Las tensiones son parte fundamental de los procesos colectivos. Las comunidades Pasto, en el departamento de Nariño, desde la década de 1970 logran fortalecer dentro sus comunidades diferentes procesos organizativos en torno a la lucha por la tierra y fortalecer en ese camino sus cabildos como expresión de gobierno propio. Estas dinámicas que se dieron en todo el país fueron consolidando un movimiento indígena de carácter nacional que empezaría a tomar una fuerza mayor y una visibilización en 1980 cuando “se realiza una marcha de gobernadores indígenas a Bogotá planteando su rechazo a las implicaciones negativas de la reforma municipal en los municipios con resguardos o asentamientos indígenas y la necesidad de hacer reformas constitucionales que creasen condiciones para el reconocimiento de las diferencias étnicas y culturales en pie de igualdad” (Mamian, 2000). El movimiento va elaborando temas fundamentales en torno a la autonomía, la identidad, la paz, el desarrollo, exigiendo ser reconocidos por el estado como autoridades en un dialogo simétrico, en virtud de su presencia en el territorio desde siempre y su “derecho de ser los primeros”.

  

En 1990 cuando se convoca la Asamblea Nacional Constituyente, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AISO, pasa de movimiento social a movimiento político con el nombre de AICO y le apuesta a la representación política en el senado esperando desde allí construir escenarios en los cuales las comunidades se vieran representadas, siendo regida por las bases, es decir la comunidad, luego por las autoridades y cabildos indígenas y finalmente por los representantes. Allí se logra obtener representación indígena en el senado a través de una curul especial, pero también a nivel regional el movimiento de autoridades indígenas pudo tener accesos a alcaldías y consejos municipales. Sin embargo, algunos representantes del movimiento indígena que habían llegado al poder a través de AICO fueron desdibujando los principios sobre los cuales se había fundado el movimiento indígena y se fueron desligando de las bases, a tal punto que muchas comunidades no se sentían identificadas.

 

Dos tendencias se fueron configurando. Una, que pedía desligar el movimiento social del partido político, fundada sobre los principios de AISO es decir sobre el principio de lucha y la reivindicación por fuera de los instrumentos del estado, y otro que insistía en apostarle al estado y sus instrumentos para reivindicar una posición. Otra tendencia no explícita asume esta segunda posición de manera funcional como trampolín político.

 

En este contexto, se sitúa la acción colectiva del resguardo indígena de San Juan del Pueblo Pasto frente a estas prácticas politiqueras y de corte gamonal para poder acceder al poder: en diciembre del año 2009 fue elegido un nuevo gobernador y nuevo cabildo en este resguardo Pasto y en algunos casos fueron reelegidos regidores. El nuevo dirigente, se enfocó en la construcción del plan de vida del resguardo, la implementación del reglamento interno y otros aspectos que nunca se habían tenido en cuenta por otros gobernadores y cabildos.

 

Los dos gobernadores entre 1999 y 2009 no comulgaban con el movimiento indígena. Su elección como gobernadores fue conflictiva pues los dos pertenecían al poblado y desde su elección habían promovido una tensión entre las comunidades de las parcialidades (sector rural) y la del poblado, que actualizaba una antigua discriminación que situaba a las parcialidades o veredas como lo indio, mientras el poblado era lo blanco. Su tendencia política era conservadora y su apoyo en tiempos electorales era hacia ese partido y no hacia el movimiento indígena. Sus actuaciones frente al manejo de las transferencias, la corrupción, el ejercicio del poder y el manejo del censo hicieron que la comunidad de las parcialidades votara este último año por un joven articulado al movimiento indígena. Anteriormente los recursos de transferencias se habían centrado en la construcción de obras que dieron paso a la corrupción y al clientelismo de la mano de instituciones del estado como la alcaldía o los concejales. Así, por ejemplo, los recursos de transferencias se usaban para construir infraestructuras que luego eran atribuidas a gamonales políticos conservadores alimentando el proselitismo político.

 

La ruptura que hizo el nuevo gobernador indígena no ha sido fácil pues choca con la tendencia política del alcalde municipal de derecha, Cambio Radical, quien ha neutralizado los recursos y las ayudas de la alcaldía para el resguardo, generando serias dificultades de gestión y resultados ante la comunidad. Se hace evidente el costo de ir en contravía de la lógica común que afirma que “el gobernador para que pueda gestionar debe pertenecer a la rosca del alcalde”. La relación cercana entre alcaldía y gobernadores indígenas permitía que el alcalde pueda manejar directamente el electorado en este resguardo. Con el cambio de gobernador, se perdió ese poder proselitista que podría modificar los resultados electorales en un municipio como Ipiales que tiene tres resguardos indígenas. El bloqueo de proyectos y de recursos al gobernador indígena de San Juan ha sido una estrategia evidente con miras a mostrar que este tipo de gobernadores como no aptos administrativamente y hacerles perder la fuerza y legitimidad en sus comunidades. Adicionalmente y a través de prebendas políticas se han dividido a las comunidades mostrando que los líderes políticos de partidos tradicionales sí facilitan recursos materiales. Muchas de las comunidades que denuncian estos hechos han planteado hacer una protesta pacífica frente a la alcaldía para exigir respeto a sus comunidades y pidiendo que no se ponga trabas a los recursos propios del resguardo de San Juan que por diferentes inconvenientes la alcaldía no ha dejado ejecutar.

 

La división entre quienes se identifican con un proyecto indígena que se ejecuta a través de los planes de vida y del quehacer como movimiento indígena y quienes están de acuerdo con la forma clásica de hacer política, “la política blanca” confronta a vecinos y familiares y amenaza con fragmentar la vida colectiva. La construcción de un reglamento interno del resguardo se ha vuelto muy conflictivo frene, por ejemplo, a los requerimientos que deberían tener los gobernantes en el marco del buen vivir.