Uno de los casos con mayor resonancia es el movimiento que se ha construido para rechazar la mina La Colosa, se ubica en la vereda Toche de Cajamarca, Tolima, de interés de la multinacional Anglo Gold Ashanti, AGA[1]. La empresa fue autorizada por el gobierno nacional según resolución 814 del 4 de mayo de 2009 para la exploración que significa entre otras cosas realizar perforaciones en el terreno para establecer la existencia de oro y en qué condiciones para establecer la forma de explotarlo. La explotación a cielo abierto requiere el uso de explosivos de gran poder que causarán un grave daño al suelo, el cual debe ser removido con maquinaria pesada; se calcula que entre 130 y 150 toneladas de tierra deben ser removidas para extraer un kilogramo de oro.

 

Diversos grupos ambientalistas y sociales conformadas por estudiantes de diversos niveles y establecimientos, así como docentes, campesinos y pobladores de Ibagué y la región se han estado conformando para rechazar la exploración y explotación del oro. Algunas de ellas son la Minga de Resistencia del Tolima Conciencia Campesina, Organizaciones Sociales del Cañón de Anaime, OSADA, Unión Campesina por la Defensa del Medio Ambiente y el Territorio, UCAT, Corporación Observatorio Social y Ambiental Juvenil de Cajamarca, COSAJUCA que trabaja con jóvenes del municipio en la parte social y en la parte ambiental: En Ibagué se ha conformado el Comité Ambiental en Defensa de la Vida y el Observatorio Social y Ambiental se constituye en el nodo tolimense de la red Nacional Contra la Mega Minería Trasnacional, RECLAME, donde se suman organizaciones internacionales como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, y ECOTIERRA. Desde 2009 este movimiento ha promovido diversas iniciativas para informar y concientizar a la población en general sobre los múltiples impactos de la explotación de oro. Han utilizado para ello redes sociales, publicación de artículos, videos, imágenes, presentación de casos similares en otros países, uso de medios de comunicación regional, encuentros y múltiples foros. Una fortaleza del movimiento en contra de la mega minería es que posee información que sostiene argumentos medioambientales y fiscales para frenar el proyecto y varios académicos participan de manera activa y comprometida en esta causa. También se realizó un concierto “Si a la vida, no a la mina”, en Junio de 2011 en la Universidad del Tolima.

 

Un espacio de convergencia que ha sido muy exitoso es la denominado marcha carnaval que lleva ya varias versiones. En las dos primeras realizadas el 3 de junio y el 14 de octubre de 201, participaron alrededor de doce mil y veinte mil personas respectivamente y se tenía otra prevista para el 3 de junio del 2012. Allí han asistido no solo estudiantes y ciudadanos en general de Cajamarca y Tolima, sino de universidades y grupos de otros lugares del país. Sin embargo, su magnitud ha sido poco valorada y presentada por algunos medios como eventos poco significativos. 

 

Cortolima, autoridad ambiental del departamento, intervino en un primer momento con una fuerte oposición institucional al megaproyecto minero. En 2007 ordenó suspender las actividades de exploración de AGA pues no contaba con el permiso de sustracción del área de reserva forestal, hecho que generó diversas presiones políticas, las cuales finalmente lograron a través del cambio de funcionarios neutralizar esta entidad.  En 2010 Cortolima autorizó a la compañía para reanudar las labores de exploración (Vargas, 2011)[2]. La posición de este ente regional chocó frontalmente con decisiones de entidades nacionales que concedieron la licencia inicial bajo el argumento de favorecer el desarrollo económico que se lograra a través de la inversión extranjera directa en la locomotora minero energética enunciada en el plan de gobierno nacional “prosperidad para todos” y el cuidado de la imagen de Colombia como destino internacional de inversiones (Gonzales, 2011)[3].

 

De las múltiples razones argumentadas por el movimiento que rechaza este megaproyecto se enfatiza en su amenaza a 161 nacimientos de agua afectando a pobladores de toda la región y se utilizarán más de 4 millones de kilos de cianuro anualmente y los residuos tóxicos generados contaminarán los ríos y el suelo con metales pesados con efectos en por lo menos un siglo. Para sus estudios no se hicieron las consultas previas con los habitantes directa e inmediatamente afectados de la región antes de iniciar labores de exploración[4]; allí habitan alrededor de 574 campesinos “que podrían ser desplazadas de sus viviendas, desarraigándolas de su cultura y sus actividades económicas dependientes de la productividad de la tierra” (Vargas, 2011: 46). La mina se encuentra en su totalidad en una reserva forestal y afectaría de manera inminente el distrito de riego de Usocoello, fuente de agua de los cultivos de arroz en el Espinal[5]. Esa amplia afectación ha propiciado alianzas entre actores muy diversos, como estudiantes, profesores, campesinos y gremios económicos como Fedearroz, que ha expresado en diversas ocasiones su preocupación por las pérdidas que podrían tener en la producción de arroz y otros alimentos, en caso de que el proyecto se lleve a cabo (Fedearroz, 2009)[6].

 

AGA, que cuenta con bastante dinero e influencias en el gobierno nacional, ha desarrollado una fuerte campaña mediática para demostrar su compromiso con el medio ambiente y con la población; patrocina diversos eventos culturales en el departamento, el equipo de futbol Deportes Tolima, entrega libros y adecua escuelas y colegios en las veredas del municipio, como estrategia de seducción eficiente.

 

La empresa y el gobierno nacional han propuesto una explotación escalonada que a medida que incremente su producción, pague un mayor porcentaje de regalías que ofrecerían recursos para obras municipales que compensen el impacto ambiental, tales como acueductos, protección de cuencas y conservación de aguas. La tentación de transar su aceptación por recursos económicos ha calado en algunos sectores de la sociedad, pero ha sido objetada desde otros grupos que muestran el saldo negativo en materia ambiental, económica, sociocultural y política que ningún dinero podrá recuperar. El movimiento se constituye también en un botín para el oportunismo politiquero disfrazado que ha exigido mucha atención para blindarse frente a tales intereses. Las relaciones internas no están exentas de conflictos internos, dificultades y disensos para tomar decisiones, desconfianzas entre organizaciones, afanes de liderazgo, compromisos y alianzas que cambian, pero también desgaste de campesinos, estudiantes y pobladores que participan activamente en el movimiento y que llevan más de cuatro años de activismo.