El Bagre y Zaragoza en el Bajo Cauca antioqueño son municipios con una fuerte actividad minera. Una de las principales empresas beneficiada por las políticas nacionales ha sido Mineros de Colombia, a la cual el Estado, por medio de componendas poco claras, entregó títulos de más de treinta mil hectáreas de tierras para ser explotadas tanto a cielo abierto como por medio de dragas en las riberas de ríos. La licencia perpetua de explotación dada a la empresa la convirtió en la principal industria del municipio de El Bagre, generando empleo de mano de obra no calificada contratada y seleccionada en el municipio por periodos cortos de tiempo.

 

Una de las mayores problemáticas de la economía extractiva es el ingreso directo de actores armados ilegales, ya que estos la encuentran como una fuente principal de recursos para el financiamiento de la guerra y el fortalecimiento de su poder en la región. Ya no solamente cobran un impuesto sino que han iniciado la explotación minera directamente y se benefician igualmente de actividades ilegales de comercialización de cocaína hacia el Caribe colombiano. Por estas razones, el gobierno nacional ha establecido unos actos legislativos alternativos para frenar el deterioro ambiental y el crecimiento del poder de las bandas criminales; las fuerzas armadas en compañía de fiscalía y autoridades ambientales se articularon para iniciar los operativos y la judicialización individualizada de los mineros.

 

Como respuesta a las acciones emprendidas por el Estado, la población minera de la región del Bajo Cauca inició procesos de movilización en contra de las acciones represivas por parte de la fuerza pública así como en contra de la confiscación de maquinaria utilizada en las labores de mediana y pequeña minería. Con el apoyo de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca y del comercio local las acciones colectivas han buscado frenar las políticas de control desde el ente central.

 

Las comunidades vinculadas con la explotación minera de oro en el Bajo Cauca provienen de distintos lugares. En El Bagre y Zaragoza se encuentran migrantes chocoanos, expertos en el barequeo tradicional habitual en las minas del pacifico; grupos de chilapos o mestizos atraídos desde municipios de Córdoba, Sucre y Bolívar; mestizos o blancos de Antioquia, los cuales han descendido de las regiones montañosas, conformando así una comunidad multiétnica que se ve obligada a cohabitar y crear nuevas estructuras comunitarias alrededor de estas actividades. Con más de 1200 entables -según información de la Confederación y de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca- la actividad minera genera 48 mil empleos y unas 2 toneladas mensuales de oro.

 

En la región y en el negocio de la extracción participan grupos económicos nacionales y extranjeros que presionan por una política que privilegie la extracción con menos restricciones ambientales y que salvaguarde los capitales invertidos, limitando los riesgos de inversión por pérdida de maquinaria y daños en acciones de actores armados.

 

Históricamente las comunidades locales del Bajo Cauca han tenido dificultades para organizarse alrededor de un movimiento de reivindicación de derechos frente al Estado o grupos armados en la zona. Los desplazamientos, muertes selectivas de líderes y la permanente violencia contra la población civil, reprimieron estas iniciativas al infundir miedo a cualquier reflexión o intención de lucha social. 

 

Las restricciones a la minería tradicional, llevó a que los mineros buscaran el proceso de trámite de títulos para la minería a través de la movilización, ya que el proceso estuvo suspendido por el Ministerio de Minas. Pese al riesgo de ser violentados, obreros, mineros y medianos empresarios estaban enojados y querían defender de su actividad económica, debido al lento o truncado proceso de legalización de títulos mineros y a la creciente intervención de la policía, quien continuaba con los operativos de control y cierre de minas capturando personas e incautando maquinaria.

 

La acción colectiva desarrollada por los mineros tuvo un importante apoyo del comercio local, del transporte y otros pobladores que también dependen de la extracción y comercialización de oro en pequeña escala. El movimiento fue subsidiado con mercados para las jornadas de protesta y de movilización, los locales cerraron al público en solidaridad y las autoridades locales acompañaron a lo lejos el proceso. Aunque fue una movilización en principio pacífica, durante el recorrido se vivió una tensa situación por los enfrentamientos y hostigamientos de la fuerza pública a los mineros, en cercanías y en el casco urbano del municipio de Caucasia, producto del cual varias personas salieron heridas.  La posibilidad de protesta sin restricción de actores armados, generó perspicacias dentro de los observadores y el Estado, quienes afirmaron que detrás del movimiento social estarían aquellos actores armados que se lucran del negocio, afectados directos si no se permite la explotación minera sin títulos y si aumenta la presencia de las fuerzas armadas en la zona. 

 

La Confederación Nacional de Mineros de Colombia con el ánimo de evitar ser tachada de delincuente y relacionada con la insurgencia o paramilitares, informó que los marchantes eran mineros tradicionales, los cuales sobreviven del barequeo o trabajan en socavones realizando la extracción artesanal, ellos sólo son víctimas de la falta de presencia estatal y de la ilegalidad a la que los obliga el gobierno, y que su única relación es de carácter obligatoria al tener que pagar vacunas a los grupos armados dominantes. 

 

Aunque el movimiento en la actualidad está disminuido por las negociaciones con el Gobierno, el incumplimiento de este puede impulsar una nueva acción colectiva a nivel regional. Sin embargo, su desarrollo está restringido debido a que la minería es una actividad agresiva ambientalmente que difícilmente cuenta con apoyos institucionales. La vinculación de actores armados en la actividad minera disminuye el poder de negociación y legitimidad en las reivindicaciones laborales. La imposibilidad de divorciar a los mineros de los delincuentes en algunos sectores o el camuflaje que bandas criminales realizan como empresarios o abastecedores de insumos en el sector, debilitan el movimiento. El temor ante un Estado que puede o ratificar su actividad o llevarlo a la cárcel, los obliga a retraerse y buscar salidas en la ilegalidad para continuar con las actividades que les brinda recursos a las familias para subsistir.