En el marco de la guerra se configura el proceso de autonomía territorial desde los campesinos de Las Pavas en Sur de Bolívar. Se trata de un conflicto existente entre 123 familias campesinas y empresas palmeras, por los derechos adquiridos sobre 14 predios conocidos en un todo como Hacienda Las Pavas y que suman casi 3000 hectáreas. Estos predios fueron adquiridos a principios de los años 80 por el señor Jesús Emilio Escobar Fernández quien casi 15 años después los dejó abandonados, situación que permitió que los campesinos lugareños del corregimiento de Buenos Aires, jurisdicción del municipio de El Peñón, Bolívar iniciaran sus labores agrícolas adquiriendo el derecho de posesión por años de ejercer pública y pacíficamente la ocupación productiva de los predios con ánimo de señor y dueño.

 

Cuando la Asociación de Campesina de Buenos Aires, ASOCAB, llevaba alrededor de 6 años en posesión de los predios, paramilitares del Bloque Central Bolívar los reunieron en el aula múltiple de la escuela ubicada en el corregimiento de Buenos Aires y los amenazaron obligándolos a desplazarse. Luego de la desmovilización paramilitar en los años 2005 y 2006 retomaron la ocupación productiva de los predios y en Junio de 2006 solicitaron al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, el inicio de un proceso de extinción de dominio cuya causal era el abandono y no cumplimiento de la función social de propiedad por parte de quien era propietario de los predios. El INCODER hizo una visita y constató que quienes estaban en los predios eran las familias campesinas de ASOCAB y determina en su informe que los predios eran aptos para reforma agraria. En 2006 fueron nuevamente desplazadas las familias por parte de un grupo armado ilegal que venía acompañado del señor Escobar y un año después vende los predios a dos empresas palmeras, Aportes San Isidro S.A. y CI Tequendama esta de la familia DAABON, empresas que inician de inmediato la siembra de palma en los predios.

 

Solo hasta 2008 son notificados de la apertura del proceso y en enero de 2009 decidieron regresar a los predios. Las empresas iniciaron acciones policivas en contra de ASOCAB que dieron como resultado el desalojo ilegal de los campesinos el 14 de julio de 2009. En 2011 la Corte mediante sentencia declara ilegal el desalojo y ordena respetar los derechos de la comunidad, quien además es reconocida como víctima, lo que exige atención prioritaria por parte del Estado. Días antes de ser pública la ASOCAB retorna a los predios acompañada por organizaciones sociales nacionales y estudiantes universitarios. La disputa que se ha tramitado ante diversas instancias estatales, tanto por los campesinos como por las empresas, lleva luego a señalar desde la Fiscalía regional que las familias no son desplazadas y que son falsas víctimas. En respuesta ASOCAB un ejercicio público de protesta exigiendo ser reconocidos; a través de un lenguaje alternativo, de su música y oración mostraron a la sociedad colombiana que no eran delincuentes, sino víctimas. Pese a que el INCODER declaró baldíos los 14 predios las empresas continúan agrediendo a la comunidad “con el corte y envenenamiento de los cultivos que hacemos para nuestro sustento, restricción de la movilidad en los predios, tumbando las viviendas que construimos con esfuerzo dentro de las parcelas, haciendo disparos y amenazándonos de muerte”[1], además de incentivar un proceso de división de la comunidad.