La Asociación Campesina Integral del Atrato ACIA, conformada por comunidades que viven en el río Atrato y ocupan los municipios de Atrato, Quibdó, Medio Atrato y Bojayá, en el departamento del Chocó y los municipios de Murindó, Urrao y Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia. Este movimiento ha sido impulsado por la Iglesia Católica a través de talleres de formación donde además de recibir y compartir conocimientos se encontraron y reconocieron. “En 1982, los campesinos negros del Medio Atrato estaban en un proceso de concientización, impulsado por las Comunidades Eclesiales de Base. Fueron muy importantes las reuniones de discusiones y análisis de la problemáticas de las comunidades y las jornadas de capacitación en las que contaron con el acompañamiento del equipo misionero claretiano, conformado por religiosos y seglares. Allí se hizo evidente que la colaboración de todas las comunidades negras del Medio Atrato era definitiva para encontrar solución a sus problemas. La unidad y la solidaridad orientaron desde entonces el esfuerzo por consolidar una organización” (COCOMACIA, 2002: 109)

 

Inicialmente, las reivindicaciones no fueron étnicas sino que giraban alrededor del mejoramiento de la calidad de vida, en lo que se relaciona con la salud, la educación y los servicios públicos, entre otras. Posteriormente se discutieron problemas relacionados con la inadecuada explotación de los recursos naturales. Por ejemplo, en el taller de Amé (6 al 8 de diciembre 1985) se conocieron los impactos de la Ley 2 de 1959 que clasificaba como lotes baldíos aquellas tierras del Pacifico aledañas a los ríos, en donde vivían poblaciones negras. “La declaración de las tierras como lotes baldíos impedía su titulación colectiva para la habitantes de la región. Puesto que estas tierras eran propiedad del Estado, la Ley 2 de 1959, en sus artículos 5 y 6 tan solo permitía la entrega de licencias por parte del Ministerio de Agricultura para la explotación de recursos de la zona, siempre y cuando la compañía presentara un plan de manejo forestal, cuya evaluación tendría plazo de 12 meses” (Paez, 2010:13)

 

Las comunidades del Medio Atrato elaboraron entonces un memorial en enero de 1986 con la siguiente denuncia a Codechocó. “Nosotros, como campesinos chocoanos y antioqueños, hemos vivido y trabajado en estas tierras desde la época de la colonia y ahora vemos amenazadas nuestras posesiones y recursos naturales, por el avance de grandes empresas y compañías explotadoras de madera, que en forma irracional y de manera injusta pretenden acabar con nuestros recursos”[1]. El 21 de Febrero de 1986 Codechocó respondía: “Es nuestro propósito fundamental que a partir de esta fecha, los recursos naturales del Chocó (madera, pesca, etc.) sean explotados directamente por empresas comunitarias, donde participen activamente los campesinos del Medio Atrato.”

 

A finales de 1986, los medioatrateños se enteraron de una solicitud de concesión maderera en su territorio, lo cual motivo una reunión con el INCORA; allí los campesinos mostraron los mapas de su área de influencia que habían construido en los talleres hecho que les permitio mayor precisión y reconocimiento. La Asociación Campesina Integral del Atrato fue legalmente reconocida mediante la resolución número 0238 del 18 de mayo de 1987.

Vienen luego otros espacios de discusión más amplios. En 1987 se hizo el Primer Foro por la defensa de los recursos naturales en Buchadó en el cual el gobierno reconoció la Zona de Reserva Forestal del Pacifico con una área de aproximadamente 600.000 hectáreas. La Primera Asamblea General de la ACIA realizada en 1988 se concentró en la reglamentación del uso de los recursos naturales en la zona y las relaciones interpersonales entre miembros y no miembros de las comunidades ACIA, con el fin de solucionar los conflictos de manera pacífica.

 

Ante el incumplimiento de los acuerdos de Buchadó y la dificultad para obtener títulos de territorios colectivos, se construyeron alianzas con otras organizaciones de la región: la Asociación Campesina del Rio San Juan (ACADESAN), la Organización Popular del Alto Baudó (OBAPO) y la OREWA, y se realizó una toma pacifica de la Alcaldía, el INCORA y la Catedral de Quibdó. Con esta acción obligó a entidades gubernamentales a hacer presencia en el territorio y a comprometerse con conformar una Comisión de tierras cuyo objetivo era trabajar una propuesta de ley para la titulación colectiva en 1990. Con la participación de organizaciones populares, la iglesia, profesores y personas cercanas a las comunidades y organizaciones se hicieron mesas de trabajo que se encargaron de recoger las propuestas de las Comunidades Negras para la Asamblea Nacional Constituyente.

