La defensa del Páramo de Santurbán ha generado un movimiento social muy importante que se inicia en 2009 cuando se hizo inminente la entrada de la empresa minera canadiense Greystar Resources Ltda. –ahora llamada Eco Oro Minerals- con su proyecto Angostura para la explotación de oro y plata en el Páramo. Este se encuentra ubicado al norte del complejo de Páramos de Almorzadero y comprende una extensión total de 142.608 hectáreas, con alturas entre 2.800 y 4.300 msnm. Allí nace la estrella fluvial que abastece de agua a una población aproximada de 2.2 millones de personas del área metropolitana de Cúcuta y Bucaramanga. Administrativamente, el Complejo de Páramo se ubica en jurisdicción de 20 municipios del departamento de Norte de Santander y 10 municipios de Santander y tres corporaciones autónomas regionales actúan como autoridades ambientales allí:  La Corporación Autónoma Regional de la frontera Nororiental, Corponor, con 68% del Complejo, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB con el 28% y la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, el 4% (IAvH, 2007) [1].

 

El movimiento se consolidó a través de una figura organizativa denominada Comité por la Defensa del agua y el Páramo de Santurbán, conformada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil[2] que han interiorizado la importancia de conservar este ecosistema estratégico por los servicios esenciales que suministra para beneficio de las sociedades humanas. En términos generales, las contribuciones del Páramo al bienestar humano están comprendidas en el conjunto de servicios ambientales[3] que estos ecosistemas prestan a través de sus funciones ecológicas, de los cuales, para el caso de Santurbán el más sustancial y sujeto de defensa prioritaria era el servicio de abastecimiento de agua para la población de Bucaramanga (Santander) y sus alrededores. El Comité se creó cuando se vio la necesidad de advertir a la población y autoridades locales sobre los riesgos de la explotación minera en el Páramo de Santurbán por parte de la empresa Greystar Resources Ltda para explorar y explotar de oro y plata en los municipios de California y Vetas en el departamento Santander, municipios vecinos del Páramo, asegurando que tanto el páramo como las fuentes de agua se preservarían.

 

El Comité se constituyó en  la máxima fuerza de representatividad en opinión y movilización del proceso de resistencia para evitar el megaproyecto minero, acumulando progresivamente adeptos a su lucha de la más diversa procedencia y base social, como sindicatos, estudiantes, profesores, organizaciones sociales y ambientales defensoras de derechos humanos, comerciantes, medios de comunicación y empresas privadas. En términos prácticos, el Comité se propuso internamente adelantar todos los recursos sociales y administrativos para alcanzar los siguientes objetivos centrales: i) Exigir al Gobierno Nacional la suspensión inmediata de la megaminería en los complejos biogeográficos de Santurbán y Almorzadero, así como en los ecosistemas productores de agua. ii) Eliminar la minería subterránea en alta montaña de Santander. iii) Exigir a las autoridades territoriales (Gobernador de Santander y Alcaldes de los municipios) soluciones gubernamentales para la provincia de Soto Norte en inversión social e infraestructura, sin trasladar estas responsabilidades a las empresas extranjeras. iv) Solicitar la declaración moratoria de la actividad minera en el país. La magnitud de estos objetivos llevo al Comité a asumirse como una organización social de carácter interinstitucional de larga duración para mantener el impulso de los resultados alcanzados y la veeduría de los compromisos asumidos por las autoridades territoriales y el Estado.

 

La alianza interinstitucional que materializó el Comité por la Defensa del agua y el Páramo de Santurbán ha sido fundamental y se ha mantenido por dos razones fundamentales: “I) Una actitud amplia y democrática en donde cualquiera que genuinamente esté interesado en el tema es bienvenido. Además se ha evitado el dotar de personería jurídica al Comité para no dejar que se burocratice y que las normales luchas de poder se ahonden por la búsqueda de puestos y recursos. En otras palabras, el comité es un actor político pero no jurídico. II) Concentrarse en el tema de Santurbán. Mucha gente fue atraída por lo que significaba el tema, por consiguiente es Santurbán el que ha permitido que coincidan actores y sujetos de diverso pensamiento y profesión» (Comunicación personal con Miguel Ramos, 2014) [4].

