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Caso documentado por Ledys Patricia Lora, 2013

La Asociación Nacional para la Restitución y Acceso a Tierras, Tierra y vida, tiene como objetivo ‘generar un amplio movimiento de incidencia nacional, regional y local a las políticas, planes y programas públicos que permitan restituir la tierra a miles de víctimas despojadas, además de lograr el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y de la Asociación para hacer más efectivas y transparentes las políticas públicas dirigidas a la restitución y acceso a tierras’[1]. Su estructura cuenta con una Junta Directiva elegida por asamblea general y una Asamblea General, constituida por todos los miembros activos de la Asociación. Es una asociación de carácter nacional y cuenta con 16 sedes o capítulos en 14 departamentos de Colombia. En su proceso ha contado con el apoyo de entidades no gubernamentales como la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra –REDEPAZ-, la Corporación Nuevo Arco Iris, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación –IPC-.

 

Su presidenta, Carmen Palencia, afirma que con el nacimiento de las autodefensas, lideradas por los hermanos Castaño, nacen las alianzas con las empresas nacionales, las multinacionales y los empresarios privados de la zona, quienes aprueban un “impuesto” a favor de los paramilitares, con el único fin de financiar dichas autodefensas; este “impuesto” lo pagaban inicialmente los productores bananeros (tanto a las grandes empresas y multinacionales, como los pequeños productores campesinos), dando tres centavos de dólar por cada caja de plátano que se exportara, y luego se extendió a los ganaderos y demás sectores productivos de la zona. En el año 2000 las mismas autodefensas empiezan un proceso de despojo en la vereda California, informándoles a los campesinos que debían comprar sus propias tierras en 580.000.000 de pesos, en cuotas financiadas, y quienes no pagaron, debieron salir de la zona. Sin embargo, las 23 familias que se quedaron y efectuaron los pagos, nunca recibieron los títulos y continuaron el conflicto con los paramilitares. En ese mismo año Palencia es elegida como presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda y promueve una confrontación con las autodefensas, logrando consolidar el grupo con 200 familias. En 2005 luego de la desmovilización de los paramilitares de la zona, cuando se toma la decisión de interponer una denuncia penal en el municipio de Turbo, Antioquia, en contra de los principales miembros de ese grupo, dando inicio a una batalla jurídica de campesinos desplazados y amenazados. La iniciativa además consistió en buscar más campesinos que se unieran a la lucha, logrando que las demás veredas se animaran y buscaran el apoyo de la Junta de California para hacer a un lado el miedo e instaurar sus respectivas denuncias. El proceso surtió tal efecto que en el año 2009, se creó la Asociación de Víctimas para la Restitución de la Tierra y Bienes –ASOVIRESTIBI-, como la principal asociación, líder en el proceso de restitución de tierras en la zona de Urabá, logrando un numero de 2600 asociados.

 

En noviembre de 2010, con el apoyo de REDEPAZ, la Corporación Nuevo Arco Iris, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación –IPC-, nace la Asociación Nacional para la Restitución y Acceso a Tierras -TIERRA Y VIDA-, como resultado del trabajo de diferentes organizaciones sociales de víctimas de Bolívar, Valle del Cauca, Antioquia, Santander y otras regiones del país como Magdalena, Córdoba, Quindío y Caldas.

 

Son tres los ejes fundamentales de la Asociación: la denuncia de todos los casos posibles de victimización y despojo de campesinos, la movilización por ampliar la cobertura de campesinos integrados a un marco de reparación, restitución y acceso a tierras y el apoyo a la construcción y divulgación de la Ley de víctimas y restitución de tierras. La Asociación ha establecido una especie de alianza con el gobierno en el marco de un interés común: la restitución de tierras. Por ello su accionar se sitúa en los mecanismos formales y trámites institucionales de tales procesos. Su presidenta es Carmen Palencia una líder social y política con mucho carisma, que se lanzó al congreso en las elecciones de 2014 por el partido liberal colombiano, sin salir elegida. El proceso Tierra y vida fue reconocida con el premio nacional de paz en 2012.

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