 

De estas mesas de trabajo se lanzó la campaña telegrama negro, demostrando con el respaldo de unas 10.000 firmas que "los negros existimos". Los telegramas se enviaban a los constituyentes para que incluyeran el reconocimiento del pueblo negro y sus derechos como grupo étnico. Sacaron afiches, se hicieron actos culturales y foros y se elaboraron documentos donde sustentaban las propuestas de las Comunidades Negras. Finalmente los constituyentes indígenas y otros simpatizantes se negaron a firmar la nueva Constitución Nacional si no se incluía al menos un artículo sobre la realidad del pueblo negro en Colombia. Y así, como una salida estratégica se incluye el Artículo Transitorio 55 en la Constitución de 1991.

 

Cuando se agotaban los dos años prescritos por el AT-55 y no se lograba la Ley para las Comunidades Negras, se buscaron estrategias de presión como las Asambleas Nacionales de Comunidades Negras - Puerto Tejada y la Marcha en Bogotá (5 de mayo de 1993), donde por primera vez el pueblo negro de Colombia hacía sentir su presencia ante los capitalinos, tomándose la Carrera Séptima con sus consignas, pancartas y tambores. Este proceso no fue fácil por los intereses del gobierno y las diferencias entre las organizaciones negras, pero al final y con mucho esfuerzo se logró la Ley 70, firmada por el Presidente Gaviria el 27 de agosto del 1993 en Quibdó, Chocó. Aunque esta no responde a todas las aspiraciones, ni da todas las soluciones esperadas, es una herramienta valiosa que empoderó y fortaleció el proceso organizativo de la ACIA, siendo producto de la acción colectiva del movimiento y al mismo tiempo constituyéndose como una nueva estructura de oportunidad para la organización con el fin de reclamar la titulación colectiva de sus territorios y otros derechos especiales como minoría étnica.

 

El resultado de dicho proceso se materializó con la organización de las comunidades en 120 Consejos Comunitarios con el fin de cambiar su razón social por el nombre de Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia. En abril de 1997 la Asociación presentó solicitud del título de propiedad colectiva ante el INCORA y antes de un año (11 de febrero de 1998) les fueron reconocidas 695.254 por el Estado. Sin embargo, el conflicto armado impidió el goce efectivo de los derechos adquiridos en estos territorios. Las empresas madereras, en especial de palma africana tenían interés en el territorio chocoano. Estas empresas se han visto envueltas en escándalos con respeto a la apropiación de tierras pertenecientes a las comunidades negras con ayuda de los paramilitares.

 

La nueva situación socio-política transformó Cocomacia de un movimiento étnico para la defensa del territorio ancestral a un movimiento de resistencia civil a la violencia.[2]  Los talleres, capacitaciones y proyectos productivos tuvieron que ser suspendidos a causa de la desconfianza y terror que producían los grupos guerrilleros y paramilitares.  La violencia condujo al desplazamiento de cientos de pobladores de sus territorios y, de este modo, a un debilitamiento del Cocomacia desde sus bases sociales. La sociedad civil de esta zona fue desplazada y secuestrada, por un lado por el conflicto armado que le otorgó el carácter de corredor estratégico para actividades ilegales, y por el otro lado por parte de las empresas privadas que vieron una oportunidad para la explotación de recursos naturales. 

La organización que cuenta con el apoyo de 124 comunidades del departamento y que busca defender los derechos del territorio afrocolombiano en la Región Pacífica, ha venido manifestando atropellos del Estado en los permisos que otorga a multinacionales como la Muriel Mining Corporation y la Anglogold Ashanti para explorar y explotar el territorio sin consulta previa. Al parecer, la problemática, que empezó en 1982 cuando el Gobierno permitió la entrada de la maderera Pizano S.A. con el pretexto de que el territorio estaba desolado, no ha mejorado ni con el reconocimiento de las etnias afrocolombianas e indígenas en la Constitución del 91.