 

Se trata de una alianza apoyada con recursos donados por ONG y aportes voluntarios de sus miembros. Su estructura interna está definida por grupos de trabajo en distintas las líneas en que se ha hecho fuerte su labor, como medios de difusión y comunicación con la comunidad, seguimiento jurídico del caso y organización de convocatorias masivas. Como colectivo con tan heterogéneos actores están presentes diversos intereses que entran en choque. Como comenta Ramos, “en muchos casos esa variedad de sujetos coinciden únicamente cuando se habla de Santurbán, en el resto de ocasiones disienten y a veces de manera diametralmente opuesta. El ejemplo más claro fue un momento en que dentro del Comité estaba la administración del acueducto junto con el sindicato del acueducto y de manera simultánea esas dos entidades estaban ferozmente enfrentadas porque estaban en negociación de la convención colectiva” (Ibidem, 2014). El Comité ha logrado movilizar más de diez veces a la población de Bucaramanga en una protesta colectiva en contra del megaproyecto minero y acudió a mecanismos de participación ambiental masivos y administrativos para apoyar las instancias institucionales que abogaban por una pronta delimitación del Páramo y posterior declaración del Parque Nacional Regional de Santurban.

 

El Comité ha acudido a las grandes movilizaciones, producción y transmisión del documental ‘Lo que la tierra no perdona, caso Santurban’. Otros mecanismos han sido las audiencias públicas, foros y debates en canales radiales de alta sintonía regional y nacional. También presentó una queja  ante la instancia internacional Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés), apoyada por la Asociación Interamericana por la Defensa del Ambiente, AIDA, el Centro Internacional de Derecho Ambienta, CIEL, y la Alerta Minera Canadá, Mining Watch Canada, para dar a conocer su inconformidad contra el Fondo de Inversiones del Banco Mundial por la compra de acciones del nocivo proyecto minero Angostura de la empresa Eco Oro Minerals Corp., queja que avanzó a la determinación de hacer una auditoría al caso. En palabras de Ramos, “se ha logrado marcar un precedente que ha llevado a la clase política y empresarial a mirar con más detenimiento la manera como debe desarrollarse la minería en Colombia”.

 

La defensa del Páramo de Santurbán tiene varios antecedentes en el marco de resistencia minera en ecosistemas estratégicos. Uno de ellos, es la lucha campesina en el Páramo El Almorzadero contra un proyecto minero de carbón hace dos décadas cuando organizaciones sociales, comunitarias, campesinas, ambientalistas y de mujeres se unieron para impedir que la minería se instalara en las altas montañas del municipio de Cerrito, provincia de García Rovira, departamento de Santander, generado por el incumplimiento de la empresa a las promesas hechas a la comunidad y la magnitud de los impactos ambientales evidenciados en el territorio. La respuesta de la comunidad fue una acción sostenida de marchas, protestas, cabildos abiertos y espacios académicos y de debate como la IV Conferencia Internacional por los Páramos y Bosques de Niebla en 1999 y la Misión Internacional por los Páramos en 2002, que aún permanecen vigentes. De este proceso surgió en 2006 la constitución de una Comisión de Vigilancia y Seguimiento para la protección del Páramo, ante las denuncias de licitación que preparaba el gobierno nacional sobre 200 mil hectáreas en la zona para explotar carbón. El concejo municipal de Cerrito en 2010 apoyo de manera unánime la Iniciativa Popular Normativa, para excluir la minería en los Páramos en tanto ecosistema frágil y esencial para el ciclo del agua que debe gozar de especial protección por parte del Estado (Roa 2011) [5].

 

Otro antecedente regional de justicia ambiental -concepto en el que se puede enmarcar el ideal de justicia que construyen las comunidades sobre la protección de los sistemas naturales y su relación cultural con los mismos- es el Referendo por el Agua en Santander impulsado por el Comité Regional en Defensa del Agua y de la Vida, en el cual se concentraron al unísono ambientalistas, sindicalistas, animalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, mujeres, de jóvenes, usuarios de servicios públicos, jubilados, acueductos comunitarios, educadores, estudiantes, entre muchos otros sectores. Este Comité cumplió la tarea regional de sensibilizar a la población de Santander sobre las amenazas que atañen la calidad y cantidad del recurso hídrico y la tarea nacional de recoger más de dos millones de firmas a la Registraduría para emprender un trámite ante el Congreso de la República; aunque en 2010 se negó el referendo el movimiento logró mantenerse en diversas expresiones a lo largo del país (Ibidem, Roa, 2011).

