En el mes de Julio de 2007 el gobierno nacional inicia una nueva fase en las fumigaciones con glifosato en el municipio de Cantagallo, hecho lleva a que la población, a través de sus distintas formas organizativas como las Juntas de Acción Comunal y la Asociación de Familias Campesinas del Sur de Bolívar (AFCSB) decidan realizar una acción que visibilice la situación que se estaba presentando en la zona. Es así como el 10 de Julio se reúnen más o menos trescientas familias y deciden, en el marco de una asamblea, declararse en “concentración humanitaria”, lo que implica, en la práctica, la necesidad de un acompañamiento por parte de distintas organizaciones sociales e instituciones que pudieran hacer una veeduría de los hechos que se venían presentando. La convocatoria fue abierta a todos los pobladores, pescadores, transportadores fluviales (chaluperos), arrieros y pequeños mineros que habitan en la zona rural del municipio. Además de ellos se involucraron los grandes cultivadores, compradores y dueños de cocina[1] para la producción y procesamiento de la coca. La principal exigencias de la concentración era la realización de una mesa de concertación en torno al problema de la coca. Inicialmente se hicieron de tres encuentros con representantes regionales del gobierno con funcionarios que no tenían poder de decisión, y que les proponían declararse desplazados, a lo cual los voceros de la comunidad respondían: “¿declaramos desplazados por quién? Por ustedes mismos, que nos fumigaron”. Luego de 27 días de concentración, los participantes se declaran en asamblea campesina permanente, que implicaba “realizar reuniones veredales, plantear propuestas alternativas, trabajar nuestros campos” (AFCSB, 2007b:1), a la espera de una nueva reunión con delegados del gobierno nacional, la cual nunca se dio.

 

Aunque esta acción responde a un hecho concreto, -en este caso las fumigaciones con glifosato por parte del gobierno nacional- y es en un primer momento el factor que convoca a la comunidad a vincularse a ésta, en su desarrollo se van incorporando reivindicaciones que trascienden el hecho y que se han ido consolidando dentro de las exigencias del movimiento social. En su último comunicado las comunidades afirmaban: “Hoy continuamos  pidiendo que se nos permita vivir, trabajar y producir alimentos en nuestras tierras ya que somos los dueños de ellas, se nos respeten nuestros derechos humanos, haya inversión social para nuestro campo;  escuelas para nuestros hijos, centros de salud, vías de comunicación, electrificación, viviendas dignas, proyectos productivos que respeten nuestra autonomía identidad  y costumbre campesina,  con un mercadeo asegurado, se nos paguen los daños que ha efectuado la fuerza pública a nuestros bienes.

 

Junto con las diferentes formas de violencia que han vivido los pobladores, se han construido experiencias de resistencia que caracterizan el Sur de Bolívar como una región con alta trayectoria organizativa y de movilización social. Sus primeras formas organizativas representadas en las juntas de acción comunal y comités mineros se originaron por un lado con el interés de garantizar sus derechos fundamentales, (educación, salud, vivienda, vías), y por el otro para exigir al estado su papel como garante de los mismos, dentro de un desarrollo integral. “Para nosotros es soberanía y autonomía alimentaria, cuidado y uso adecuado de los recursos, paz, justicia y democracia”[2], concluye un líder de la comunidad. Después de una semana de concentración se generaron tensiones, ya que una parte de los participantes afirmaba que era necesario salir al casco urbano y parar la producción de petróleo para que los escucharan porque donde se encontraban, nadie los estaba mirando. Otro grupo manifestaba que era mejor seguir allí para no aguantar hambre. La decisión se llevó a votación en asamblea y ganó esta segunda opción, pero se decidió además, que varias comisiones de la comunidad realizaran giras por otras veredas afectadas para que se sumaran a la concentración y otros salieran a Barranca y Bogotá para denunciar los efectos de las fumigaciones ante ONG e instituciones estatales y la mayoría permaneciera en el lugar”.