En el departamento del Magdalena, municipio de Chivolo se encuentra la hacienda La Pola.  Junto con las haciendas La Palizúa, Parapeto y Canaán, cubren 10.045 hectáreas que en los últimos treinta años han marcado la historia de cientos de campesinos que soñaron un día con tener un pedazo de tierra propia” (Hoyos: 2013). En los años 80 la hacienda fue ocupada por los campesinos y aunque los sacaron, volvieron a ocuparla. Entonces, hacia 1983 “es cuando nos aparece el famoso Teodoro Ariza, un pistolero muy famoso, un comprador de tierras, y que era conocido por el Atlántico que asesinaba muchas personas por ahí. El entro acá a hacerse amo de las tierras, luego hizo un barbarismo por ahí quemó una maquinaria y se los hecho a los campesinos de la Pola, asesina a tres compañeros (…) En ese momento los campesinos nos organizamos y miramos a quien podíamos acudir, hasta que encontramos las bases de ANUC y comenzamos a gestionar la solicitud de estas tierras” (Entrevista 1)

 

Desde que las familias se establecieron en la hacienda la Pola iniciaron las gestiones administrativas para que el INCORA comprara estos terrenos y se los adjudicara a ellos. Algunos propietarios ofrecieron dar el 30% a los campesinos y que el INCORA se hiciera cargo del 70% restante.  En 1987 se hace la oferta de compra de la Hacienda La Pola. Diez años más tarde 200 familias fueron amenazadas de muerte y obligadas a desplazarse por parte de Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”. Los pactos de Chibolo y Pivijay de 2000, pactaron la división del territorio, como repartírselo y legalizarlo. Luego de que el Bloque Norte de las Autodefensas se acogiera a la ley 975 de Justicia y Paz en 2006, los campesinos regresaron a sus tierras y encontraron que estaban ocupadas por desmovilizadas de las AUC o colaboradores de estas. Pese a ello, inician un proceso de retorno, recuperan sus fincas y sacan del territorio a los testaferros y sus trabajadores. Iniciaron el trabajo de producción. “La primera tierra que recuperamos fue la Pola, de ahí fuimos para la Palizua, luego para Radio, luego Santa Rosa y luego las Toluas (…) cuando ya estábamos retornado nos encontramos que en Radio había un dueño que nunca la habíamos visto (…) Ahi fue cuando empezaron los desalojos, ellos por su lado mandando ejército, antimotines, quemaron casas, eso fue un desastre grande” (entrevista líder)

 

En 2008 se inició contra ellos una serie de lanzamientos y desalojos por parte de las autoridades locales, pese a les denuncias ante los entes estatales. La Corte Suprema de Justica le dio 30 días al INCODER para revocar los títulos de predios que fueron entregados por el Instituto a testaferros de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′, por abandono y devolvérselos a los campesinos despojados por los paramilitares en 2011. Los jueces de restitución fallaron a favor y se da la formalización material en 2012. A partir de allí comienza un proceso de rehacer territorio en sus propias tierras luego del despojo.