Es un predio de 417 hectáreas que abarca una vereda completa del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca Antioqueño, que fue adjudicado en 1961 por el Ministerio de Agricultura y transferido pocos años después a la sociedad Agropecuaria La Porcelana, cuyos socios mantenían la tierra sin explotarla. En 1984, 25 familias provenientes de Bolívar y de las zonas más pobres de Antioquia, se instalaron el predio en un proceso de colonización de tierras incultas promovido por el gobierno de la época. En estas tierras aparentemente baldías ejercieron como dueños en actividades de minería y agricultura, sin reconocer dominio ajeno, situación que les permitía aspirar a la adjudicación por parte del entonces recién creado Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA.

 

Para ello se organizaron como Junta de Acción Comunal e iniciaron un trámite que duraría más de 20 años y que aún no termina. Actualmente son 42 familias, 272 personas entre ellas 57 menores, según el censo realizado por los mismos campesinos. La JAC está liderada por don Audel Ortega, un campesino de 72 años, que pertenece a la primera generación de colonos de La Porcelana. Es un hombre alegre, carismático, luchador y honesto que ha resistido y permanecido animando al resto de las familias a volver a sus parcelas y que se encuentra bajo medida de protección por parte del Ministerio del Interior. Acepto irse a Medellín un tiempo, pero regresó porque según él ¨la tierrita es la vida de uno, uno en la ciudad se siente peor que desplazado¨, pero sigue estando expuesto a un alto riesgo frente a los recién conformados grupos anti-reclamantes de tierras que predominan en la región. Don Audel ha sido el encargado de mantener una permanente interacción con organizaciones y entidades defensoras de derechos humanos (ONU, OEA, PGN) y con el Gobierno a nivel nacional, departamental y local.

 

Aunque las condiciones han sido adversas para los campesinos de La Porcelana, la JAC permanece vigente y la comunidad mantiene objetivos comunes muy claros, lo cual les ha facilitado gestionar y lograr el apoyo del Estado y del sector privado en términos de asesoría y acompañamiento jurídico en el proceso de reivindicación de sus derechos sobre la tierra, seguridad personal, seguridad alimentaria, asistencia humanitaria y desarrollo productivo, al tiempo que son tenidos en cuenta en la dinámica política local. Pese a que las relaciones con las autoridades civiles han mejorado, persiste una tensión con las fuerzas armadas del estado y prefieren mantener distancia para evitar ser sujetos de persecución por cualquiera de los grupos armados al margen de la ley que operan en la región. Durante los años 80 y 90 los campesinos del Bajo Cauca Antioqueño, incluidos los campesinos de la Porcelana, fueran declarados objetivo militar por parte de los grupos paramilitares que incursionaron la zona. Estos amenazaron, asesinaron y desplazaron a los campesinos obligándolos a firmar documentos de venta y a abandonar sus parcelas.

 

Luego de adelantar las respectivas diligencias el INCORA estableció que se trataba de un predio con propiedad privada inscrita cuyos propietarios no habían ejercido nunca una explotación sobre el mismo, razón por la cual dio inicio al proceso de extinción del derecho de dominio privado. Un proceso que inició en 1990, en el cual el Estado demostró suficientemente que los campesinos colonos explotaron el predio en forma continua según visitas de inspección ocular que reposan en el expediente (Silva, 2011)[1].

 

El socio principal de la Agropecuaria la Porcelana, Alvaro Echeverría, un influyente empresario de Antioquia, usó todo tipo de estrategias para evitar la extinción. Intentó venderle el predio al INCORA y obtener un muy buen precio, pero los campesinos organizados se opusieron con protestas ante el INCORA en Medellín. Justificó la no explotación del predio con un certificado de zona roja expedido de forma irregular por el ejército, expuso el riesgo de secuestro por parte de la guerrilla, pero nunca pudo probar la explotación del predio con anterioridad a la fecha de estos eventos.

 

En 2002, bajo la presión de los campesinos, el INCODER reanudó las diligencias de extinción sobre el predio lo que provocó la reacción de los grupos paramilitares recién llegados a la zona, quienes amenazaron y desplazaron a los campesinos quemando sus casas y obligándolos a firmar documentos de venta sobre sus parcelas. En 2006, los terratenientes y ganaderos de la zona se asociaron públicamente con los grupos de autodefensa, amenazaron a los campesinos y los obligaron a vender las mejoras por precios irrisorios antes de sacarlos desplazados del predio. Diez mil ganaderos y comerciante declararon públicamente y firmaron una carta en la que manifestaban su voluntad de apoyar al grupo Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[2], lo que facilitó que muchos campesinos resistentes de La Porcelana abandonaran rápidamente el predio y se instalara el señor Echavarría, quien aún aparecía como propietario, y sus ¨mayordomos¨ alias W y alias CAIN.

 

En 2007, pese a la situación de amenaza, muchas familias retornaron al predio resistiendo todo tipo de ataques: quema y saqueo de casas, asesinatos, amenazas, hambre y extrema pobreza. Muchos fueron obligados a prestar sus parcelas para cultivos ilícitos a cambio de poder permanecer en ellas y por lo menos tener pan coger.  Elevaron solicitudes escritas y verbales a las autoridades locales para recibir auxilios humanitarios y obtener la protección de sus predios y de sus vidas, pero las autoridades nunca respondieron a estas solicitudes.

La Defensoría del Pueblo emite una declaración de protección por desplazamiento forzado del predio y en 2009 los campesinos logran que el Programa de Recuperación de Tierras-PRORET del Ministerio de Agricultura[3] asuma su caso ante el Incoder, en donde aún se debatía la procedencia o no de la extinción. Entre 2009 y 2010, agobiados por la violencia, los campesinos de Cáceres, Tarazá y Caucasia, se unieron para realizar marchas campesinas, cierre de vías y protestas pacíficas, para conseguir la atención del gobierno departamental y nacional. El INCODER agilizó el proceso y expidió la resolución de extinción, pero tres meses después Alvaro Echeverría lograba que el INCODER revocará dicha resolución (El Tiempo, 2011)[4].

 

 En 2011, mediante sentencia T-076 la Corte Constitucional reconoce la conexidad entre el derecho a la tierra y la vida digna, convirtiéndose en un precedente para la restitución de tierras por vía de tutela diferente al proceso de restitución de tierras previsto en la ley 1148 de 2011. Al año siguiente el INCODER obedece la orden de la Corte Constitucional pero a 2013 no había podido adjudicar las tierras a los campesinos porque aún estaba pendiente el fallo del Consejo de Estado que resuelve apelación interpuesta por Echevarría.