La Asociación de desplazados del Guaviare, ADG, se organiza en el año 2003 en el municipio de San José del Guaviare, “con el único fin de la lucha principal por vivienda urbana, la lucha por tierras en lo rural y el goce efectivo de los derechos humanos”[1]. Está integrada por 900 familias desplazadas del área rural de los municipios de los cuatro municipios del departamento. Esta organización se ha movilizado en distintas oportunidades en defensa de sus derechos y más recientemente, en rechazo al documento elaborado por las instituciones que contempla el Plan Integral de Atención a la población que representa y agremia. El proceso comienza con la unión de 30 familias campesinas en el año 2002, quienes deciden organizarse e iniciar un proceso de definición de metas y estrategias para la lucha de sus derechos; el liderazgo es asumido por tres personas quienes convocan y organizan talleres de formación en legislación que favorecería a esta población y en la planeación de acciones que promovieran la mirada del gobierno local y nacional en sus realidades. Para el mes de septiembre del año 2003, luego de encuentros permanentes y de la unificación de esfuerzos, ya con 900 familias campesinas asociadas, nombran un representante legal. Según balance del Sr Delgado, representante y líder principal, un 30% de los asociados se tornan actores pasivos y de muy difícil coordinación e iniciativa de movilización.

 

A partir del año 2003, por promoción principal del líder, se inician procesos participativos y de denuncias a la violación de los derechos a la vida y a la estructuración de políticas de atención a la población con los entes Territoriales y la misma Asamblea departamental. Las principales movilizaciones se han dado en espacios de lucha, por la restitución de las tierras, el derecho a la vivienda urbana, a la seguridad alimentaria, al buen manejo de los recursos de inversión destinados a la población desplazada, a las denuncias de la entrega de alimentos en mal estado y a viviendas entregadas mal construidas. Sobre éste último reclamo por sesenta viviendas urbanas que no cumplían con las condiciones de vida digna, se logró una reunión con el Alcalde de San José del Guaviare, para que se comprometiera con mejoras en la construcción. Según Delgado “no ha sido cumplido y a la fecha, esas construcciones se encuentran deshabitadas”. El lote donde se construyeron las viviendas fue objeto de una toma que duró cerca de dos días y que fue desalojada con la fuerza militar.

 

Otro objetivo ha sido la defensa de los derechos de las mujeres, a través de movilizaciones reclamando los derechos de las mujeres y su inclusión en proyectos productivos. Logran beneficiar a 213 mujeres con programas de Acción Social de generación de ingresos y capacitaciones. Actualmente estas mujeres lideran sus negocios productivos y generan sus propios ingresos económicos. Así sucesivamente en el transcurso de los 8 años de organizada esta Asociación, con fines claros de lucha por los derechos de los desplazados se han realizado numerosas muestras de movilizaciones y manifestaciones.

 

En 2011, se realizó un acto de rechazo y desacuerdo con el proceso de elaboración del Plan Integral Único de Atención, PIU, que ordena la Corte Constitucional el cual se ha realizado sin la participación activa de la población desplazada y sin conocimiento real de las condiciones actuales de vida. “Vemos con preocupación que el PIU se ha tomado como un Plan de Desarrollo donde salen más favorecidos otros sectores ajenos a la población desplazada como la policía nacional, con la adquisición de una camioneta y dos motos de alto cilindraje en el componente de seguridad” reclama su líder. Si bien no han sido muchas las garantías que se han logrado con sus movilizaciones, la realidad actual para la población desplazada sería mucho más crítica si no hubieran tomado la decisión de organizarse e iniciar acciones de control y reivindicación de derechos ante las instancias responsables”.