia, Nariño, Boyacá, Caldas y Huila, donde se presentan los mayores rangos de informalidad en la comercialización de leche; allí entre 200 a 300 productores llevaron sus vacas y cantinas de leche.  En Nariño, grupos de indígenas bloquearon un puente fronterizo con Ecuador en señal de protesta. En varios casos, los marchistas regalaron leche a la gente, buscando crear alianzas con los consumidores.

 

La respuesta a esta protesta fue la creación de un documento Conpes en el que representantes de los empresarios, de los gremios y del estado buscan establecer 5 puntos que “protegerían” al productor Colombiano, pero dentro del cual no se contemplan los subsidios que reciben los productores europeos los cuales superan los 140 mil millones de dólares, que comparados con el billón de pesos a 10 años que ofrece nuestro gobierno, pondrá siempre en posición desigual a los nuestros. Dado que el tratado se firmó, los productores decidieron adoptaron el discurso de competitividad como suyo y definir sus propósitos en ese sentido en un plazo de veinte años, tiempo acordado para la entrada total en la competencia. Aunque productos y subproductos de la cadena láctea de la Unión Europea ingresan al país de manera progresiva, no se han dado respuestas adicionales del gremio.

Gran marcha nacional lechera, Huila[3]

 

 

Si bien el decreto 616 de febrero que prohibía la comercialización de leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano directo que se emitió en 2006 genera preocupación, solo hasta 2008 con el primer debate realizado en la Asamblea del Huila, se promueve una respuesta organizada frente a tales medidas. Fue allí cuando empezó a cuajar una movilización, primero local y luego nacional; existía el descontento inicial de los jarreadores de leche por el decreto pero no habían podido articularse con otros sectores, guiar a los afectados, dotar de un discurso y encontrar los mecanismos para defender sus derechos. En ese proceso entran al escenario un actor muy fuerte, Fedegan, que representa a la clase dirigente política y con una fuerte alianzas con el gobierno se constituyó en un aliado eficaz por el nivel de presión que podía hacer.  En algunos departamentos las Asambleas departamentales y los Concejos municipales enviaron al Presidente y al Ministro de Agricultura Proposiciones pidiéndole el desmonte del decreto 616 y hubo un caso interesante donde la misma Dirección Nacional del Partido Conservador le pidió al Presidente la derogación.

 

El decreto que se expidió en el mandato del presidente Uribe y solo se pudo negociar el aplazamiento de entrada en vigencia de la prohibición, una vez hay cambio de gobierno se dan otras condiciones para negociar, pese a lo cual la negociación solo se da después de la segunda marcha. Desde un principio se define el carácter de las jornadas como pacíficas y se realizaron marchas locales y nacionales, asambleas informativas en algunos departamentos como Boyacá, Huila, Guajira, entre otros, alianza con Salvación Agropecuaria y con las Organizaciones indígenas del Cauca, entre otros sectores.

 

El primer debate realizado en la Asamblea del Huila, en enero de 2008 fue evidente la desinformación e ignorancia sobre la norma así como la falta de una organización. Después de descartar el tema de salud pública como argumento para tomar ésta decisión y de entender que detrás de éste decreto había intereses de multinacionales por el mercado que tenían los jarreadores (CEPAL, 2002)[4], se define una reunión en Bogotá con delegados de 8 departamentos para definir la fecha de movilización, el pliego para el gobierno y las consignas. Luego se realiza en las regiones foros, asambleas, debates donde participan productores, jarreadores y transformadores de leche. Se programa un nuevo debate en la Asamblea para el día 31 de marzo, en el cual se logra articular a cerca de 25 municipios del Huila.

 

La Gran Marcha Nacional Lechera en Bogotá, con más de 15.000 participantes de 15 de departamentos se hizo el 21 de agosto de 2008.  El mismo día se realizaron marchas en algunos municipios como Neiva, Pasto y Riohacha entre otros. Ante la contundencia de la manifestación y de los argumentos de los jarreadores, el gobierno tuvo que dar otro plazo de 2 años que se vencía el día 11 de marzo de 2011[5]. El Gobierno define además “planes de reconversión” y se le suelta la responsabilidad a los Departamentos y Alcaldías para definir la validez de tales planes. Estos no eran otra cosa que un proyecto donde los jarreadores decían qué se iban a poner a hacer una vez dejaran la actividad de venta de leche cruda.

 

Dos días antes de que se venciera el plazo para iniciar la prohibición, el 9 de marzo de 2011 se logra congregar a cerca de 10.000 mil productores, jarreadores e industriales de la cadena láctea provenientes de 22 departamentos. Se llevan unas vacas y se ordeñan frente al Ministerio de Agricultura y se le ofrece leche al Señor Ministro y a los transeúntes como símbolo de calidad y de tranquilidad al consumir leche cruda. Se nombra una comisión que inmediatamente entra a negociar con el gobierno, se logra detener de nuevo la entrada en vigencia de la prohibición y se comprometen a redactar un nuevo decreto concertado con los productores y jarreadores, el decreto 1880 que deroga el 616.

 

Las marchas también sirvieron para que los jarreadores de diversas regiones se encontraran, evidenciaran que eran parte de un grupo numeroso y que no estaban solos; después del regreso de la marcha en Bogotá las organizaciones de jarreadores se fortalecieron. La forma de organizarse fue de abajo hacia arriba. La columna principal de la organización fueron las asociaciones locales que se conformaron a lo largo y ancho del país.

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