Desde la época en que los primeros pobladores negros llegaron a estas inhóspitas tierras, se fueron gestando procesos organizativos a través de la conformación de juntas para la realización de actividades productivas mediante mingas y cambio de mano como manifestaciones de organización social que se fortaleció con la expedición y posterior divulgación y aplicación de la Ley 70 de 1993. El Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera (CCAMF) comprende 43 veredas, aproximadamente 1700 familias con una extensión de 24 mil hectáreas de las cuales entre 800 a 1500 están en conflicto. La pérdida de territorio que se ha venido dando en el Consejo Comunitario, se debe a varios factores, como cultivos de coca,  el desplazamiento a causa del conflicto armado que ha obligado a muchas personas a abandonar sus lugares de origen, la débil presencia del Estado y la presión por la tierra de actores legales que están desconociendo la Ley 70 de 1993.

 

Este consejo está ubicado en el sur este del municipio de Tumaco, limitando con frontera del Ecuador desde el Rio Mataje hasta el Rio Mira.  En la actualidad existen zonas de bosque con una gran biodiversidad y zonas intervenidas por colonos y nativos que destruyen el medio ambiente para la siembra de cultivos de pan coger y en su mayoría cultivos ilícitos como la coca. 

 

La mayoría de los pertenecientes al CCAMF son agricultores dedicados a la siembra de plátano, cacao y especies forestales maderables como subsistencia y otro porcentaje trabaja por un jornal en las empresas palmeras que se encuentran en la zona y en los cultivos ilícitos. El orden público ha hecho que el Consejos Comunitarios de Alto Mira y Frontera presenten denuncias sobre el aumento de asesinatos políticos de líderes afrodescendientes, y amenazas contra sus líderes y habitantes en la zona.  Los representantes de este consejo, han manifestado en diferentes espacios en donde han expuesto su situación que prefieren “morir hablando, en vez de morir en silencio y dejar de visibilizar las injusticias que están sucediendo en sus territorios”. En 1996 empieza las reclamaciones por sus territorios, realizando reuniones veredales para obtener la información del número de personas que vendían sus terrenos y como compraban las empresas esos terrenos y si tenían un registro histórico para sustentar legalmente.

 

En el año 2002, el CCAMF reúne a sus comunidades para organizar un proceso que les permita la reclamación entre 800 a 1500 hectáreas, para esto se hacen acciones colectivas tales como asambleas internas del consejo para plantear estrategias que les permita exigir la reclamación de sus derechos, de igual manera, se realizaron documentos para visibilizar la problemática tanto a nivel regional, nacional e internacional, haciendo un llamado a los organismos de control y organizaciones de derechos humanos. En el mismo año se interpone la demanda contra dos empresas particulares, pero el fallo resulta favorable para estas.  El CCAMF por intermedio de la Procuraduría General de Nación, interpone un recurso de reposición con el que les devuelven las tierras que habían sido adjudicadas a estas empresas y que habían sido excluidas del título colectivo que el Incoder les entregó por ocupación ancestral. Dos empresas palmicultoras fueron “ocupantes de mala fe por haber sido ocupadas después de la entrada en vigencia de la Ley 70 de 1993, que establece estos como territorios colectivos”.  Cuando salió la sentencia en marzo del 2006 por parte de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, estas empresas no querían devolver los predios con el argumento de que habían invertido muchos recursos. La decisión colectiva fue ocupar los predios de una de las empresas por parte de la gente del Consejo a mediados del mes de junio del 2006.  Una vez instalados, fueron agredidos con la fuerza pública alegando que esas tierras eran de ellos y que al fallo sería puesto otro recurso de reposición.  Según un miembro del Consejo, trataron de sobornar con dinero a algunos de los líderes comunitarios para que dejen ese proceso y no compliquen más las cosas.

 

Este Consejo hace parte de la Red de Consejos Comunitarios del Pacifico Sur RECOMPAS que reúne a 14 consejos comunitarios de la costa pacífica nariñense. RECOMPAS es la organización que lideró el proceso de demanda frente a estas empresas para recuperar esos terrenos, el CCAMF hace parte de esta organización.  Mediante su representante legal y la asamblea general que es la máxima autoridad del consejo, iniciaron una batalla jurídica en el año 2002 como otro repertorio del consejo para que les sean devueltos los terrenos. Finalmente, el proceso falló a favor del CCAMF y en “papeles” les fueron devueltas las tierras.  En la actualidad estas tierras están abandonadas sin darles ningún provecho productivo y en ciertos sectores se encuentran cultivos de coca.