 

Un primer actor institucional en este proceso fue el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) que en 2007 presentó una primera delimitación del páramo a Minambiente, que fue considerada como imprecisa. Tras nuevos avances, en septiembre de 2012 presenta una cartografía de los Páramos de Colombia a que demostró la existencia de un millón más de hectáreas respecto al estudio anterior. Para efectos del proceso de Santurban la delimitación del área del páramo es parte fundamental de las decisiones institucionales y se ha constituido en una decisión estratégica en la cula se juegan muchos intereses. Mientras la cartografía realizada por el IAvH proponía que fuese declarado en sus 12. 267 hectáreas estimadas, demanda que respaldó la CDMB, esta fue rechazado por la máxima autoridad ambiental para 2012, hechos los ajustes por el IAvH, Minambiente firma la declaratoria del Parque Natural Regional Santurbán solo sobre 10.890 ha, dejando por fuera 1.377 ha., al considerar las recomendaciones del Minminas en clara alianza con la empresa minera, de aumentar la cota del páramo de 3.000 msnm a 3.400 msnm promedio (CDMB, 2012). En diciembre de 2013 Minambiente anuncia que aplaza la delimitación del páramo para establecer mesas conjuntas entre todas las partes involucradas adoptar un mecanismo económico para proteger a la población que vive en esa zona (elespectador.com, 2013), mientras Minminas afirma que dado el beneficio monetario por concepto de impuesto a la renta y regalías, la minería se seguirá haciendo con o sin proyectos mineros (MME, 2011)[6].

 

La empresa Greystar Resources Ltda con tradición en el país desde 1994, fue muy criticada cuando decidió adelantar los estudios para la minería aurífera a cielo abierto que implicaba la remoción de mil millones de toneladas de tierra y debió retirar su solicitud de licencia, pero demanda una nueva solicitud de licencia ambiental cambiando su nombre por Eco Oro para empezar a operar en 2013.

 

En la defensa colectiva del páramo hay un colectivo de pobladores que tiene intereses en la explotación minera. Son los productores mineros que tradicionalmente han tenido esta actividad y dependen de ella, principalmente en los municipios de Vetas, Soto Norte y California. Tras el anuncio de la delimitación del Páramo hecho el 30 de Mayo de 2014, el sindicato de Mineros de Santander –Sintramisan- declaró que “es una sensación de zozobra y descontento la cartografía, las cotas y las coordenadas, porque no se entiende cómo medir el grado de afectación económico y social… Quedamos de nuevo en la incertidumbre. Son 44 mil hectáreas y no sabemos cómo van a estar distribuidas en el territorio”. Si deben dejar al páramo demandarán al Estado “porque la Ministra de Ambiente (Luz Helena Sarmiento) está hablando de diseñar un modelo con las personas que están dentro del páramo, pero hay personas que dependen del páramo sin estar dentro de él… Entonces, ¿dónde está el plan de contingencia para ellos?” (Vanguardia, 2014)[7]. El Comité es consciente del problema que vive esta población, productores agrícolas y mineros artesanales y expresan que “hay que procurar una reconversión tecnológica de cara a las actividades mineras artesanales y agrícolas se desarrollen con el mayor cuidado del medio ambiente” (Líder del Comité Dan Amaya, Blu Radio, 2014) [8]

 

Aunque el gobierno afirme que el Parque Natural Regional pasó de 11 mil hectáreas a 44 mil luego de la delimitación, pese a que el Humboldt afirma que se dejaron por fuera 38 mil hectáreas (Silla Vacía, 2014)[9], a julio de 2014 la anunciada delimitación del páramo por parte de Minambiente, no había sido adoptada jurídicamente. El Comité sigue haciendo presión a las autoridades para que clarifiquen estas últimas declaraciones, ya que las empresas mineras con título minero y licencia ambiental podrán quedarse en el páramo hasta que terminen su operación aprobada en la licencia, lo cual es preocupante ante los mismos vacíos normativos que hay en materia de operación minera y compensación socioambiental. Haciendo un balance, Ramos considera que los logros más importantes residen en el sentido de pertenencia de la ciudadanía bumanguesa de su realidad rural y la importancia de proteger un ecosistema antes invisible al ojo de la cotidianidad urbana, cuyos beneficios no tienen límites geográficos.