Asoquimbo, representa la oposición radical a la construcción de la represa del Quimbo que adelantara Emgesa en el Huila. Este proyecto está localizado al sur del departamento del Huila entre las cordilleras Central y Oriental, sobre la cuenca alta del río Magdalena, en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira. Comprende un aprovechamiento a pie de presa con capacidad instalada de 400 MW, con la cual se estima que se puede lograr una generación media de energía de 2216 GWh/año. En un principio el embalse tendrá un volumen útil de 2601 hm3 y un área inundada actual de 8.586 ha.

 

En el marco de las reuniones realizadas por EMGESA con el fin de comprar los predios a campesinos ubicados en la zona de impacto, llegaron a diferentes acuerdos que la empresa no ha cumplido cabalmente. Emgesa violando la Resolución 1096 ha continuado con la compra de predios, hecho que está ocasionando una cadena de impactos no previstos que demuestran la urgencia de tener una herramienta para la identificación y valoración de la vulnerabilidad de los distintos grupos poblacionales, para evitar el detrimento del bienestar de las personas desplazadas por este efecto. Es el caso de la Hacienda La Virginia, en Altamira, destinada al reasentamiento de algunas comunidades y que facilito el despido de los trabajadores de manera ilegal. Este hecho ya había sido señalado por la Defensoria del Pueblo[1] quien solicitó la suspensión de la licencia ambiental por la pérdida de empleos derivados del reordenamiento profundo del territorio, sin implementar medidas oportunas de compensación a los afectados.

               

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquimbo- ha señalado numerosos problemas de este proceso: la empresa no ha cumplido con lo enunciado en el programa de Información y participación dejando a las familias desorientadas frente a su futuro inmediato; los profesionales de la empresa encargados de interactuar con las comunidades han proporcionado información contradictoria que contribuye a mantener la incertidumbre de los afectados; la incertidumbre frente a la manera como se va a ejecutar el reasentamiento, ha contribuido a la renuncia de las compensaciones a las que tienen derecho los afectados y a la decisión de vender los predios menores de 50 ha; la falta de claridad sobre las compensaciones, ha generado un malestar hacia los funcionarios y la pérdida de credibilidad hacia la empresa; la venta de algunos predios, ha dejado a los trabajadores en total incertidumbre frente a su futuro, pues durante la negociación no se incluyó información precisa de la manera como se iba a resolver su posible desempleo; la información necesaria para definir cómo se hará el proceso de reasentamiento y de restitución de las actividades económicas, así como la identificación de las personas y hogares que tienen derecho a estas compensaciones, aún no existe, lo cual explica en buena parte la imprecisión e incoherencia de la información presentada a las comunidades por parte de la empresa en estos temas; la falta de definición de las medidas para el reasentamiento y para la restitución de las actividades productivas a cada uno de los grupos sociales afectados, expone a la población afectada a un alto riesgo de exclusión y en esa medida de vulneración de derechos; en la zona Quimbo está ubicada una de las más grandes fuente hídricas del departamento, en la zona de Garzón existen aprox. 22 quebradas que serán afectadas por la construcción.

 

Asoquimbo ha realizado diversas expresiones de protesta y reclamación, algunas de las cuales se mencionan a continuación: i) Jornada de Movilización Nacional, por la defensa del territorio, el Rio Magdalena, sus comunidades y contra el desalojo violento por parte del Estado de los afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. ii) Paro regional del 3 de enero de 2012 convocado por Asoquimbo junto con el Comité Cívico del Huila en respuesta al rechazo a la propuesta que construye y presenta al Ministerio de Ambiente. Iii) Asoquimbo ha realizado diferentes demandas contra la emisión del concepto de viabilidad, generando una investigación por las posibles irregularidades en el proceso de licenciamiento y los hechos que durante la construcción evidencian el alto riesgo de la población ubicada en la zona de impacto.

 

Asoquimbo ha tenido que construir y consolidar de manera rápida un proceso organizativo que permita enfrentar las muchas amenazas y el poder económico y político que tienen las empresas. La Academia regional, en cabeza de la Universidad Surcolombiana de Neiva decidió participar en el proceso de investigación, sobre todo en la medición de impactos económicos, sociales, culturales y ambientales de la construcción de este proyecto en los municipios afectados.

 

Pronto se empezaron a evidenciar las diferencias en los datos y las cifras que maneja la Empresa y que no incluyen todas las afectaciones y todos los afectados. Así, según Emgesa la población afectada es de 3.000 personas, 1.700 afectados directos y 1.300 indirectos. Sin embargo, algunos estudios señalan que hay 1.400 afectados que no incluye la empresa, como los productores de tabaco y otros productores aun no identificados. El proceso sigue con mucha tensión e inconformidad por parte de los afectados quienes deben seguir tejiendo sus redes de formación en medio del proceso mismo de disputa con la empresa.